Anticorrupción descartó imputar al hijo de Ábalos por «falta de base probatoria» y a Jésica tras confesar que no fue a trabajar

La primera semana del juicio sobre el 'caso mascarillas' en el Supremo, ha complicado, y mucho, el futuro procesal de dos de los principales acusados, José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre. Sin embargo también, ha dejado algunas incógnitas flotando en el ambiente de la Sala de vistas como, por ejemplo: por qué el ex director gerente de Logirail -quien se tomó la molestia de coger, personalmente, al toro por los cuernos en el asunto del expediente laboral de la ex Miss Asturias 'enchufada'- desapareció en el momento del acuerdo de despido y su liquidación correspondiente; cómo toda una presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, se interesó por los cheques-comida de una auxiliar administrativa, como era Jésica; o, los títulos de libros sobre trenes encontraba Claudia Montes en la Biblioteca de Gijón, para leer durante sus horas de trabajo.

Sin embargo, la pregunta más recurrente entre los asistentes habituales a las vistas celebradas en el Alto Tribunal, que no dejan de ser espejo de la opinión pública es el motivo por el que ni Jésica, que cobró un sueldo público sin ir a trabajar, ni el hijo de Ábalos, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó labores de «custodio» del dinero de su padre en el extranjero. Extremo, éste, que él mismo se encargaba de negar, con rotundidad, durante su comparecencia en la Sala de vistas, el pasado martes, como primer testigo citado en la causa especial que ha llevado a su padre a sentarse en el banquillo. «Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie», insistía.

No hay gato encerrado. Lejos de las especulaciones y de inexistentes pactos con la Fiscalía, que además no están previstos para los testigos en el sistema jurídico español, la «falta de base probatoria suficiente» explica, en este caso concreto, los motivos que llevaron a Anticorrupción a dejar a Víctor Ábalos fuera de la acusación formal.

En un principio, el vástago del ex ministro estuvo bajo la lupa de los investigadores que, bajo la dirección jurídica del magistrado instructor del 'caso PSOE', el juez Leopoldo Puente, confeccionaron un informe de averiguación patrimonial que, en último término, y para el procedimiento penal en curso se ha presentado como

Además, Víctor aseguró, en ocasiones preliminares de las pesquisas, cuando estalla la causa, que el que fuera sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización socialista, el también imputado Santos Cerdán, «fue a casa de mi padre para que no cantara y le ofreció un cheque en blanco en nombre del presidente [Pedro Sánchez]: el pago de los abogados, un trabajo en la consultora Acento, tertulias televisivas, todo lo que quisiera». Unas afirmaciones en las que, como publicó El Debate en primicia, algunos advirtieron signos de que estaba dispuesto a «tirar de la manta» y con las que abonaba el terreno para una posible colaboración con la Justicia.

Finalmente, y pese a las sospechas de su intervención en la trama como presunto testaferro de las andanzas de su padre y el que fuera asesor de éste, Koldo García Izaguirre, en el extranjero, las acusaciones de la causa –tanto la Fiscalía como los letrados de la acción popular, encabezada por el PP– se decantaron por citarlo, única y provisionalmente, como testigo.

Jésica, partícipe a título lucrativo

El escenario, para Jésica Rodríguez, a quien esta semana hemos visto acudir camuflada al Supremo, para declarar como testigo, es muy diferente. La Fiscalía no acusó a la joven, pese a que ella misma reconoció haber cobrado un sueldo público de las empresas Ineco y Tragsatec, ambas dependientes del Ministerio de Transportes en último término, aunque durante los dos años que estuvieron vigente sus contratos, no había acudido ni un solo día a trabajar.

Fue, precisamente, esta última confesión –que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desconocían en el momento en el que ella la realizó en su primera declaración en el Supremo, en la fase de diligencias preliminares– la clave para salvar su situación. Y, así, según han apuntado fuentes consultadas por El Debate en Anticorrupción, se ha interpretado la transparencia de la joven como un signo de su voluntad de colaborar con la Justicia que «ha de ser tenido en cuenta».

Lo que no implica que, en su posición, y sin que deba asumir responsabilidades penales directas, no tenga que devolver a futuro, en la secuela del 'caso mascarillas' que se seguirá en la Audiencia Nacional para los no aforados, el importe percibido de manera indebida y que ascendió hasta los 44.000 euros. No en vano, el derecho español distingue, entre las consecuencias criminales y las patrimoniales para unos mismos hechos irregulares.

Así las cosas, Jésica Rodríguez, ex amante del exministro José Luis Ábalos, podría ser formalmente condenada, a futuro, como partícipe a título lucrativo del delito de malversación por el que están acusados varios ex altos cargos de Adif , como la entonces presidenta de la entidad Isabel Pardo de Vera. Es decir, la joven se benefició de los frutos de un delito aunque desconocía la comisión del mismo y no participó, consciente y activamente, en su comisión, por lo que la sanción prevista pasaría por reintegrar al erario los más de 34.000 euros que percibió de Ineco, entre 2019 y 2021; y, los 9.500 que, en 2021, le pagó Tragsatec.