Un correo apunta a la manipulación de registros para hacer desaparecer 120.000 toneladas de carbón del puerto de Gijón

El juicio por la desaparición de 120.000 toneladas de carbón del puerto de El Musel en Gijón va tomando forma. Varios exdirectivos de EBHI –empresa estatal que gestiona la terminal de graneles– se han acusado mutuamente por las irregularidades. La clave del caso puede estar en la orden por escrito que un alto mando operativo de esta compañía envió para camuflar la salida del mineral bajo el nombre de otro buque.

El 13 de noviembre de 2020, en pleno proceso de salida no registrada de carbón, el jefe de Operaciones de EBHI, Antonio Manuz, envió un correo electrónico a través del buzón genérico del departamento. La instrucción era breve y taxativa respecto al traslado de carbón al Muelle Norte para la empresa NMR –compañía consignataria del mineral–: «En el parte: todo como del Zeus».

El Zeus era un buque que sí contaba con despacho aduanero. Sin embargo, el informe forense elaborado por KPMG ha demostrado que las pilas de las que se estaba extrayendo el carbón bajo esa orden pertenecían en realidad al Berge Triglav, el barco que había dejado la carga en El Musel. De este modo, EBHI registraba los movimientos de un buque con documentación en regla –el Zeus– para encubrir la salida del mineral propiedad de Telf AG sin despacho específico asociado a su cargamento.

La maniobra coincidió con una serie de irregularidades que KPMG califica de «llamativas». Entre el 11 y el 16 de noviembre de 2020, los registros de carga de camiones del Zeus no especificaron de qué pilas procedía el mineral, una anomalía que no se dio en ningún otro cargamento analizado y que, según el informe, facilitó el trasvase.

Además, entre los días 13 y 16 de noviembre –justo cuando se dio la orden del «todo como del Zeus»–, EBHI alegó una «incidencia técnica» que impidió conservar la copia de los programas de operaciones. Tras la reposición del sistema el día 17, y según KPMG, las pilas del Berge Triglav habían «crecido» artificialmente en los planos para ocultar el hueco dejado por el carbón extraído.

El informe revela que este correo no fue una comunicación puntual entre mandos intermedios. El buzón genérico de Operaciones, donde llegó la orden de falsificar el origen del carbón, era accesible para Amalio Álvarez (director de Operaciones) y para Javier Prados (coordinador de Operaciones). A pesar de tener acceso a esta orden de camuflar la salida del mineral, el director de Operaciones permitió que los jefes de turno siguieran cargando camiones para NMR «independientemente de las toneladas levantadas» y, según los registros, permitiendo incluso salidas calificadas en los registros como «sin pesar».

El ensayo del Aquamarie

Semanas antes de la desaparición del cargamento, el buque Aquamarie habría seguido un patrón similar. El 7 de octubre de 2020, el presidente de NMR –empresa hoy en concurso y una de las piezas centrales del caso–, Antonio José Boluda, envió un correo a la entonces directora general de EBHI, Lucía Herrero, con una petición taxativa sobre el Aquamarie: «Lucía, dadle por favor toda la caña posible en cuanto a ratio de descarga».

La respuesta de EBHI fue inmediata. Al día siguiente, Manuz ordenó el despliegue de tres palas trabajando 24 horas y 18 camiones «a la rueda». Según la investigación de KPMG, EBHI descargó un total de 161.331 toneladas del Aquamarie. Sin embargo, los registros demuestran que, mientras el carbón salía de las instalaciones de forma ininterrumpida día y noche hacia el Muelle Norte, solo se despacharon inicialmente en aduanas 35.000 toneladas.

El resto del mineral –más de 126.000 toneladas– abandonó el puerto sin el control aduanero, regularizándose el papeleo meses después, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, cuando el carbón ya ni siquiera estaba en los muelles.

Limpiar la escena

Según KPMG, la celeridad permitió liberar un espacio en las Parvas Central y P3. Tan pronto como estas ubicaciones quedaron reducidas a la «mínima expresión», EBHI comenzó a descargar en esos mismos huecos las 159.984 toneladas del Berge Triglav. Es decir, EBHI utilizó el mismo equipo de operaciones y el mismo patrón de salida no registrada para dos cargamentos consecutivos de Telf.

El informe subraya que la cúpula de EBHI fue advertida. El 5 de noviembre de 2020, cuando la operativa con ambos buques estaba en su apogeo, el CEO de Telf AG envió un email a Álvarez avisando que tenían 250.000 toneladas en sus instalaciones y exigiendo una llamada urgente. «No consta que el Sr. Álvarez contestase», concluye KPMG. Para entonces, el Aquamarie ya se había ido y el Berge Triglav empezaba su propio camino hacia la invisibilidad.

Cruce de acusaciones

Durante el juicio, José Manuel del Arco, ex director general de la Autoridad Portuaria y consejero de EBHI, acusó a Amalio Álvarez de haber «conspirado» contra Lucía Herrero y contra él mismo.

Herrero, por su parte, situó también el foco sobre Álvarez. Según su declaración, fue el entonces director de Operaciones quien le comunicó en 2022 que el carbón había desaparecido, dos años después de las salidas no registradas que ahora analiza el tribunal.

Fuentes del caso explican que las partes estarían tratando de concentrar la responsabilidad en Álvarez –que está llamado a declarar en las próximas sesiones– pese a que, en el organigrama de la época, ocupaba un puesto subordinado a la dirección general y al consejo de administración.

Del Arco también se opuso a la exclusión de Marítima del Principado –agente consignatario de NMR y Telf– y aportó correspondencia de noviembre de 2020 en la que la comercializadora suiza reclamaba formalmente el reconocimiento de su título de propiedad sobre el cargamento. Según esa documentación, los implicados reconocían entonces que el carbón era «100 % propiedad de Telf», al tiempo que se producían los movimientos que ahora son objeto de investigación.

Las próximas declaraciones pueden resultar determinantes. El 27 de abril están citados a testificar Antonio José Boluda y Laureano Lourido, presidente de EBHI y de la Autoridad Portuaria en el momento de los hechos. Más allá de los 52 millones que Telf reclama por la desaparición del cargamento, el procedimiento cuestiona los sistemas de supervisión y control en una de las principales infraestructuras portuarias de titularidad pública del país.