Los supermercados presionan para acabar con el ticket obligatorio, que les cuesta 10 millones al año

La escena se repite prácticamente en cada supermercado: una montaña de tickets se amontona en las papeleras o en el área de embolsado de las cajas, cuando no acaban desperdigados junto a las puertas de salida o en los aparcamientos. En pleno siglo XXI, cada vez menos consumidores quieren llevarse el recibo, una realidad que ha llevado al sector a reclamar el fin de la obligatoriedad, que supone un coste de unos 10 millones de euros al año.

Asedas, patronal que integra a grandes cadenas como Mercadona, Aldi, Lidl o Dia, ha pedido al Gobierno una modificación del marco legal que obliga a expedir y entregar factura o ticket en todas las operaciones, incluso en compras de pocos euros donde el interés por conservar el recibo es mínimo.

Ley del IVA y el reglamento de facturación vigente exigen la expedición y entrega de justificantes en cada transacción. En la práctica, los comercios cumplen, pero son los propios consumidores quienes deciden si lo recogen, lo tiran o directamente piden que no se les entregue.

La diferencia es sustancial. La distribución alimentaria expide en torno a 5.000 millones de tickets al año. De ellos, cerca del 90 % corresponden a compras inferiores a 50 euros, y un 30 % a operaciones de apenas uno a cuatro artículos, con importes que no superan los diez euros. Precisamente en ese tipo de compras son las que menor interes despiertan por guardar el recibo.

El resultado es un volumen enorme de papel que acaba en papeleras, suelos de tiendas o directamente en la basura. Para los comercios, además, supone un gasto importante en impresoras, consumibles, mantenimiento y gestión de un proceso que, en buena parte de los casos, no responde a una demanda real del cliente.

Desde la patronal advierten también de que la impresión masiva de tickets choca con los objetivos de reducción de residuos y economía circular que promueve el propio Gobierno. «El mejor residuo es el que no se genera», recuerdan, en línea con las políticas de prevención en el consumo de recursos naturales.

Mientras en España la entrega sigue siendo obligatoria, varios países europeos han avanzado hacia sistemas más flexibles. En Francia, desde agosto de 2023 está prohibida la impresión sistemática de recibos y es el cliente quien debe solicitarlo expresamente. Países Bajos y Suiza aplican modelos similares, mientras que en Suecia los pagos con tarjeta ya no generan ticket automático. Incluso en Reino Unido, varias cadenas han empezado a implantar fórmulas opcionales.

La patronal propone mantener en España la obligación de expedir el justificante, pero condiciona su impresión o envío digital a la voluntad del cliente. Tras el pago, el consumidor podría elegir entre no recibir ticket, obtenerlo en papel o recibirlo en formato digital. En caso de necesitarlo posteriormente, el comercio podría facilitarlo a través de sus sistemas informáticos, como ya ocurre en muchos establecimientos.

El objetivo, insisten, no es eliminar la trazabilidad fiscal ni los derechos del consumidor, sino adaptar la normativa a la realidad del comercio actual, reduciendo el consumo de papel innecesario y los costes operativos. Otra cuestión es si este ahorro se trasladará a los clientes o, como suele ocurrir, acabará absorbido por los márgenes de las grandes superficies.