Mayores de 23 años que viven con sus padres: así pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital

Para miles de jóvenes mayores de 23 años, la precariedad laboral o los altos precios del alquiler han convertido la vuelta a casa de los padres (o la imposibilidad de salir de ella) en la única opción habitacional. En este escenario, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se presenta como una posible salvación, pero solicitarlo viviendo bajo el techo familiar activa una serie de requisitos técnicos muy específicos que a menudo tumban la solicitud.

La clave principal reside en la unidad de convivencia. La normativa de la Seguridad Social establece que, si vives con familiares de primer o segundo grado (padres, abuelos o hermanos), no eres un individuo aislado a ojos de la administración, sino parte de un todo.

Esto significa que no basta con que el joven no tenga ingresos, ya que para acceder a la ayuda, se suman los ingresos de todos los miembros de la casa (las nóminas o pensiones de los padres). Solo si la suma total de dinero que entra en ese hogar es inferior a los umbrales de renta garantizada que marca la ley para una familia de ese tamaño, se concederá el IMV.

Por tanto, un joven de 24 años sin empleo que viva con unos padres que cobran una pensión media o un salario estándar, verá denegada la ayuda automáticamente, ya que se considera que sus necesidades básicas están cubiertas por la «solidaridad familiar».

Demostrar independencia previa

Sin embargo, la ley abre una puerta importante para aquellos que sí pueden demostrar independencia previa. Los mayores de 23 años (y menores de 30) pueden formar su propia unidad de convivencia independiente —y por tanto cobrar la ayuda sin que cuenten los ingresos de sus padres— solo si logran acreditar que han vivido de forma autónoma durante al menos dos años antes de la solicitud, o tres años en casos discontinuos.

Si no se cumple este requisito de independencia previa, el solicitante queda irremediablemente ligado a la renta de sus padres.

Excepciones por fuerza mayor

Existe, no obstante, una excepción crucial que la Seguridad Social vigila con lupa: los casos de fuerza mayor. Las víctimas de violencia de género, trata de seres humanos o desahucio tienen una vía de acceso especial que flexibiliza estos requisitos de unidad de convivencia, permitiendo cobrar la ayuda incluso si se ven obligados a compartir techo con familiares temporalmente, siempre que los servicios sociales acrediten la situación de vulnerabilidad extrema.