País Vasco pierde un 18 % de funcionarios estatales desde 2018, mientras los autonómicos se disparan un 64 %

El frágil equilibrio parlamentario que ha permitido a Pedro Sánchez gobernar desde 2018 está dejando huella en el mapa del empleo público. Desde la llegada del socialista a la Moncloa, el número de funcionarios estatales en el País Vasco no ha dejado de caer, mientras que el de autonómicos se ha disparado. Una dinámica que previsiblemente se reproducirá en Cataluña a partir de 2026, una vez entren en vigor las cesiones incluidas en el acuerdo para investir a Salvador Illa.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, ha publicado el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que ofrece una radiografía de los efectivos públicos en España. Según el informe, el número total de trabajadores públicos se situó en julio de 2025 en 3.107.195 personas, lo que supone un incremento de casi 70.000 efectivos respecto a enero del mismo año.

Este aumento se concentra casi por completo en las administraciones autonómicas y locales, que suman 31.094 y 37.096 empleados más respectivamente. En la Administración General del Estado, el balance es desigual ya que, mientras crece el personal en ministerios (+1.104), agencias estatales (+1.295) y otros entes de derecho público (+2.160), se reduce en todos los grandes cuerpos del núcleo estatal, como las Fuerzas Armadas (-290), la Policía Nacional (-568), la Guardia Civil (-1.133) y el ámbito de juzgados y tribunales (-445).

Más allá de la foto fija de 2025, resulta llamativo observar cómo ha cambiado el reparto territorial de los efectivos públicos desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. Entre julio de 2018 y julio de 2025, el número total de empleados públicos ha aumentado en 680.812 personas, un 28,1 %. El incremento se concentra casi exclusivamente en el ámbito autonómico, que suma 593.396 efectivos adicionales en ese periodo, frente a 59.163 en la local y 28.253 en la estatal. Un reparto que ha convertido el crecimiento de plantillas en una tradicional moneda de cambio para recabar apoyos parlamentarios en ciertas comunidades.

El impacto de este proceso es especialmente visible en el País Vasco. Desde 2018, el número de empleados estatales ha caído allí un 18,6 %, lo que equivale a más de 2.000 efectivos menos, mientras que los trabajadores dependientes de la administración autonómica han aumentado un 64,2 %, veinte puntos porcentuales por encima de la media nacional. Junto al País Vasco, solo Asturias, Navarra y Cataluña registran un descenso del personal estatal respecto a los niveles previos a la llegada de Sánchez al Gobierno.

La cesión de funcionarios al País Vasco ha sido una constante durante el Gobierno de Sánchez, siempre necesitado del apoyo parlamentario del PNV. En 2019, el socialista ofreció a Andoni Ortúzar –reciente fichaje de Telefónica– reconocer las competencias incluidas en el Estatuto de Gernika que el Estado supuestamente tenía pendiente. Así, se acordó el traspaso de prisiones a País Vasco en 2021 o, más recientemente, las competencias sobre los funcionarios con habilitación nacional, una medida recurrida por el PP ante el Constitucional. También está pendiente la cesión de la gestión de la Seguridad Social, un asunto todavía encallado por la falta de acuerdo entre ambas administraciones.

Este patrón empieza a vislumbrarse en Cataluña. El pacto de investidura de Illa incluye cesiones como la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional o la creación de nuevos cuerpos administrativos para reforzar la Hacienda catalana. Por ahora, el número de empleados públicos autonómicos en Cataluña ha crecido un 50,2 % desde 2018, por encima de la media nacional, mientras que el personal estatal apenas se ha reducido un 1 %. Sin embargo, es previsible que a partir de 2026 empiece a notarse el efecto de las cesiones a los nacionalistas catalanes.