Moncloa condiciona el aplazamiento de Verifactu a la aprobación de la cesión a Cataluña de secretarios e interventores

El Gobierno ha devuelto a Cataluña la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional –secretarios, interventores y tesoreros–, un cuerpo clave en el control jurídico y económico de los ayuntamientos. Se trata de una medida comprometida por Junts y cuestionada por su encaje constitucional que Moncloa ha decidido incorporar en el Real Decreto-ley de Verifactu para asegurar su aprobación.

La norma ha sido incluida en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la actividad inversora de las entidades locales y CC. AA. y de modificación del reglamento de requisitos de sistemas de facturación de empresas y profesionales; es decir, el que incluye el aplazamiento del nuevo sistema de verificación de facturas de Hacienda. Según Moncloa, la Generalitat de Cataluña podrá convocar de forma coordinada con el Estado «los concursos para las plazas vacantes, resolviendo la asignación del primer destino y las situaciones administrativas pertinentes».

Para la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital), sin embargo, la decisión supone que el Gobierno «ha decidido sacrificar la imparcialidad y la independencia» del cuerpo a cambio de apoyos parlamentarios, convirtiéndolo «en una moneda de cambio». La organización recuerda que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 25/1983, estableció que la selección y adscripción de estos funcionarios es competencia exclusiva del Estado por formar parte del núcleo básico del régimen local.

Los habilitados nacionales ejercen tareas de control jurídico, económico y presupuestario en las entidades locales. Son seleccionados por el Estado y destinados por todo el territorio nacional para evitar injerencias de gobiernos locales o autonómicos en la supervisión de la legalidad, la contratación y el gasto municipal.

«Somos el primer freno a la corrupción a nivel municipal», señala Alberto Bravo Queipo de Llano, vicepresidente de Apsital. Explica que estos funcionarios son distribuidos por el Estado «para alejarnos del poder local o autonómico» y «evitar que puedan condicionar nuestra actuación», desde la aprobación del gasto hasta la supervisión de contratos, informes urbanísticos o la tramitación de ordenanzas.

Bravo recuerda que esta competencia ya fue cedida a las comunidades autónomas en 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que el modelo no funcionó, ya que muchas autonomías apenas convocaron plazas, el cuerpo de opositores se redujo y los requisitos lingüísticos limitaron la movilidad. En 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy recuperó la competencia estatal para garantizar «un control homogéneo del gasto local».

El vicepresidente de Apsital detalla además que el Ejecutivo ya intentó un modelo similar en el País Vasco. Primero a través de la Ley de Presupuestos, que fue declarada inconstitucional; después mediante un Real Decreto-ley, también recurrido. Ante ese escenario, la medida se incorporó finalmente a la Ley Orgánica 12/2023, igualmente recurrida y pendiente de resolución. Según Bravo, este historial demuestra que «saben que el Real Decreto-ley no era el cauce y que lo va a tumbar el Tribunal Constitucional».

El funcionario advierte también de los posibles efectos prácticos de la cesión. Señala que, al quedar la configuración del proceso selectivo en manos autonómicas, podría simplificarse la estructura de las pruebas, introducirse filtros o influencias en los órganos de selección o, incluso, dejar de convocar plazas, lo que en la práctica «desmontaría» el cuerpo y permitiría sustituirlo por técnicos municipales. «Es de alguna manera ir rompiendo o destruyendo los controles que quedan del Estado», afirma. A su juicio, la autonomía de Cataluña es «enorme» y los habilitados representan «uno de los pocos contrapesos que quedan» en los municipios catalanes.

«Lo meten en una norma que nadie quiere votar en contra para contentar a determinadas personas de las que depende su continuidad en el Gobierno», concluye Bravo.

La cesión llegará la semana que viene al Congreso. El Gobierno ha decidido aprovechar el último Pleno del año para someter a convalidación sus últimos decretos leyes, incluidos los aprobados este martes. Estas normas entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero deben ser validadas por la Cámara Baja en el plazo de un mes para mantenerse vigentes. Si no superan ese trámite, quedan derogadas, incluyendo el aplazamiento de Verifactu, que entraría en vigor el 1 de enero.