Begoña Gómez, posando en la gala de los Premios Goya 2026
Nuevo plantón al juez Peinado
Las acusaciones del caso Begoña piden un informe actualizado de la vida laboral de la mujer de Sánchez
Tanto la Fiscalía como las defensas de los tres principales imputados han solicitado el archivo de la causa que instruye el magistrado Juan Carlos Peinado
La vista judicial celebrada este Miércoles Santo en la sede del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, en el marco del denominado caso Begoña ha servido, además de para que el juez Juan Carlos Peinado traslade formalmente –y por segunda vez– a las partes su decisión de dirigir el caso hacia un jurado popular, para «clarificar los indicios de delito» que pesan sobre una de las principales imputadas en la causa, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Así lo han apuntado a El Debate fuentes próximas al procedimiento, al término de la comparecencia, en la que la acusación popular liderada por Hazte Oír ha solicitado que se actualice el salario de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, también investigada; y, que se aporte completo y de manera actualizada el informe de la vida laboral de la 'primera dama'.
Hazte Oír también se ha dirigido al juez Peinado para que apruebe otras diligencias adicionales. Entre ellas, que se oficie a la editorial Lefevre para que reporte el contenido, objeto y resultado de la reunión que habrían mantenido con Gómez, tal y como informó Making Science.
Por su parte, la defensa de Begoña Gómez ha instado el sobreseimiento alegando que los indicios que rastrea el juez Peinado son meras especulaciones. Y, así las cosas, ha pedido, por su parte, la testifical de José Manuel Ruano como codirector de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), sobre la que la esposa de Sánchez mantiene que ella era directora y el empresario Juan Carlos Barrabés –coimputado– gurú de la misma. No en vano, hasta la fecha ha trascendido que el profesor titular del Departamento de Ciencia Política conoció a Gómez en el entierro del padre de Sánchez y no, como se había publicado, en una reunión en la Moncloa.
Además, el abogado de la cónyuge de Sánchez, el exministro de Interior Antonio Camacho, ha adelantado que requerirá tres nuevos informes periciales de parte. Por un lado, el perjuicio que esta investigación está provocando a la propia Complutense, y que será elaborado por Jesús Rodríguez Márquez. En segundo término, una relación de las cátedras extraordinarias, actualmente vivas, en el centro educativo, que será firmado por Manuel López Hernández. Y, por último, un histórico sobre los asistentes de Presidencia o asesores de las esposas de los presidentes de Gobierno, en democracia, que será refrendado por Julio González García.
El sueldo actual de la asesora
De hecho, en relación a este último aspecto sobre la ayudante de Begoña Gómez contratada por Moncloa, Cristina Álvarez, la defensa ha pedido la confección de un informe de Presidencia del Gobierno informando del menoscabo en las funciones que haya podido sufrir como consecuencia del procedimiento penal que pesa sobre ella. Momento que determinó la interrupción de su desempeño laboral.
De hecho, algunas de las acusaciones que complican el horizonte procesal de Gómez rezan sobre las supuestas «intervenciones de empresas patrocinadoras» en la «financiación de un software» licitado y, posteriormente utilizado por ésta, fuera del entorno para el que fue concebido de arranque y que superaría los «300.000 euros». Como, además, los presuntos correos y la constatación de la intervención de Cristina Álvarez, pagada por Presidencia del Gobierno, «como asistencia de asuntos personales» y actividades profesionales privadas de la que era su jefa.
Los excesos de la asesora de Begoña: «Tengo cientos de correos con ella»
Vox ha enfatizado el supuesto «incremento de Juan Carlos Barrabés y de su grupo empresarial en más de un 400 % en los contratos públicos recibidos en Red.es y otras Administraciones» Públicas, una vez recibidas las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez a su favor.
Todos estos flecos son los que han conformado la base para que las acusaciones, con excepción de la Fiscalía, hayan ido impulsando una causa en la que Gómez se enfrenta nada menos que a un total de cinco delitos distintos: corrupción en los negocios, malversación de caudales, tráfico de influencias (que es lo que arrastra por conexidad al resto de los ilícitos ante un tribunal del jurado), apropiación indebida e intrusismo profesional.
Interlocución singular con empresarios
Tal es así que, en su último auto, Peinado argumentaba que Gómez «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno» para «impulsar su proyección profesional» en la Universidad Complutense de Madrid, «obteniendo para ello una interlocución singular con responsables» del centro, «empresas patrocinadoras» y «entidades del sector tecnológico».
El magistrado señalaba, además, que su condición de pareja de Sánchez «influye en la conducta de cualquier ciudadano» por el «poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones».
Al mismo tiempo, incidió en cómo Gómez «recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial» para «la creación, desarrollo y expansión» de una cátedra universitaria de la que, según el magistrado, se habría apropiado indebidamente.
«Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas», concluía el juez instructor.
