Un informe de KPMG pone contra las cuerdas al Puerto de Gijón: ocultó durante dos años la desaparición de 120.000 toneladas de carbón

Giro inesperado en el caso de la misteriosa desaparición de 120.000 toneladas de carbón en el puerto de Gijón. Un informe forense elaborado por KPMG concluye que la mayor parte del mineral salió de las instalaciones en noviembre de 2020 sin quedar registrada, pese a que la Autoridad Portuaria y EBHI –la empresa estatal que gestiona la terminal de graneles– defendieron durante dos años que el cargamento seguía almacenado. En plena reapertura de la causa penal en Gijón, estas revelaciones ponen contra las cuerdas a la compañía pública, que se expone a una indemnización de 52 millones de euros.

La historia es rocambolesca. Como ya explicó El Debate, las 120.000 toneladas desaparecidas formaban parte de un pedido de carbón kazajo que llegó a bordo del buque Berge Triglav al puerto gijonés de El Musel en octubre de 2020, consignado por NMR y propiedad de la comercializadora suiza TELF. El mineral fue descargado y almacenado por EBHI –participada al 68,8 % por la Autoridad Portuaria de Gijón–, que certificó en repetidas ocasiones que las 159.984 toneladas seguían bajo custodia mientras se sucedían las reclamaciones de TELF, los impagos de NMR y los primeros requerimientos judiciales.

El caso se enredó durante más de tres años, con informes contradictorios, negativas de acceso a la mercancía, movimientos internos no documentados y un proceso concursal que dejó a NMR fuera de juego. Cuando finalmente TELF pudo acceder al carbón en 2023, solo encontró 43.405 toneladas –que un pesaje posterior redujo a 39.000–. La Autoridad Portuaria sostuvo ante la Justicia que el resto seguía en El Musel o había sido reembarcado, pero sin registros que lo avalaran.

Es en este contexto donde la nueva dirección de EBHI encargó a KPMG un análisis forense para reconstruir qué ocurrió realmente con el cargamento. El trabajo incluye la revisión completa de los buzones corporativos, los programas internos de movimientos de material, los certificados remitidos a terceros y varias secuencias de imágenes satelitales tomadas entre octubre y noviembre de 2020, con el objetivo de determinar el recorrido del carbón y la participación de los distintos responsables operativos.

Y las conclusiones son contundentes. Según KPMG, la mayor parte del mineral abandonó las instalaciones entre el 4 y el 27 de noviembre de 2020 sin registro operativo ni despacho aduanero, pese a que el cargamento debía permanecer inmovilizado en depósito. Las imágenes satelitales muestran una reducción progresiva y significativa de las pilas donde estaba almacenado, mientras que los programas internos reflejan movimientos inconsistentes o incompletos. No se identifican órdenes de salida ni anotaciones que expliquen el traslado de decenas de miles de toneladas.

El informe también destaca que la salida del Berge Triglav no fue un hecho aislado. Semanas antes, el cargamento del buque Aquamarie –de características similares y también consignado por NMR– experimentó un patrón prácticamente idéntico, con salidas no registradas, discrepancias en los pesajes y un volumen final muy inferior al descargado. Según el informe, ambos cargamentos fueron gestionados por el mismo equipo de operaciones.

Por último, el documento subraya que la disminución del volumen de las pilas coincidió con la actividad de otros barcos operados por NMR cuyas operaciones sí figuran en los registros. Esta coincidencia, unida a la falta de trazabilidad del Berge Triglav, lleva a KPMG a concluir que parte del carbón habría sido trasladado utilizando movimientos asociados a otros buques, sin quedar vinculado a su cargamento real.

Certificados semanales

A partir de diciembre de 2020, TELF –propietaria del cargamento– comenzó a reclamar formalmente información sobre la situación del carbón e instó a EBHI a no manipularlo sin su autorización. Las comunicaciones, enviadas directamente o a través de su agente consignatario Marprin, insistían en que el mineral era suyo y que debía permanecer inmovilizado hasta que se resolviera la disputa con NMR. Según el informe de KPMG, estas advertencias fueron recibidas por el director de Operaciones de EBHI y por la dirección de la Autoridad Portuaria.

Pese a ello, entre enero de 2021 y enero de 2022, EBHI siguió enviando certificados semanales a Marprin –en representación de TELF– confirmando que las 159.984 toneladas seguían depositadas en sus instalaciones. KPMG subraya que estos certificados se emitieron incluso después de que la mayor parte del mineral hubiera salido físicamente del puerto y sin que existieran mediciones internas que acreditasen la cantidad declarada. Durante ese periodo, EBHI también continuó facturando a NMR los costes de almacenamiento del cargamento completo.

El informe detalla además que TELF y sus abogados solicitaron en varias ocasiones acceder al carbón para poder verificar su estado. EBHI rechazó sistemáticamente estas peticiones alegando que su «cliente» era NMR y que, por tanto, necesitaba autorización de la administración concursal para permitir cualquier inspección. La negativa se mantuvo incluso después de que TELF obtuviera un laudo arbitral en Reino Unido que reconocía su propiedad sobre el cargamento y que fue posteriormente validado por un juzgado español.

Inconsistencias

KPMG recoge, asimismo, que las explicaciones remitidas por EBHI a TELF sobre la ubicación del carbón no se correspondían con los movimientos reflejados en los sistemas internos. La empresa llegó a comunicar que el cargamento había sido trasladado temporalmente dentro del recinto portuario por razones operativas, una versión que no coincide con las operaciones registradas ni con las imágenes satelitales analizadas.

El informe de KPMG dedica un apartado completo a las mediciones internas realizadas por Atlantic Survey, una empresa contratada por EBHI para certificar la cantidad de carbón que permanecía en el puerto. La primera de ellas, emitida en octubre de 2021, concluyó que en las instalaciones había unas 159.680 toneladas del Berge Triglav, prácticamente la totalidad del cargamento descargado un año antes. Esta cifra contrastaba con la reducción evidente de las pilas que mostraban las imágenes satelitales de noviembre de 2020 y con la actividad operativa registrada en las semanas posteriores.

A partir de 2022, los informes reflejaron descensos significativos en el volumen del cargamento. Tras varios trasiegos internos para reubicar el material en la zona conocida como Parva P4, EBHI solicitó nuevas certificaciones. En enero de 2023, Atlantic Survey emitió dos informes que reducían la cantidad estimada a 139.932 y 107.311 toneladas, respectivamente. Según KPMG, estas cifras fueron elaboradas en coordinación directa entre la directora general, Lucía Herrero; el director de Operaciones, Amalio Álvarez; y el secretario del Consejo y asesor jurídico, Sergio Noval, y coincidían con una tabla interna que recogía una «merma» progresiva del cargamento.

El análisis forense detecta además inconsistencias relevantes en el proceso. KPMG no ha identificado documentación que acredite el acceso de personal de Atlantic Survey a las instalaciones en las fechas de los trabajos de campo que figuran en los informes de 2023. El registro de accesos facilitado por EBHI fue modificado después de que un empleado de la compañía señalara la ausencia de entradas correspondientes a esas fechas, según correos internos incorporados al informe.

Pese a las variaciones entre informes, EBHI no aportó estas mediciones a terceros durante el periodo en el que TELF reclamaba información sobre el cargamento. De hecho, según KPMG, mientras los datos internos ya apuntaban a una cantidad muy inferior, la empresa siguió certificando que las 159.984 toneladas permanecían en el puerto. La disparidad entre las mediciones y las comunicaciones remitidas a TELF constituye uno de los elementos más relevantes del análisis de la consultora.

Falta de información

El informe de KPMG identifica a los principales directivos que siguieron la evolución del caso desde finales de 2020. Entre ellos figuran los citados Lucía Herrero, Amalio Álvarez y Sergio Noval, así como Laureano Lourido, a la vez presidente de EBHI y de la Autoridad Portuaria de Gijón en ese momento. Según el análisis, estos responsables intercambiaron correos sobre las reclamaciones de TELF, las solicitudes de acceso al mineral, las certificaciones emitidas y los distintos informes internos elaborados durante la disputa.

Pese a ello, KPMG señala que el asunto no fue trasladado al Consejo de Administración de EBHI en los años clave del conflicto. Las actas de 2021, 2022 y 2023 no recogen ninguna mención al Berge Triglav, a pesar de que en ese periodo TELF ya había iniciado procedimientos judiciales y de que la dirección había recibido varios requerimientos formales sobre la situación del cargamento.

El caso no llegó al Consejo hasta mayo de 2024, cuando los socios recibieron cartas directas de TELF detallando la pérdida de la mercancía y la negativa reiterada de EBHI a permitir el acceso. Para entonces, según KPMG, ya existían informes internos que apuntaban a una cantidad almacenada muy inferior a la certificada oficialmente.

El documento añade que, a partir de 2023, Herrero, Álvarez, Noval y José Manuel del Arco –consejero de EBHI y director general de la Autoridad Portuaria– trabajaron de forma coordinada en la elaboración de los informes remitidos al juzgado, en los que se sostenía que el grueso del cargamento había sido reembarcado. KPMG detalla que estos documentos fueron preparados a partir de información interna proporcionada entre ellos y revisados por Noval antes de su presentación.

La Autoridad Portuaria, contra las cuerdas

Las conclusiones del informe forense llegan cuando la causa penal por la desaparición del carbón acaba de ser reabierta por el Juzgado de Instrucción de Gijón, que investiga a Lucía Herrero, Amalio Álvarez, José Manuel del Arco y a la propia compañía como persona jurídica. El análisis de KPMG contradice la versión que la dirección anterior de EBHI ha sostenido ante el juzgado, especialmente en lo relativo a la permanencia del cargamento en el puerto y a las salidas no registradas.

En paralelo, TELF mantiene abiertas varias acciones civiles para reclamar la restitución del mineral y una indemnización de 52,8 millones de euros, una cuantía que supera con creces los 20 millones de activos declarados por EBHI. El informe, al reconstruir de forma detallada el recorrido del cargamento y las comunicaciones internas, podría tener un peso determinante en estos procedimientos.

La disputa también pone contra las cuerdas a la Autoridad Portuaria de Gijón, principal accionista de EBHI. Según su memoria económica, el organismo cerró 2023 con un resultado de explotación de 7,06 millones de euros, frente a los 14,76 millones del año anterior. En este escenario, una condena en contra podría poner en serio peligro la viabilidad del gestor portuario.