El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Función Pública, Óscar López
El Gobierno pacta con UGT y CSIF una subida del 11 % para 3,5 millones de empleados públicos hasta 2028
El acuerdo introduce, además, un 0,5 % variable ligado a la inflación, que se activará si el IPC de 2026 supera el 1,5 %
El Gobierno ofrece a los funcionarios una extra del 2,5 % en diciembre, pero el acuerdo sigue bloqueado
Después de semanas de negociación discreta y tensiones internas, el Gobierno ha logrado este miércoles cerrar un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF que garantiza una subida salarial del 11% para los 3,5 millones de empleados públicos entre 2025 y 2028. El pacto, que podría firmarse oficialmente este jueves, deja de momento al margen a CCOO, que mantiene su decisión en suspenso mientras sus tres federaciones -Área Pública, Enseñanza y Sanidad- debaten si se suman o no.
La subida se aplicará de forma escalonada. En 2025, los trabajadores públicos recibirán un 2,5 % de incremento, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que supondrá el cobro de atrasos en las nóminas de diciembre. En enero de 2026, se añadirá otro 1,5 %, alcanzando un 4 % fijo acumulado.
El acuerdo introduce, además, un 0,5 % variable ligado a la inflación, que se activará si el IPC de 2026 supera el 1,5 %. En tal caso, ese complemento se abonará a comienzos de 2027 con efectos retroactivos, y se descontará del aumento previsto para ese año, que será del 4,5 % (o del 5 %, si el medio punto no se adelanta). La subida se completará en 2028 con otro 2 %, sumando así el 11% total.
Según cálculos sindicales, el impacto real de la medida -incluyendo el llamado «efecto arrastre» sobre complementos y trienios- elevará la mejora hasta el 11,4 %, lo que supondrá una ganancia de poder adquisitivo cercana al 3 % durante el periodo, según estima CSIF.
El entendimiento no se limita a lo salarial. El Ejecutivo se compromete también a eliminar de forma progresiva la tasa de reposición, que restringía las ofertas de empleo público a las bajas por jubilación. Además, se introducirán mejoras en procesos selectivos, carrera profesional, jornada, jubilaciones y permisos, según confirmaron fuentes de la negociación.
El punto de inflexión llegó cuando el Gobierno aceptó incluir el componente variable vinculado al IPC, una reclamación que los sindicatos consideraban imprescindible para evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo en 2026. Ese gesto permitió desbloquear un acuerdo que llevaba semanas atascado y que, de no haberse cerrado, amenazaba con tensar las relaciones laborales en pleno arranque del nuevo ciclo presupuestario.