Alemania ofrece 24.000 euros libres de impuestos para que los jubilados sigan trabajando

El paulatino envejecimiento de la población está tensionando los sistemas de pensiones europeos, lo que ha llevado a muchos países a retrasar el retiro laboral. El Gobierno alemán acaba de aprobar un plan que permitirá a los jubilados seguir trabajando y obtener hasta 2.000 euros mensuales libres de impuestos. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, busca incentivar la permanencia en el mercado laboral, además de mitigar la escasez de trabajadores cualificados.

Alemania afronta uno de los mayores desafíos. La ministra de Economía, Katherina Reiche, advirtió recientemente que «necesitamos trabajar más y durante más tiempo» para sostener el sistema de pensiones. El país cuenta con una de las poblaciones más envejecidas del mundo con una edad media de 46,7 años –la tercera más alta entre las principales economías después de Japón e Italia– y, según los expertos, para 2040 se prevé que una cuarta parte de los ciudadanos tenga 67 años o más.

Si a principios de la década de 1960 había seis trabajadores activos por cada jubilado, hoy la proporción se ha reducido a dos a uno. Esa evolución explica que dos tercios del presupuesto del Ministerio de Trabajo –unos 121.000 millones de euros en 2025– se destinen al sistema público de pensiones. Las cotizaciones actuales ya no bastan para cubrir el gasto, lo que ha llevado al Gobierno a buscar fórmulas que amplíen la vida laboral y refuercen los ingresos del sistema sin aumentar la edad legal de jubilación, que se eleva gradualmente hasta los 67 años.

El acuerdo de coalición entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) apostó por una «mayor flexibilidad en la transición del trabajo a la jubilación», descartando de momento un incremento de la edad de retiro. En la práctica, se trata de la llamada Aktivrente, la pensión activa que el canciller Friedrich Merz ha incluido dentro de su programa de reformas de otoño.

Esta medida permite a quienes han alcanzado la edad legal de jubilación seguir trabajando de forma voluntaria y combinar sus ingresos laborales con la pensión pública. La principal novedad es que los jubilados que decidan volver al mercado laboral podrán percibir hasta 2.000 euros mensuales –24.000 euros al año– libres de impuestos. A partir de esa cantidad, deberán tributar solo por el exceso.

El beneficio se aplicará exclusivamente a los empleados sujetos a cotizaciones a la seguridad social. Quedan fuera los autónomos, los agricultores, los funcionarios y quienes tengan miniempleos, una exclusión que ha generado críticas por parte de distintos sectores. Las cotizaciones al seguro médico y de dependencia seguirán siendo obligatorias, pero los ingresos exentos no computarán en la llamada «regla de progresión», lo que evita que el tipo impositivo global aumente por el hecho de tener rentas adicionales.

La medida costará unos 890 millones de euros anuales, aunque podría alcanzar los 1.400 millones

El Gobierno prevé que la medida entre en vigor el 1 de enero de 2026. Según el Ministerio Federal de Finanzas, podrían beneficiarse unas 168.000 personas, mientras que el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) eleva la cifra a 230.000. El coste fiscal estimado ronda los 890 millones de euros anuales, aunque el Instituto Económico Alemán calcula que podría alcanzar los 1.400 millones. De esa pérdida de ingresos, el 42,5 % recaerá en los gobiernos federal y estatales, y el 15 % en las autoridades locales.

Merz defendió la iniciativa como «una oportunidad realmente buena para prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación reglamentaria». Por su parte, la ministra de Trabajo, Bärbel Bas, calificó la pensión activa de «incentivo sencillo para mantener en el mercado laboral a los trabajadores con experiencia». En el mismo sentido, subrayó que la reforma elimina «la prohibición del empleo anterior» que hasta ahora impedía a los jubilados reincorporarse fácilmente a sus antiguos puestos.

Impacto limitado

Distintos institutos económicos y organizaciones sociales, no obstante, advierten de que su impacto real podría ser limitado. Según un informe del Instituto Económico Alemán, «el objetivo del Gobierno federal de retener a un número significativamente mayor de trabajadores cualificados en el mercado laboral probablemente no se logrará». Los estudios del instituto muestran que la mayoría de los mayores que siguen trabajando lo hacen por placer o por vínculos sociales, y no por motivos económicos, por lo que la exención fiscal tendría un efecto marginal sobre su decisión de continuar.

Varios expertos también advierten de que el trato fiscal preferente a los pensionistas asalariados frente a los autónomos podría vulnerar el principio de igualdad de trato. Además, favorecer a los empleados de más edad frente a los más jóvenes podría considerarse una forma indirecta de discriminación por edad. Por otro lado, el programa excluye a colectivos que, paradójicamente, sufren una mayor necesidad de ingresos adicionales, como los agricultores y los trabajadores por cuenta propia.

Pese a esas reservas, el Gobierno espera que la medida genere un efecto positivo en el crecimiento económico y en la recaudación de cotizaciones, al mantener a miles de personas en el circuito productivo. Se prevé una evaluación oficial dos años después de su entrada en vigor para valorar su eficacia y, en su caso, introducir modificaciones.

Bonificaciones en Europa

En la mayoría de los Estados miembros, los ingresos obtenidos por los pensionistas que continúan trabajando se gravan de manera ordinaria, aunque algunos países han optado por fórmulas distintas. En Grecia, los jubilados pueden conservar su pensión completa y tributar los ingresos adicionales con un tipo reducido del 10 %; en Dinamarca, existe una bonificación conocida como seniorpræmie para quienes prolongan su vida laboral; y en Suecia, los mayores de 66 años se benefician de un subsidio por ingresos del trabajo.

Sin embargo, la propuesta alemana resulta inusualmente tajante al establecer una cantidad exenta de impuestos de 2.000 euros mensuales. La medida pretende además frenar la salida masiva de trabajadores cualificados que se prevé para la próxima década. Según las estimaciones oficiales, unos 4,8 millones de personas se jubilarán antes de 2035, el equivalente al 9 % de la fuerza laboral del país.

Los analistas coinciden en que el Aktivrente no va a solucionar los desequilibrios estructurales del sistema, pero puede servir como un mecanismo transitorio para «comprar tiempo» mientras se redefine el modelo de pensiones. Como señala Johannes Geyer, investigador del Instituto Alemán de Investigación Económica para DW, «una reforma del sistema solo funcionará si se combinan y accionan varias opciones».

El Ejecutivo alemán aspira a que la pensión activa contribuya a sostener el empleo, reforzar las cuentas públicas y promover la justicia intergeneracional. Sin embargo, la magnitud del desafío demográfico –y la velocidad con que la población envejece– apunta a que solo se trata de un primer paso en una reforma mayor.