El salario mínimo crece con Sánchez un 66 %, el mayor aumento de Europa occidental

El Ministerio de Trabajo se reúne este jueves con sindicatos y patronal en lo que la ministra Yolanda Díaz ha definido como el último encuentro para cerrar el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). El Ejecutivo plantea una subida del 3,1 %, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un aumento del 66 % desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y que convierte a España en el país de Europa occidental donde más ha crecido el salario mínimo.

Este avance supera ampliamente al de los países del entorno. En Alemania, el SMI ha aumentado un 43,5 % desde 2018, pasando de 1.291 a 1.852 euros mensuales. En Países Bajos, el alza ha sido del 40,9 %, mientras que en Irlanda se sitúa en el 41,4 %. Grecia ha registrado un incremento del 50,1 % y Portugal, del 49,9 %. Francia, por su parte, presenta una evolución mucho más moderada, con una subida del 20,3 % en el mismo periodo.

El contraste es aún mayor con las economías del centro y este de Europa, donde las subidas han sido mucho más intensas en términos porcentuales. Lituania encabeza la lista con un incremento del 159,5 %, seguida de Polonia (129,2 %), Bulgaria (111,1 %) o Croacia (108,2 %). En estos países, el salario mínimo partía de niveles muy bajos y ha crecido de forma acelerada en los últimos años.

Este fuerte avance responde al proceso de convergencia económica tras su entrada en la Unión Europea a partir de 2004. Se trata, en su mayoría, de antiguos satélites soviéticos que, tras incorporarse al mercado común casi dos décadas después que España, han tenido que acelerar sus salarios para aproximarse a los estándares de renta de Europa occidental.

No es el caso de España, que forma parte del núcleo europeo desde 1986 y comparte marco económico con países como Francia, Alemania o Países Bajos. Comparada con estas economías, la subida del salario mínimo ha sido muy superior, tanto en términos porcentuales como en ritmo de crecimiento. En Portugal y Grecia, economías por debajo de la española y más golpeadas por la crisis financiera, tampoco se observan subidas de esta magnitud.

La evolución del SMI en España ha sido prácticamente continua desde 2019, con incrementos anuales que han elevado la renta mínima desde los 735 euros vigentes antes del cambio de Gobierno hasta los actuales 1.184 euros, y los 1.221 euros que pretende aprobar ahora el Ejecutivo. En total, el salario mínimo superará los 17.000 euros brutos anuales en 2026 si se confirma la subida prevista.

Advertencias de los expertos

El propio comité de expertos del Ministerio de Trabajo incluyó en su último informe una mención sobre los efectos acumulados de las subidas del salario mínimo en los últimos años. En el documento, los expertos reconocen un desacople entre la evolución del SMI y la productividad de la economía española. «El crecimiento del salario mínimo interprofesional en los últimos años se ha situado claramente por encima del crecimiento de la productividad aparente del trabajo», apuntan.

El informe también contradice el discurso del Ministerio sobre el «efecto neutro» de las subidas. Al contrario, el comité recoge estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y del Banco de España que apuntan a consecuencias negativas moderadas, especialmente en jóvenes y trabajadores temporales. «Según vayan creciendo los salarios mínimos en relación con el salario medio será más fácil que se manifiesten efectos negativos sobre el empleo», advierte el documento.

Una de las principales preocupaciones es el denominado agrupamiento salarial o bunching. Los expertos reconocen que la rápida subida del SMI ha provocado una creciente concentración de trabajadores en torno a este umbral, comprimiendo las escalas salariales y reduciendo los incentivos a la promoción y a la formación. Además, señalan que cada vez más convenios colectivos fijan salarios mínimos por debajo del SMI legal, lo que limita el papel de la negociación colectiva y convierte al Estado en el principal regulador de las rentas más bajas.