Uno de los puntos clave de esta medida es la gestión de los límites de crédito
El Gobierno pone fin a la obligación de contratar tarjetas de crédito con los bancos
Se prohíbe de forma tajante que las entidades financieras envíen tarjetas de crédito a los domicilios sin petición previa
La relación entre los bancos y sus clientes acaba de entrar en una nueva era de respeto a la voluntad del usuario. Tras años de quejas por la recepción de plásticos no solicitados o el aumento inesperado de los límites de gasto, el Gobierno ha promulgado una ley de crédito al consumo que pone fin a estas maniobras de «financiación automática».
A partir de ahora, la activación de cualquier instrumento de crédito requiere una solicitud explícita y documentada por parte del titular. Se prohíbe de forma tajante que las entidades financieras envíen tarjetas de crédito a los domicilios sin petición previa, eliminando así el riesgo de activaciones accidentales o el cobro de comisiones por productos que el ciudadano nunca deseó tener en su cartera.
El cambio más profundo, sin embargo, afecta a la gestión diaria del crédito disponible. Hasta la fecha, era una práctica común que los bancos ampliaran el techo de gasto de las tarjetas de forma unilateral bajo la apariencia de una «mejora de servicio». La nueva normativa corta en seco esta tendencia, por lo que el límite de una tarjeta de crédito solo podrá subirse si el cliente lo acepta de forma consciente.
Esta medida busca prevenir el sobreendeudamiento, especialmente en las tarjetas de tipo revolving, asegurando que nadie gaste más de lo que originalmente planeó sin pasar por un proceso de reflexión previo. De hecho, la ley introduce un «periodo de enfriamiento» de 24 horas entre la oferta vinculante y su firma, otorgando al consumidor un margen de maniobra para evitar decisiones impulsivas ante la inmediatez de los créditos rápidos.
Fin a los intereses ocultos
Este paquete legislativo también pone orden en los modelos de pago aplazado conocidos como Buy Now, Pay Later (compra ahora, paga después), que a menudo se camuflaban como simples servicios de gestión. Ahora, estos servicios quedan integrados en el perímetro de supervisión financiera, obligando a las plataformas a ser transparentes sobre los intereses y las consecuencias de impago.
En definitiva, el nuevo marco legal devuelve al ciudadano la llave de su capacidad financiera, transformando lo que antes era una imposición bancaria en una decisión estrictamente voluntaria y supervisada.