Las propuestas que Alemania debate para reformar su sistema de pensiones tras blindar la jubilación hasta 2031

Europa observa con atención los próximos movimientos de Alemania en materia de pensiones. A comienzos de diciembre, el Bundestag aprobó por ajustada mayoría un paquete de reformas para garantizar que la tasa de reemplazo del sistema público se mantenga en torno al 48 % al menos hasta 2031. Sin embargo, la medida no resuelve el desafío de la sostenibilidad tras la entrada de los baby boomers en la jubilación y el debate sigue abierto, con propuestas que van desde vincular la edad de retiro a los años cotizados a un mayor esfuerzo contributivo.

El proyecto salió adelante con solo dos votos por encima de la mayoría absoluta, reflejo del frágil consenso dentro de la propia coalición de gobierno formada por el SPD y la CDU/CSU del canciller Friedrich Merz. La norma suspende hasta 2031 el denominado «factor de sostenibilidad», un mecanismo diseñado para moderar el crecimiento de las pensiones a medida que empeora la relación entre cotizantes y jubilados. Sin esta intervención, las estimaciones apuntan a que la tasa de reemplazo podría caer hasta el 44,9 % en 2040.

El Gobierno alemán calcula que el anclaje de las pensiones supondrá una factura superior a los 120.000 millones de euros en los próximos quince años. A cambio, se garantiza la estabilidad a corto plazo y se evita el coste político de un ajuste inmediato. En Berlín, no obstante, nadie oculta que se trata solo de un parche temporal.

Y es que el sistema de pensiones alemán, al igual que el de otros muchos países europeos, está sometido a una creciente presión demográfica. La esperanza de vida sigue aumentando, mientras la generación del baby boom ya ha comenzado a jubilarse y el número de cotizantes disminuye. En esta tesitura, el Ejecutivo germano ha encargado a una comisión de expertos la elaboración de propuestas de reforma más profundas, que deberán presentarse a mediados de 2026.

Una de las ideas más novedosas es la denominada «pensión de inicio anticipado». El Estado ingresaría diez euros mensuales a todos los niños nacidos a partir de 2020 en una cuenta de ahorro para la jubilación, invertida en fondos o ETF. La medida serviría como complemento a las pensiones futuras y como instrumento de educación financiera desde edades tempranas. Su impacto económico, sin embargo, sería limitado. Incluso con rentabilidades favorables, el volumen acumulado apenas alteraría la cuantía final de la pensión.

Más relevante es la reforma del fallido sistema Riester. El Gobierno pretende sustituirlo por una cuenta de ahorro para la jubilación más flexible, con mayor exposición a los mercados financieros, menores garantías obligatorias y mejores incentivos fiscales. Sería un giro significativo en el tercer pilar del sistema, tradicionalmente muy conservador y de escasa rentabilidad.

La edad de jubilación, un tabú

El gran elefante en la habitación sigue siendo la edad de jubilación. Aumentarla más allá de los 67 años no figura en el acuerdo de coalición, pero las presiones van en aumento. El Consejo de Expertos Económicos propone vincularla automáticamente a la esperanza de vida: dos tercios del aumento se destinarían a prolongar la vida laboral y un tercio a ampliar el periodo de jubilación. Según sus cálculos, la edad legal alcanzaría los 68 años en 2050 y los 69 en 2070.

La propuesta es técnicamente sólida y fiscalmente eficaz, pero casi un suicidio político. Aun así, Alemania no sería una excepción en Europa, ya que países como Países Bajos ya aplican mecanismos similares, con menor desgaste político gracias a su automatismo.

Otra alternativa es desligar la jubilación de una edad fija y vincularla a los años cotizados. El sistema sería más equitativo, pero plantea problemas evidentes para carreras laborales interrumpidas, especialmente entre mujeres, y para profesiones con largos periodos formativos.

Endurecer las penalizaciones

El debate también incluye medidas polémicas. El Consejo de Expertos propone endurecer las penalizaciones por jubilación anticipada, eliminar la jubilación sin recortes para quienes acreditan 45 años cotizados y, a largo plazo, replantear las pensiones de viudedad. Todas ellas aliviarían el sistema, pero a costa de un elevado coste social y político.

También se discute aumentar el tope máximo de cotización, elevar las aportaciones al sistema o incrementar los subsidios fiscales para cubrir prestaciones no contributivas. Sin embargo, ninguna opción es gratuita, ya que más cotizaciones encarecen el empleo, más impuestos tensionan el presupuesto y más derechos futuros neutralizan parte del ahorro inicial.

Debate incómodo

De momento, el camino elegido por Alemania pasa por un aumento progresivo de las contribuciones. A partir de 2027, la tasa de cotización al sistema público de pensiones está previsto que suba del 18,6 % actual al 18,8 %, y las previsiones de Berlín apuntan a que podría situarse por encima del 22 % en la próxima década si no se adoptan reformas adicionales. Un ajuste que, aunque gradual, tendrá impacto tanto en los trabajadores como en los costes laborales de las empresas.

El paquete aprobado en diciembre garantiza estabilidad a corto plazo y permite al Gobierno alemán ganar tiempo, pero no despeja las incógnitas de fondo. La comisión de expertos deberá decidir hasta qué punto el sistema puede sostenerse con más cotizaciones e impuestos o si será inevitable pedir a los futuros jubilados que trabajen más años o acepten prestaciones menos generosas. Un debate incómodo que Alemania ha optado por aplazar, pero que marcará no solo su modelo de pensiones, sino también el rumbo de muchos países europeos, entre ellos España.