El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una reunión de ministros del ramo en Bruselas
El Gobierno podría haber perjudicado a las empresas por no ajustar su tamaño monetario a los estándares europeos
La norma se encuentra en el Congreso de los Diputados, pero la situación de minoría del Gobierno ha hecho que no se haya aprobado a tiempo
La Comisión Europea ha anunciado este viernes que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no actualizar el tamaño de las empresas en términos de balance y volumen de negocio.
La actualización, en concreto, modifica a través de una directiva europea los umbrales en términos monetarios que establecen la cantidad máxima de volumen de negocios neto y del tamaño de balance, pero no introduce cambios con respecto al criterio relativo al número de empleados.
«La transposición de esta directiva es crucial para el funcionamiento del mercado único, ya que garantiza la coherencia y la comparabilidad de las categorías de tamaño en toda la Unión, y que las empresas o grupos de tamaño similar están sujetos a las mismas obligaciones jurídicas de la UE», defiende la Comisión.
Explica que España no ha actualizado el tamaño de las empresas desde el año 2013 y, desde entonces, la inflación ha sido del 24,3 % en la eurozona y del 27,2 % en el conjunto de la Unión Europea. Y claro, desde ese año, las empresas han variado sin duda su volumen de negocio y su balance, por lo que la consideración de las empresas ha podido variar notablemente y, lo que es peor, les pone en desventaja sobre el resto de empresas europeas.
Paralizado por sus socios
Pero el caso es que el Gobierno ya presentó el pasado mes de noviembre un Anteproyecto de Ley para llevar a cabo esta actualización, pero la falta de consenso entre los socios de Gobierno y la dependencia que tiene Sánchez de los partidos minoritarios ha hecho que el Anteproyecto se encuentre paralizado, por lo que la actualización no se ha producido y los plazos con los que contaba España ya se han pasado.
Tal y como viene estipulado en la legislación europea, Bruselas abrió un expediente a España por este motivo en enero del pasado año y lanzó un ultimátum seis meses después, en julio, tras constatar que el país todavía no había adoptado estos ajustes, que buscan adecuar los umbrales, por ejemplo, a la inflación. Otros seis meses después y visto que España sigue sin reaccionar, la Comisión Europea ha decidido llevar a España al TJUE.