El Constitucional tumba el recurso de Ayuso contra la Ley de Vivienda al avalar las competencias del Estado

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda al considerar que el Estado tiene competencias para regular aspectos básicos.

Según se informa en una nota informativa, se trata de la cuarta ocasión en la que el Tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de dicha norma estatal.

La resolución, que cuenta con cinco votos particulares discrepantes, esgrime que el Estado puede definir la vivienda como derecho subjetivo y quiénes son sus titulares, para garantizar la igualdad en su ejercicio en todo el país. Además, señala que también puede extender ese derecho a ciudadanos extranjeros, dentro de sus competencias para regular el estatuto jurídico de los extranjeros y las condiciones de igualdad.

El recurso del Gobierno madrileño, de carácter íntegramente competencial, reprochaba a los preceptos impugnados su falta de cobertura en los títulos invocados por el Estado para su aprobación, así como la correlativa invasión de las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid.

Se centraba muy especialmente en la competencia sobre vivienda y urbanismo prevista en el artículo 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía y en el de las competencias municipales en materia de urbanismo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, ha confirmado la constitucionalidad del artículo 8.a) de la Ley 12/2023, según el cual «todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, ya sea en régimen de propiedad, de arrendamiento, de cesión de uso, o de cualquier otro régimen legal de tenencia».

Goza de competencias

Frente a lo señalado en la demanda, el Tribunal ha concluido que el legislador estatal goza de competencias, por una parte, para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para, de otro lado, extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros

En cuanto a lo primero, la sentencia concluye que tanto la naturaleza técnico-jurídica como la titularidad del derecho a la vivienda son extremos cuya determinación «resulta trascendental a la hora de garantizar la igualdad de todos los españoles en su ejercicio en tanto que derecho constitucional, finalidad a la que sirve la competencia reconocida al Estado en el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española y que dota así de cobertura al precepto impugnado».

Por lo que respecta a lo segundo, el Tribunal ha confirmado que el legislador estatal actúa en legítimo ejercicio de sus competencias al extender la titularidad del derecho de «todos los españoles» a «todos los ciudadanos» (alusión en la que podrían entenderse incluidos los ciudadanos extranjeros).

Señala que «el mencionado artículo 149.1.1ª le permite regular las condiciones básicas necesarias para garantizar la igualdad de todos los españoles, el artículo 149.1.2ª le habilita, en una lectura integrada con el artículo 13 CE y según ha establecido la doctrina constitucional (en especial, STC 87/2017, de 4 de julio), para fijar el estatuto jurídico del ciudadano extranjero».

Aspecto éste en el que se incluye, por lo que ahora especialmente importa, «la determinación, en cuanto cuestión más primordial del régimen jurídico del extranjero en España, de los derechos que, correspondiendo, en principio, a los españoles, deben ser extendidos a los ciudadanos de otras nacionalidades radicados en nuestro país», o, lo que es lo mismo, a la fijación de las condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titularidad de los derechos constitucionales.