El importe definitivo puede variar si la unidad de convivencia dispone de otros ingresos
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El Instituto de Mayores y Servicios Sociales coordina la prestación, aunque la gestión directa recae habitualmente en las comunidades autónomas
España cuenta con un colectivo enorme de mujeres dedicadas a las labores del hogar que afrontan una vejez complicada por la falta de cotización. De hecho, la ausencia de una vida laboral remunerada impide el acceso al sistema ordinario de la Seguridad Social y deja a casi tres millones de personas en una situación vulnerable al cumplir los 65 años.
En este sentido, el Estado ofrece un salvavidas financiero para garantizar la subsistencia mediante la modalidad no contributiva. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales coordina la prestación, aunque la gestión directa recae habitualmente en las comunidades autónomas.
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Las tablas vigentes para el año 2026 fijan una asignación mensual de 628,80 euros para quienes cumplen todos los requisitos de carencia de rentas. La suma total anual alcanza los 8.803,20 euros y se reparte en 14 pagas para aliviar la economía doméstica.
El importe definitivo puede variar si la unidad de convivencia dispone de otros ingresos y la ley establece un suelo mínimo del 25 % sobre la cifra base.
El trámite administrativo
Las solicitantes deben acudir a las oficinas regionales de servicios sociales para iniciar el expediente. El proceso cambia ligeramente en las ciudades de Ceuta y Melilla, donde la gestión corresponde directamente al Imserso.
Asimismo, la normativa impide compatibilizar el cobro con cualquier pensión de invalidez o ayuda asistencial previa para evitar duplicidades en las cuentas públicas.
La obligación anual
Por otro lado, obtener el subsidio implica contraer responsabilidades administrativas ineludibles. La perceptora debe presentar una declaración anual de los ingresos de la unidad familiar durante el primer trimestre del año —omitir el trámite puede provocar la suspensión cautelar del pago inmediato—.
A su vez, la administración revisa los datos fiscales de forma regular para evitar fraudes y reclama las cantidades cobradas indebidamente si detecta variaciones patrimoniales no comunicadas a tiempo.
