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La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.EP

El Gobierno encarga a la CNMC vigilar a las energéticas ante posibles subidas de precios por la guerra

Transición Ecológica asegura que el impacto energético aún está lejos del registrado tras la invasión de Ucrania en 2022

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que ejerza la «máxima supervisión» sobre las empresas energéticas ante una eventual subida de los precios.

En una entrevista publicada este domingo en El Periódico, la ministra explicó que el Ejecutivo quiere seguir de cerca la evolución de los mercados mayoristas de energía y su posible traslado a los consumidores. «Hemos solicitado a la CNMC máxima supervisión para ver cómo reaccionan los mercados mayoristas y cuál es el impacto sobre los precios minoristas tanto de electricidad como de productos petrolíferos», señaló.

El objetivo, según Aagesen, es evitar que los consumidores sufran un impacto superior al derivado de la propia evolución de los mercados energéticos. «Es importante que el organismo supervisor esté muy pendiente para que los consumidores no sufran un impacto que no sea el deseado», afirmó.

El conflicto en Oriente Medio ha reintroducido la incertidumbre en los mercados energéticos, especialmente por el riesgo de interrupciones en las rutas de transporte de petróleo y gas. Sin embargo, la ministra considera que, por ahora, la situación se encuentra lejos de la crisis energética que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En este contexto, el Ejecutivo descarta por el momento la adopción inmediata de medidas extraordinarias. Aagesen señaló que todavía es «muy precipitado» plantear un nuevo paquete de actuaciones y subrayó que la respuesta dependerá de la evolución del conflicto y de su impacto sobre las infraestructuras energéticas.

«Todas, absolutamente todas las medidas están ahora mismo encima de la mesa», afirmó la vicepresidenta, aunque reconoció que aún es pronto para determinar cuáles podrían resultar necesarias.

Según explicó, el Gobierno solo se plantearía activar nuevas medidas si se produjera «una evolución abrupta de los mercados» o si se consolidara una situación de tensión prolongada en los precios de la energía.

Por ahora, tampoco se han activado mecanismos de emergencia a escala internacional. La ministra indicó que ni la Comisión Europea ni los Estados miembros han planteado medidas específicas, y que tampoco la Agencia Internacional de la Energía ha propuesto liberar reservas estratégicas de petróleo.

El seguimiento de la situación, añadió, se está realizando de forma constante en coordinación con las instituciones europeas. «Después de numerosas reuniones a escala europea tenemos un seguimiento permanente. No hay ninguna señal de que Europa esté pensando aquí y ahora aplicar un paquete de medidas», explicó.