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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez

Isabel Rodríguez anuncia que Casa 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas

Junto a las 1.600 viviendas licitadas en 2025, Casa 47 licitará un total de 4.400 viviendas al término de este trimestre

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que Casa 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas en colaboración público-privada, que incluirá las condiciones de asequibilidad de los arrendamientos promovidos por la Entidad Estatal de Vivienda.

Así lo ha indicado este viernes en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en la que ha comparecido para dar cuenta de la acción de su departamento.

En la misma, la titular de Vivienda ha indicado que a estas 2.800 nuevas viviendas se suman las 1.600 ya licitadas a lo largo de 2025, por lo que Casa 47 pondrá en licitación un total de 4.400 viviendas al termino de este trimestre.

«Esta es una empresa que nace con solvencia económica dispuesta ya con más de 13.000 millones de euros para los próximos años y que, sin duda, tiene proyectos muy ambiciosos», ha añadido.

Según ha avanzado la ministra, la nueva licitación incluirá los suelos con carácter urbano finalista, las ayudas públicas, la financiación y los arrendamientos adaptados a las condiciones de asequibilidad fijadas por el Gobierno.

La ministra ha recordado que las viviendas en alquiler promovidas por Casa 47, que tiene como germen la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Sepes, ofrecerán contratos de alquiler de hasta 75 años, con revisión.

De esta manera, el primer contrato será de 14 años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años «siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso», con un máximo del contrato de alquiler de 75 años.

Además, como requisito económico, las personas que accedan a las viviendas en alquiler gestionadas por Casa 47 deberán tener rentas entre el 2 y el 7,5 del Iprem (entre 1.200 y 4.500 euros mensuales), lo que supone el 60 % de la clase media y trabajadora, según sus cálculos.

El precio del alquiler de estas viviendas no se fijará en función de lo que ha costado construirlas, sino de lo que la ciudadanía puede pagar, con el objetivo de que nadie destine más del 30 % de sus ingresos en pagar el alquiler.

Además, Isabel Rodríguez ha indicado también que la próxima semana el Consejo Rector aprobará las bases para incorporar en sus funciones la opción de compra de patrimonio privado para convertirlo en público con el que construir vivienda asequible propiedad del Estado, para lo que el Gobierno ha asignado 100 millones de euros.