Sumar aprovecha el fin de los alquileres covid para forzar al PSOE a intervenir los precios

La negativa del PSOE a negociar un real decreto para intervenir el mercado del alquiler ha abierto un nuevo frente con Sumar. La formación que lidera Yolanda Díaz ha filtrado que en 2026 vencerán más de 630.000 contratos de renta reducida firmados durante la pandemia, un fenómeno que puede traducirse en incrementos del 20 % al 30 % en un mercado ya tensionado.

El aviso llegó este jueves a través de una nueva filtración a la Cadena SER: más de 630.000 contratos de alquiler vencerán en 2026. La información, procedente de un documento interno del Ministerio de Consumo con datos de la Agencia Tributaria, aparece en pleno pulso entre Sumar y el PSOE por el real decreto de vivienda que la confluencia exige negociar. La filtración coincidió, además, con la presentación por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de la nueva entidad pública de suelo, Casa 47.

La gravedad del asunto había pasado desapercibida hasta ahora. Entre 2020 y 2022 se firmaron más de 1,6 millones de contratos de alquiler, muchos de ellos con rentas reducidas y sujetos a medidas extraordinarias aprobadas durante la pandemia, como límites a la actualización de precios, ampliaciones obligatorias o moratorias. La mayoría tenían una duración de cinco años –siete en el caso de grandes tenedores– y empiezan a vencer de forma simultánea a partir de este último trimestre de 2025 y, sobre todo, a lo largo de 2026.

«Podemos hablar del fin de los alquileres de la pandemia», explica Leandro Escobar, profesor de Economía de Comillas ICADE. «Esos contratos se firmaron en un mercado muy distinto al actual y, en muchos casos, con rentas protegidas. Ahora, al vencimiento, pasan directamente a precios de mercado». El experto recuerda que las rentas crecieron un 14 % de media el año pasado y que los niveles actuales «son máximos históricos, muy por encima incluso de antes de la gran crisis inmobiliaria».

El impacto previsto es considerable. El documento al que tuvo acceso la SER estima que en estas viviendas residen más de 1,6 millones de personas. Desde que se firmaron los contratos, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados ha pasado de 864 a 1.160 euros, lo que supone alrededor de 300 euros más al mes. Para un hogar con renta mediana, renovar el contrato implicaría pagar unos 1.735 euros adicionales al año. «Si un alquiler protegido ha subido durante años solo un 2 % o un 3 % y ahora se expone al mercado libre, el escalón puede situarse entre el 20 % y el 30 %. Para muchos hogares es directamente imposible», advierte Escobar.

Intervenir el mercado

Con estos datos sobre la mesa, Sumar intenta que el PSOE se abra a intervenir el mercado. El real decreto que presentó en octubre plantea prórrogas obligatorias, congelaciones temporales de rentas, una regulación general hasta que se declaren zonas tensionadas y una reforma fiscal que endurece la tributación de propietarios con cuatro o más viviendas. El texto también aborda el alquiler turístico, elevando a rango de ley la obligación de registro y estableciendo un régimen sancionador.

Desde el anuncio del real decreto, el PSOE se ha negado en redondo a negociar, con el consiguiente enfado de Sumar. Su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, llegó incluso a pedir que la ministra de Vivienda «dejara paso a quien sí esté dispuesto» a aplicar medidas «valientes», unas palabras que provocaron malestar en las filas socialistas. Desde Sumar intentaron rebajar después el tono, pero insisten en que la presión ha servido para reactivar un diálogo interno sobre posibles avances adicionales.

Los expertos, no obstante, no se muestran partidarios del intervencionismo. Escobar señala que las actuaciones planteadas desde distintas administraciones «suelen responder al tacticismo» y recuerda que la declaración de zonas tensionadas «no ha funcionado en ningún territorio». «Parece que se actúa para dar una respuesta inmediata, pero muchas veces se termina empeorando la situación», apunta.

Cortoplacismo

La coincidencia del vencimiento masivo de contratos, el repunte sostenido de precios y la falta de acuerdo dentro del Gobierno ha provocado una tormenta perfecta en el peor momento. Sumar reclama prórrogas automáticas de los contratos que expiran y limitaciones temporales de precio, mientras que el PSOE mantiene que cualquier reforma debe garantizar la seguridad jurídica y evitar efectos adversos sobre la oferta.

Sin embargo, ninguna de las formaciones del Gobierno de coalición parece dispuesta a abordar el problema que los expertos coinciden en señalar como el principal factor del aumento de precios: la falta de oferta. Al contrario, las decisiones adoptadas en los últimos años han incrementado la incertidumbre. «Si no hay unas reglas claras y estables sobre duraciones de contrato, actualizaciones de renta, fiscalidad y especialmente sobre ocupación ilegal, es normal que los propietarios tengan miedo de lanzar sus inmuebles al mercado», apunta Escobar.

«Después de las necesidades fisiológicas, la siguiente que tenemos es la de seguridad. Seguridad física, por supuesto, pero también seguridad jurídica, es decir, saber que si uno cumple con la ley, el sistema va a estar de su parte. Por desgracia, parece que es al revés», concluye.