Cómo sostener las pensiones en una España envejecida

España se ha convertido en uno de los países más longevos del planeta, un logro fruto de décadas de avance en el sistema sanitario y en la estabilidad social. También ha sido clave un estilo de vida que ha favorecido la salud y el bienestar de la población. En 2024, la esperanza de vida alcanzó los 84 años, una cifra que supera con holgura la media europea y sitúa al país a la altura de Japón o Suiza. Vivimos más, pero no necesariamente vivimos mejor.

Durante décadas, el equilibrio del sistema español de pensiones ha descansado sobre la premisa de que habría muchos trabajadores por cada pensionista. A comienzos de los años noventa, esa relación era de cinco cotizantes por cada jubilado. Hoy son 2,4 cotizantes por pensionista, lo que empieza a comprometer seriamente la sostenibilidad del modelo de reparto.

En los últimos años, las reformas aprobadas han buscado reforzar los ingresos del sistema aumentando las cotizaciones y ampliando el período de cómputo. Estas medidas han servido para posponer tensiones inmediatas, pero no para resolver la cuestión estructural. España envejece a un ritmo superior al de la mayoría de los países de la UE y tiene una natalidad extraordinariamente baja. En 2024, la tasa de fecundidad cayó hasta 1,1 hijos por mujer, el nivel más bajo desde que existen registros comparables y muy alejado del 2,1 que asegura el reemplazo generacional. Las generaciones nacidas en los últimos años son demasiado pequeñas como para poder financiar las jubilaciones de los nacidos en los años sesenta y setenta, las cohortes más numerosas de la historia reciente del país.

De ahí que España necesite evolucionar desde un modelo de reparto –en el que las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales– hacia un sistema mixto que combine el reparto con mecanismos de capitalización individual. Este segundo modelo permite que cada persona acumule parte de su futura pensión en función de sus aportaciones a un fondo de pensiones.

Solo así será posible garantizar pensiones dignas sin trasladar a los más jóvenes una carga fiscal insoportable. Ante esta realidad, España necesita abrir un debate sereno, riguroso y honesto sobre cómo garantizar la sostenibilidad del Estado de Bienestar en una sociedad que envejece aceleradamente.

La inmigración

El sistema de pensiones está íntimamente ligado al mercado laboral, a la productividad y a las políticas migratorias. Con la automatización y la digitalización, muchos empleos monótonos y repetitivos desaparecen o se transforman, y el mercado laboral exige cada vez más cualificación. España necesitará más trabajadores, pero no de cualquier tipo ni a cualquier ritmo. Hará falta una inmigración cualificada y bien integrada, que contribuya a sostener el sistema productivo y se adapte a las necesidades reales del tejido empresarial. Países como Canadá o Australia han demostrado que seleccionar a los inmigrantes en función de su cualificación favorece no solo el crecimiento económico, sino también la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos.

Las nuevas generaciones se enfrentan a un panorama especialmente difícil: la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad y los alquileres desorbitados les obligan a destinar buena parte de sus ingresos a cubrir lo básico. A esto se suma una precariedad laboral persistente, con salarios que apenas permiten ahorrar o construir un proyecto de vida estable. Y, como telón de fondo, la incertidumbre sobre si algún día podrán recibir una pensión digna, lo que alimenta una sensación generalizada de inseguridad y falta de horizonte.

Todo ello conduce a una conclusión inevitable: la cuestión demográfica, aunque pueda parecer árida o distante para muchos ciudadanos, es probablemente el mayor desafío económico, social y político de las próximas décadas. No basta con constatar que vivimos más que nunca: es imprescindible comprender que ese logro exige rediseñar instituciones, reformar políticas y asumir decisiones que, por su impacto intergeneracional, obligan a un amplio consenso político. No hay reforma posible sin un ejercicio colectivo de responsabilidad.

La longevidad, que es un gran éxito nacional, debe ir acompañada de políticas que la hagan sostenible. Si no se actúa con visión de futuro, el país corre el riesgo de ver erosionado su Estado de Bienestar. La demografía nos enseña que no hacer nada también es, en realidad, una decisión. La peor de todas: la que hace que España avance hacia un suicidio demográfico.