El laberinto de recursos con los que las defensas del caso Begoña intentan alargar la instrucción hasta la jubilación del juez Peinado

El tiempo corre en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid del que es titular el juez Juan Carlos Peinado, quien cumplirá 72 años el próximo día 27 de septiembre, por lo que la causa se encuentra en el período de descuento. Tras agotar la prórroga de dos años permitida por la ley, el magistrado tendrá que cumplir con su jubilación obligatoria y, con ello, cesar como instructor de una de las causas penales más mediáticas y políticamente sensibles de los últimos años: la investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la que pesan indicios de varios presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.

Por ello, el juez Peinado ha trabajado sin descanso para dejar la instrucción lo más avanzada posible antes de colgar la toga. De ahí que, en las últimas semanas, haya acumulado las distintas piezas del procedimiento, citando a todas las partes –incluida la propia Gómez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, gurú de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)– para notificarles su obligación de transformar el procedimiento en una fase de vista oral ante un tribunal del jurado popular, lo que implica que, llegado el caso, un total de nueve ciudadanos decidirán sobre la culpabilidad o inocencia de Gómez.

Sin embargo –y frente al avance de las pesquisas que cada vez arrojan «indicios más sólidos» sobre las supuestas irregularidades cometidas por Gómez– la estrategia de las defensas se ha centrado en un triple objetivo.

Por una parte, un intento «inexplicable» de derivar las posibles responsabilidades de la Cátedra universitaria de Gómez al que fuera vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, y al propio centro. Por otra, presentar a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, como una víctima de las circunstancias que rodean la presente legislatura y la «persecución política» que la izquierda sostiene que se está produciendo contra el entorno más cercano del presidente del Gobierno. Y, por último, pero no menos importante, toda la batería de recursos que la representación jurídica de Gómez, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho, ha dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid (APM) con la intención de lograr, por una parte, el archivo de las diligencias; y, en su caso, que el procedimiento se dilate en el tiempo hasta la salida de Peinado, a quien desde la Fiscalía y las defensas han vuelto a poner en cuestión, y la llegada de un nuevo juez al cargo.

Así las cosas, varias fuentes consultadas por El Debate han confirmado que la Audiencia acumula varias impugnaciones pendientes de resolverse que, descontando los plazos legales, podrían influir de manera significativa en el cierre de las actuaciones. Entre ellas, la más reciente, el recurso interpuesto contra la decisión de Peinado de dirigir la causa ante un jurado popular.

Mientras las defensas aseguran que la propuesta se basa en «meras conjeturas» y no en indicios sólidos de delito. La defensa sostiene que no existe beneficio económico probado de las actividades académicas de Gómez en la Universidad Complutense porque las mismas no generaban ninguna retribución personal y que las aportaciones empresariales se destinaban al proyecto educativo, no a un enriquecimiento ilícito, en ningún caso.

Pero es que, además, permanecen vivos recursos contra la prórroga de la instrucción acordada por Peinado hasta abril de 2026 –a pesar de la oposición expresa del Ministerio Público, también en este punto–, contra el análisis exhaustivo de los correos electrónicos de Gómez durante los siete años en Moncloa y contra diversas diligencias que la defensa considera desproporcionadas o carentes de justificación.

Dado que la Audiencia ya ha acotado las actuaciones, en este sentido, en varias ocasiones, las defensas han visto en dichas decisiones de la instancia superior nuevas oportunidades de seguir cuestionando la actuación del magistrado vía utilización de todos los instrumentos procesales disponibles para alargar los plazos y forzar que la resolución de las discusiones jurídicas pendientes se extienda más allá del 27 de septiembre. Si Peinado se jubila antes de que haya un pronunciamiento definitivo de la Audiencia, el caso pasaría a un nuevo instructor.

Nuevas diligencias pendientes

Peinado entró en su fase final tras la prórroga de seis meses concedida en octubre de 2025, justificándola en «numerosas diligencias pendientes», entre ellas informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre correos, posibles hechos nuevos relacionados con el rescate de Air Europa o la unificación de piezas. La Fiscalía se opuso expresamente a esa ampliación, recordando que, al tratarse de un procedimiento susceptible de jurado popular, no estaría sujeta a los plazos ordinarios de instrucción. Pese a ello, el juez mantuvo su decisión.

Ahora, con apenas cinco meses por delante, el magistrado ha acelerado: ha citado a las partes para formalizar el rumbo hacia el jurado y ha unificado las líneas de investigación que consideraba «íntimamente entrelazadas». Fuentes próximas al caso indican que Peinado pretende dejar el procedimiento listo para que, en caso de superar los filtros de la Audiencia, pueda ser elevado a juicio oral, esto es sentando a Begoña Gómez y a sus más estrechos colaboradores en el banquillo, antes de su salida.

Sin embargo, cada nuevo auto del instructor genera un nuevo recurso. La defensa de Gómez ya ha anunciado su oposición frontal a la vía del jurado popular, alegando que la resolución carece de justificación legal suficiente y que el origen de las pesquisas radica más en la condición de esposa del presidente que en elementos penales concretos. Similar postura mantienen las defensas de otros investigados, que buscan unificar posiciones de cara a un eventual juicio.

Desde el entorno de la defensa se defiende que se trata del legítimo ejercicio del derecho a recurrir contra resoluciones que consideran arbitrarias o vulneradoras de derechos fundamentales. «No se puede hablar de dilación cuando lo que se persigue es corregir errores procesales evidentes», señalan fuentes cercanas al abogado Camacho. En cambio, las acusaciones populares –como Hazte Oír o Vox, primera personada en el asunto y que ha venido ejerciendo una labor titánica– y voces críticas con el Gobierno denuncian una táctica dilatoria destinada a «agotar» al instructor y heredar un caso debilitado por un nuevo magistrado menos decidido.

Ampliar las jubilaciones, salvo Peinado

El Gobierno, por su parte, ha congelado la reforma que pretendía retrasar la jubilación de los jueces hasta los 75 años precisamente hasta después de la salida de Peinado, evitando cualquier sospecha de intervención para beneficiar o perjudicar al instructor del caso que afecta directamente a la familia del presidente.

Lo cierto es que el calendario judicial juega en contra de una resolución rápida. La Audiencia Provincial de Madrid debe resolver no solo el recurso sobre el jurado, sino también los relativos a malversación, correos y otras diligencias. Cada resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo si las partes lo estiman oportuno, abriendo una nueva ventana de meses adicionales.

Si Peinado logra cerrar la instrucción antes de septiembre y la Audiencia avala el envío a juicio, Begoña Gómez podría enfrentarse a un jurado popular en 2027, en un escenario de alta tensión política. Si, por el contrario, los recursos se prolongan y el juez se jubila sin haber culminado su labor, el caso pasará a un nuevo magistrado que deberá tomarse un tiempo para familiarizarse con miles de folios de sumario y decidir si continúa por la senda marcada por su predecesor o si, por el contrario, introduce cambios sustanciales.

Lo que nadie duda ya es de que la causa ha marcado un antes y un después en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Con la jubilación de Peinado como fecha clave, los próximos meses determinarán si la instrucción contra Begoña Gómez llega a juicio o se diluye en un laberinto de recursos y plazos. Mientras, el juez sigue trabajando contrarreloj, y la defensa, pieza a pieza, intenta alargar la partida hasta que el tablero cambie de manos.