La regularización masiva de inmigrantes: entre las trampas de Sánchez y la justicia

Cualquier persona normal ve evidente que hay que hacer lo que sea para salvar a los inmigrantes que llegan en patera jugándose la vida o que hay que agilizar los trámites para las personas que vienen de fuera dispuestas a dejarse la piel trabajando para sacar adelante a nuestro país.

Otra cosa es lo que hay que hacer con los que vienen dispuestos a delinquir y delinquen, lo que habría que hacer con quienes se recluyen formando guetos violentos u ocupan las casas, o con quienes vienen sabiendo perfectamente que pueden vivir sin dar ni golpe viviendo de las ayudas del Estado, y además se lo explican a sus compatriotas para que vengan.

La inmigración en España se mueve entre la necesidad que tenemos de personas que vengan a trabajar por nuestra baja natalidad y porque hay españoles que no quieren trabajar en los puestos que ellos escogen, el atractivo que suscita nuestro país para estos inmigrantes que no tuvieron la suerte de nacer en un país como el nuestro y que huyen del suyo por diversos motivos (hambre, guerras, dictaduras), y en medio unos políticos como los del actual Gobierno que tratan de sacar partido.

La población extranjera crece el triple que la española. Los que más llegan son colombianos, marrqouíes y venezolanos

El crecimiento de la población extranjera en España desde que llegó Sánchez en 2018 ha sido espectacular. Solo en los tres últimos años, el número de habitantes en nuestro país ha crecido de 47.486.727 el 1 de enero de 2022 a 49.442.844 el 1 de octubre de 2025, en su mayor parte foráneos. En el último trimestre del que se tienen datos, el tercero de 2025 (hasta octubre), la población con nacionalidad extranjera crecía el triple que la española (78.937 residentes más frente a los 26.551 españoles más respecto al trimestre anterior). En España residen actualmente 9.825.266 personas nacidas fuera de nuestro país. Los inmigrantes que más llegaron en este trimestre fueron colombianos (32.100), marroquíes (23.400) y venezolanos (20.500).

En el periodo más reciente, España se ha convertido en uno de los principales países receptores de inmigrantes de la Unión Europea. En 2022 registró una de las tasas de entradas de extranjeros por cada mil habitantes más elevadas de la UE, incluso por delante de Alemania. En términos absolutos, España se situó en la cuarta posición a escala global entre los países de destino con mayor número de inmigrantes permanentes en 2022, por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.

Es evidente que esta avalancha de inmigración produce tensiones en el día a día de los españoles. No hay más que viajar en el metro de Madrid para constatar que hay más gente que antes y que a veces la educación no es la misma que hemos recibido los españoles; pedir cita en un hospital y comprobar que no se obtiene tan rápido como antes y como a uno le gustaría; o sufrir los incidentes que provocan algunos inmigrantes, una minoría, porque la mayoría viene a España a tratar de ganarse la vida honradamente. De los 5,2 millones de personas que se han incorporado al mercado laboral español entre los años 2002 y 2024, un 75 % tiene nacionalidad doble o extranjera, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Se trata de una mano de obra relativamente joven, que sigue empleándose principalmente en trabajos no cualificados y en servicios (de restauración, personales, de protección y en el comercio), de acuerdo con el informe.

Existe la idea más o menos extendida de que los inmigrantes vienen a resolvernos el problema de las pensiones, algo que muchos economistas han aclarado ya que no es verdad, pues ellos querrán igualmente cobrar su pensión, como es lógico. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, señalaba tramposamente en junio de 2024, cuando más estaban incidiendo en que los inmigrantes nos pagarían las pensiones, que en aquel momento aportaban el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social y solo el 1 % del gasto, sin tener en cuenta que quienes aportan esos ingresos todavía no cobran pensión.

Como explica muy bien el economista Daniel Lacalle en este vídeo, la llegada de inmigrantes con cualificación baja hace que estén dispuestos a trabajar con cualquier sueldo, con lo cual los sueldos bajan.

Los inmigrantes, además, cuestan dinero: los irregulares, una media de 20.000 euros al año. El economista Jesús Fernández Villaverde hizo los números cuando trabajaba en la Oficina Económica de Zapatero. Según sus datos, el 99 % de los inmigrantes que llegaban entonces a España de fuera de la Unión Europea se situaba en el 90 % inferior de renta. Cada inmigrante no cualificado suponía una pérdida de 200.000 euros a lo largo de su vida para el sistema.

Los inmigrantes que llegan a España o Italia desempeñan principalmente ocupaciones poco cualificadas, que son las que demandan sus mercados laborales. Países como Alemania o Canadá buscan atraer migrantes muy cualificados o de cualificación intermedia a través del sistema de puntos o la Blue Card. En nuestro país, además de aprobar de vez en cuando regularizaciones masivas, se apuesta por las regularizaciones individuales, permitiendo a aquellas personas que puedan demostrar algún tipo de arraigo en el país que obtengan un permiso de residencia tras dos o tres años, un mecanismo que fue reforzado a través del Real Decreto 1155/2024. También se ha facilitado el empadronamiento de los inmigrantes sin permiso de residencia, dándoles así acceso a los principales servicios públicos y haciendo menos gravosa su situación inicial de irregularidad.

Cada inmigrante supone una pérdida de 200.000 euros a lo largo de su vida

Los inmigrantes desarrollan un trabajo espectacular en ámbitos como el cuidado de nuestros mayores, cada vez más necesario, y en otros en los que ponen un empeño que ya nos gustaría que pusieran los españoles.

El sistema falla, porque muchos españoles se permiten el lujo de no trabajar cuando podrían hacerlo, y ese trabajo necesario lo cubren a menudo los inmigrantes, y se permite que permanezcan en España personas de fuera que delinquen continuamente.

Los más malpensados, como el catedrático Rodríguez Braun, piensan que el Gobierno puede estar intentando cambiar el censo para hacerlo más proclive a su afiliación política. Es una visión a medio plazo, de ganar votos en ese periodo, cuando ya puedan acudir a las elecciones, pero a corto plazo lo que están logrando es que suba el PIB, que aumenta gracias, básicamente, al incremento de la población, que en su mayor parte proviene del extranjero.

La inmigración requiere de una gestión razonable, que facilite la vida de los que quieren trabajar por España disminuyendo la burocracia, y envíe a su país o a la cárcel a los que vienen a hacer el vago o delinquen. Para eso hace falta un Gobierno que piense en el bien del país, y gestione la inmigración de modo adecuado, también dando los recursos que necesitan a quienes luchan contra los violentos. Solo así la inmigración puede hacer un bien al país. Por otra parte, es bien conocido que la solución a los flujos migratorios globales está en que se ayude eficazmente a los países en origen. Está claro que la mayoría de los inmigrantes no querría haberse ido de su país, pero no ha tenido más remedio. Es evidente que hace falta más implicación de los países ricos si realmente se quiere acabar con este problema.