De la norma a la práctica: el verdadero reto regulatorio de 2026

2026 no va a ser un año de grandes anuncios regulatorios. Y precisamente por eso es un año decisivo. Tras un ciclo intenso de reformas financieras en Europa y en España, el foco ya no está tanto en producir nuevas normas, sino en algo más complejo: hacer que las que ya existen funcionen. La regulación entra en una fase distinta, menos visible, pero más determinante. Una fase de implementación, supervisión y ajuste fino, donde se decide si el marco construido en los últimos años sirve realmente para ordenar el mercado o si se convierte en una capa más de fricción.

Bruselas llega a este punto con un mensaje relativamente claro. Tras años de énfasis en la protección del inversor, la digitalización y la sostenibilidad, la Comisión y los supervisores europeos empiezan a hablar de simplificación, proporcionalidad e integración de mercados. No porque se cuestione la ambición regulatoria, sino porque se reconoce un límite práctico: una regulación que no se puede aplicar bien termina siendo ineficaz. España comparte ese marco europeo, pero añade sus propias complejidades: tramitaciones parlamentarias prolongadas, falta de acuerdos, reformas estructurales aún abiertas y la necesidad de encajar nuevas instituciones en un ecosistema supervisor ya exigente. Dos plazas regulatorias distintas, un mismo reto: pasar del texto al funcionamiento.

Ese cambio se aprecia con claridad en la relación con el cliente financiero. En España, la reforma de las acciones colectivas de consumo, la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero y el nuevo marco de servicios de atención a la clientela no responden a una lógica aislada. Forman parte de un mismo movimiento: ordenar cómo se gestionan los conflictos cuando algo falla. No se trata solo de reforzar derechos individuales, sino de estructurar un sistema de reclamaciones más previsible, menos arbitrario y más homogéneo.

La clave en 2026 es más prosaica: cuando el circuito de reclamaciones es claro, el mercado funciona mejor. Se reduce el ruido reputacional, se evitan incentivos a dilatar respuestas y la competencia se desplaza hacia donde debería estar: producto, servicio y procesos. El riesgo no está en el objetivo, sino en el diseño. Si proliferan canales paralelos, criterios divergentes o procedimientos poco coordinados, el sistema puede volverse lento e ineficiente. Por eso, en esta fase, escuchar al sector financiero es esencial para asegurar que la aplicación de la normativa sea ágil y operativa, y no un factor de congestión.

El segundo gran ámbito es el crédito y los mercados secundarios, donde 2026 será un año de ajuste técnico más que de titulares. La transposición de la Directiva sobre administradores y compradores de créditos introduce un marco más estructurado para un mercado que hasta ahora operaba con reglas muy desiguales. A nivel europeo, el nuevo marco de crédito al consumo entra en fase de aterrizaje e implementación en los Estados Miembros. El debate relevante no es si los modelos digitales existen o tienen sentido, existen y responden a necesidades reales, sino cómo se concretan las obligaciones en la práctica: definiciones, umbrales, evaluación de solvencia, información al cliente y encaje en flujos digitales reales.

Un marco claro y proporcionado reduce incertidumbre y permite que el mercado se adapte sin sobresaltos

Aquí la regulación se juega algo importante: su capacidad para reflejar la diversidad de modelos sin forzarlos a esquemas pensados para otras realidades. El equilibrio se decidirá en los detalles técnicos y en el diálogo durante el trámite parlamentario y la implementación. No es una cuestión ideológica, sino operativa. Un marco claro y proporcionado reduce incertidumbre y permite que el mercado se adapte sin sobresaltos.

El tercer gran reto es tecnológico y atraviesa todo el sistema. Con DORA ya en aplicación, 2026 será el año en que se noten plenamente sus efectos: gobernanza TIC, gestión y notificación de incidentes, pruebas de resiliencia, continuidad de negocio y control de terceros críticos. En España, el paquete de digitalización del sector financiero y los desarrollos en DLT y tokenización apuntan en la misma dirección, aunque el Anteproyecto de Ley de digitalización aún no ha completado su tramitación.

La lógica es clara: la innovación financiera ya no se mide solo por la velocidad del producto, sino por la solidez de la infraestructura que lo soporta. Los incidentes tecnológicos han pasado de ser un asunto interno a un riesgo sistémico de confianza para el mercado. Situar la resiliencia digital en el centro de la agenda regulatoria refleja madurez, pero el reto sigue siendo el mismo: aplicar proporcionalidad y diferenciar perfiles de riesgo, algo que exige un regulador que entienda de primera mano cómo operan los distintos actores.

En 2026 confluyen varios procesos: la plena aplicación de MiCA, el despliegue de DAC8 y el avance del nuevo marco AML europeo

El cuarto bloque es el de criptoactivos, fiscalidad y prevención del blanqueo. En 2026 confluyen varios procesos: la plena aplicación de MiCA, el despliegue de DAC8 y el avance del nuevo marco AML europeo. El resultado es el cierre de una etapa de fragmentación y la consolidación de un entorno más homogéneo y trazable. El reto no está en el objetivo, sino en la ejecución: datos, sistemas, coordinación entre obligaciones y capacidad de absorción por parte de los operadores.

Y como telón de fondo conviene destacar el objetivo estratégico que ordena muchas de estas piezas: movilizar el ahorro y dar más profundidad a los mercados de capitales europeos, reforzando al mismo tiempo la autonomía financiera de la UE. La Savings and Investment Union, el debate sobre cuentas de ahorro e inversión, los trabajos en titulización, la evolución de las infraestructuras de mercado y el euro digital responden, en el fondo, a una misma ambición: canalizar mejor el ahorro hacia inversión productiva, reducir dependencias externas y avanzar hacia un mercado europeo más integrado y resiliente. En España, la consulta pública sobre cuentas de ahorro e inversión y la etiqueta «Finance Europe» anticipa decisiones de diseño muy concretas que tendrán que encajar con ese marco europeo.

En definitiva, no basta con tener un marco; hay que saber habitarlo. Tras años de acumulación normativa, el sistema se juega ahora su legitimidad en lo menos vistoso: cómo se interpreta, cómo se supervisa y cómo se aplica. Un marco que se traduce en guías contradictorias, calendarios inasumibles o cargas desproporcionadas no ordena el mercado, lo entorpece. Y un marco que no ordena acaba erosionando la confianza, reduce inversión y castiga competitividad. Si Europa y España consiguen que la regulación funcione como infraestructura y no como fricción, el resultado será estructural. Si no, el coste no será técnico: será estratégico.