Verifactu, la gran chapuza digital: un año perdido, dos prórrogas y miles de negocios en el alambre

Los teléfonos de la asesoría Ofeco echaban humo este martes. Beatriz Martín, su directora, recuerda cómo las llamadas se encadenaban sin descanso. «No colgábamos una y ya estaba entrado otra», relata. Ella misma se enteró del aplazamiento de Verifactu no por Hacienda, sino por el sobresalto de sus propios clientes. Ese día, el Gobierno había anunciado el retraso –otro más– de la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas, convertido en los dos últimos años en un quebradero de cabeza para pymes y autónomos.

Al desconcierto inicial le siguió el enfado. «No daba crédito, después de un año haciendo formaciones, intentando concienciar a la gente de que estuviera preparada para el 1 de enero… Y, a falta de un mes, lo tiran abajo. Creía que era 28 de diciembre», explica Martín. Como ella, decenas de profesionales del sector han mostrado su irritación por cómo se ha gestionado el proceso desde el principio.

En su concepción, Verifactu no es más que un mecanismo que obliga a que las facturas emitidas desde software integrado queden registradas de forma inalterable –con un código identificador único y un QR– y puedan enviarse o quedar accesibles para la Agencia Tributaria. Es decir, un blindaje tecnológico frente a manipulaciones contables.

Nada de esto llegó con claridad al tejido empresarial. Durante semanas, Hacienda envió cartas a empresas y autónomos recordando la obligación de adaptarse, sin detallar que el reglamento solo afecta a quienes utilizan programas informáticos de facturación integrados. Quedan fuera, tal como reconocen las consultas vinculantes de Tributos, quienes facturan en papel, con talonarios preimpresos o mediante herramientas como Word o Excel cuando no están conectadas a sistemas contables o automatizados.

La comunicación oficial no lo decía así. Esa ambigüedad alimentó la idea de que se trataba de una obligación y llevó a miles de autónomos a creer que debían implantar software sí o sí. «Han vendido que Word y Excel desaparecían, pero pueden continuar», apunta Martín. A la confusión normativa se sumó la ausencia de una campaña informativa en condiciones.

Edelmiro González, socio fundador de AIG –una de las encargadas de ofrecer soluciones de gestión y contabilidad a las empresas–, lo resume con contundencia. «Verifactu debería haber ido acompañado de una gran campaña mediática. Muchas pymes lo han percibido como algo distante, poco comprensible o incluso cambiante», señala.

Dos de cada tres pymes y autónomos no saben en qué consiste Verifactu, y ocho de cada diez no lo distinguen de la factura electrónica

Este desconocimiento ha sido una constante desde el inicio. Según un estudio elaborado por AIG, dos de cada tres pymes y autónomos no saben en qué consiste Verifactu, y ocho de cada diez no distinguen este sistema de la futura factura electrónica. Además, el 69 % de los autónomos y el 45 % de las micropymes siguen facturando a mano, ya sea en papel o mediante hojas de cálculo.

Para miles de negocios pequeños –zapaterías, pescaderías, peluquerías, carnicerías, talleres– el salto a un software certificado no es solo una cuestión técnica, sino cultural. «Había gente que me decía: 'Yo cierro. Yo con 60 años no me voy a meter en esto porque no tengo ni idea de un ordenador'», recuerda Martín.

Una factura de 750 millones

A las dificultades operativas se suma el coste económico. En hostelería y comercio minorista, la transición exigía una inversión media de entre 1.500 y 2.000 euros por negocio, según el informe UVE Data Market Horeca 2024, elevando la factura total por encima de los 750 millones de euros.

La mitad de los establecimientos necesitaba cambiar por completo sus sistemas; la otra mitad, actualizarlos o contratar nuevos mantenimientos. Muchos recurrieron al Kit Digital, cuyo plazo finalizó el 31 de octubre. Otros compraron cajas registradoras nuevas, balanzas conectadas o licencias de programas que ahora quedan en el limbo.

En algunos casos las implantaciones estaban programadas y pudieron paralizarse, pero lo abonado ya no tiene marcha atrás

«Esa inversión, ¿quién se la paga?», se pregunta Martín. En algunos casos las implantaciones estaban programadas y pudieron paralizarse, pero lo abonado ya no tiene marcha atrás. Y si el Congreso tumba el Real Decreto-ley, el calendario volvería al 1 de enero. «Entonces sí que cojo las maletas y me voy a las Bahamas», bromea.

Lo que sí es serio son las sanciones previstas: hasta 50.000 euros por no usar software certificado, 150.000 para proveedores incumplidores y 1.000 euros por licencia para programas no homologados.

Tres años de trabajo evaporados

Al alivio de muchos negocios se enfrenta la frustración de quienes sí habían hecho los deberes. «Hemos dedicado tres años a preparar a cientos de pymes y, a menos de un mes, nos anuncian otra prórroga», afirma Yannick Charton, CEO de Valio Consulting. Su firma, como muchas otras, había invertido tiempo, alianzas tecnológicas y recursos para llegar con todo listo al 1 de enero de 2026. «Es neutro para las empresas, pero hay un cabreo general entre los gestores», admite.

El sector del software vive una situación similar. La patronal Conectic recuerda que la ley les obligó a adaptar sus sistemas desde el 1 de julio de 2025. Ahora, muchas compañías piden asegurar la continuidad o incluso revertir la instalación. «¿Quién va a asumir los costes asociados a esta decisión?», cuestiona su presidente, José Pancorbo. La organización reprocha haber sido excluida de las decisiones técnicas y de los plazos pese a ser el intermediario imprescindible para que la norma funcione. La falta de comunicación afectó incluso al propio Ministerio de Hacienda, ya que ni los técnicos del departamento fueron informados de la prórroga.

Incluso AIG, partidaria de los beneficios del sistema, expresa dudas sobre las consecuencias del giro de última hora. «Nos preguntamos qué va a pasar con las empresas que implementaron Verifactu de forma voluntaria y ya han estado enviando facturas», apuntan.

2027, ¿última oportunidad?

A pesar del anuncio del Gobierno, nada es definitivo. El Ejecutivo decidió incluir la modificación de Verifactu en el mismo decreto que devuelve a Cataluña la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional –secretarios, interventores y tesoreros– para asegurar su apoyo parlamentario. Sin embargo, si el Congreso rechaza el texto, la norma quedará derogada y Verifactu mantendría su entrada en vigor el 1 de enero. La jugada ha añadido más incertidumbre a asesorías y empresas, que dudan si seguir adelante con la implantación o esperar a la votación.

Sea en 2026 o en 2027, la única certeza es que Verifactu llegará. Pero la falta de transparencia del Gobierno y el escaso acompañamiento a las empresas han convertido la reforma en una carga añadida en un momento delicado para el tejido productivo. La prórroga concede margen, pero no resuelve los problemas de fondo y añade más inseguridad jurídica. En un país donde gran parte del tejido empresarial aún factura con papel, lápiz o Excel, la gran reforma digital de la fiscalidad ha terminado convertida, por ahora, en una chapuza de proporciones nacionales.