El Gobierno prepara una reforma para penalizar a los caseros que suban el alquiler al renovar el contrato

El Gobierno ha oficializado una importante reforma fiscal con el objetivo de contener los precios del mercado inmobiliario. Esta medida, confirmada por los ministerios de Hacienda y Vivienda, dirigidos por María Jesús Montero e Isabel Rodríguez, respectivamente, establece que los propietarios de viviendas en alquiler verán penalizados sus beneficios fiscales en el IRPF si deciden incrementar la renta al renovar un contrato o formalizar uno nuevo.

Actualmente, los arrendadores disfrutan de una reducción general del 50 % sobre el rendimiento neto de sus alquileres, pero este porcentaje se modulará a la baja para quienes encarezcan el acceso a la vivienda.

Para incentivar la estabilidad de los precios, el Ejecutivo ha diseñado un sistema de bonificaciones que premia la congelación de las rentas. Aquellos caseros que mantengan el mismo precio al renovar el contrato podrán acceder a una bonificación fiscal del 100 %, lo que en la práctica supone que no pagarían impuestos por los rendimientos obtenidos de ese arrendamiento.

Por el contrario, si el propietario opta por una subida, la reducción del 50 % disminuirá, aunque Hacienda ha aclarado que la bonificación no desaparecerá por completo para seguir diferenciando el alquiler de vivienda habitual de otras modalidades como el vacacional.

Cerco al alquiler de temporada y habitaciones

Es importante destacar que esta penalización se aplicará únicamente a las subidas de precio decididas al término de la vigencia de un contrato. Las actualizaciones anuales ligadas al IPC o a los índices oficiales permitidos por la ley quedan excluidas de este «castigo» fiscal, centrándose la reforma en evitar saltos bruscos de precios en las renovaciones.

De forma paralela, el Gobierno también reforzará el control sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, con el fin de evitar que se utilicen como una vía para eludir estas nuevas restricciones fiscales. Esta nueva estrategia busca utilizar la fiscalidad directa como un mecanismo de regulación del mercado, incentivando el mantenimiento de precios razonables a cambio de un alivio tributario total para el pequeño propietario.

La medida se encuentra aún en el aire, pendiente de su aprobación vía Real Decreto-ley y de la posterior convalidación en el Congreso. Para blindar la reforma, el Gobierno deberá amarrar el apoyo de sus socios parlamentarios, un consenso que a día de hoy no está garantizado.