El deficiente diseño de la tasa de basuras amenaza con abrir un agujero presupuestario en los ayuntamientos

Pensada para garantizar el principio de «quien contamina paga», la tasa de basuras se ha convertido en un quebradero de cabeza para miles de consistorios. Los expertos advierten que los ingresos son insuficientes para cubrir el gasto total, y el previsible aluvión de recursos amenaza con desbordar los presupuestos municipales.

La tasa de basuras nació de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en la pasada legislatura. El Gobierno la presentó como una exigencia derivada de la normativa europea, en especial de la Directiva 2008/98/CE, que introduce el principio de que «quien contamina paga» y promueve el denominado pago por generación.

En realidad, esa directiva no impone la creación de una tasa específica, sino que deja a cada Estado la libertad de establecer los mecanismos que considere oportunos para trasladar al ciudadano el coste de la gestión de residuos. Algunos países optaron por modelos mixtos —combinando tasas, impuestos ambientales o tarifas incluidas en otros servicios—, mientras que España decidió convertirlo en un tributo obligatorio y de aplicación general a partir del 10 de abril de 2025.

«Europa dice que hay que trasladar el coste de la gestión de residuos, pero no que haya que imponer una tasa», recuerda Juan Ignacio Gomar, inspector de Hacienda de Madrid y uno de los autores del Libro Blanco que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha presentado esta semana en su XXV Congreso Anual. Bajo este argumento, el Gobierno aprobó una medida que carece de un desarrollo sólido y que además se puso en marcha sin un periodo transitorio ni directrices uniformes para los municipios.

La ley no detalla cómo debe calcularse el importe que corresponde a cada contribuyente ni qué variables deben tenerse en cuenta para aplicar el principio del pago por generación, así que los ayuntamientos se han visto obligados a improvisar.

En algunos municipios, la tasa se determina en función del consumo de agua, partiendo de la idea de que, a mayor consumo, mayor generación de residuos. En otros, se vincula al valor catastral del inmueble o al número de ocupantes del domicilio, mientras que ciertos ayuntamientos han optado por cuotas fijas, sin distinguir entre tipos de vivienda ni niveles de reciclaje. El resultado es un crisol de normativas municipales sin un patrón homogéneo.

Aluvión de demandas

Los inspectores de Hacienda Local prevén qye esta disparidad de modelos provocará un aluvión de recursos contra las ordenanzas municipales, que podrían extenderse durante años y acabar generando un importante desequilibrio presupuestario. De hecho, hacen un paralelismo con el impuesto de plusvalía municipal, un tributo aprobado sin el debido rigor que terminó siendo anulado parcialmente por el Constitucional, obligando a los ayuntamientos a devolver millones de euros.

En este caso, el impacto podría alcanzar los 2.000 millones de euros. La Fundación ENT estima que el gasto total de los municipios en materia de residuos ascenderá en 2025 a 5.325 millones, frente a unos ingresos por tasas de 3.488 millones. Es decir, la tasa cubre apenas un 65,5 % del coste del servicio, pese a que la ley exige alcanzar el 100 %.

Gomar añade que «de todas las tasas, unas serán anuladas y otras no, pero no se sabe cuáles, por lo que va a suponer agujeros presupuestarios importantes». Los inspectores alertan de que los consistorios podrían verse obligados a rehacer sus cuentas o devolver importes cobrados, lo que agravaría el déficit local y pondría en riesgo la estabilidad de los presupuestos municipales.

Ayuntamientos rebeldes

Respecto a la posibilidad de que algunos ayuntamientos se «rebelen» contra la norma, como es el caso de Leganés, Gomar recuerda que el Gobierno podría obligarles a pagar a través de las transferencias que realiza cada año a los consistorios.

A ello se suma la posibilidad –hasta ahora nunca aplicada– de que el Estado repercuta a las corporaciones locales las sanciones que la Unión Europea imponga a España por incumplimiento de la normativa ambiental. Aunque la Ley 7/2022 no establece un régimen sancionador propio, un Real Decreto habilita al Gobierno para trasladar las multas comunitarias a los entes territoriales responsables.

Libro Blanco

Los inspectores de Hacienda Local recuerdan que, en los últimos treinta años, los ayuntamientos habían desarrollado criterios estables sobre cómo calcular y aplicar las tasas de residuos, respaldados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La nueva ley ha roto ese equilibrio sin ofrecer un marco alternativo claro, generando inseguridad jurídica tanto para las administraciones locales como para los contribuyentes.

Por ello, la ANIHPL reclama al Ministerio de Hacienda una revisión integral de la tributación local para evitar que los errores de diseño se traduzcan en pérdidas de ingresos y desconfianza ciudadana. En su Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local, la asociación ha reunido un centenar de propuestas destinadas a mejorar la gestión, recaudación e inspección de los tributos municipales. Entre ellas, reforzar la compensación por parte del Estado de los beneficios fiscales que afectan a los ingresos locales y permitir que ayuntamientos, diputaciones y cabildos puedan hacer efectivos sus derechos tributarios fuera de su territorio.

El documento advierte de que la falta de rigor del legislador «perjudica a contribuyentes y ayuntamientos, daña las arcas públicas y deslegitima el funcionamiento de las administraciones». Un diagnóstico que encaja con el balance de la tasa de basuras en su primer año de aplicación.