​La UE permite eximir del IVA a los autónomos que facturen hasta 85.000 euros y España aún no lo aplica

El Partido Popular llevará esta semana al Congreso una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a implantar un régimen de exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. La medida, que forma parte del plan de apoyo a los trabajadores por cuenta propia presentado por Alberto Núñez Feijóo, busca además que España cumpla con la normativa europea que obliga a introducir este sistema para pequeñas empresas.

La propuesta registrada por el grupo popular reclama la transposición de la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo de la Unión Europea, que permite establecer un régimen especial de franquicia del IVA para negocios con una facturación anual inferior a 85.000 euros. El objetivo de esta normativa es reducir las cargas fiscales y administrativas que soportan los pequeños negocios.

Según el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso El Debate, España cuenta con más de 3,4 millones de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que representan alrededor de la mitad de las empresas activas del país y generan más de 1,1 millones de empleos. El PP sostiene que simplificar los trámites fiscales y reducir la burocracia para estos trabajadores tendría un impacto positivo en la competitividad y en la creación de actividad económica.

La iniciativa forma parte del denominado «Contrato con los Autónomos» presentado por Feijóo, un paquete de medidas con el que el PP plantea reducir impuestos y trámites para los trabajadores por cuenta propia. Entre las propuestas incluidas en este plan figuran también la llamada «tarifa cero» para nuevos autónomos, la reducción de declaraciones fiscales o la exención temporal de cotizaciones en determinados supuestos.

La propuesta llega en un momento particularmente tenso con Bruselas por el retraso en la transposición de la directiva comunitaria. La Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado a su legislación este régimen especial del IVA, cuyo plazo máximo de aplicación expiró el 1 de enero de 2025.

El Ejecutivo comunitario envió primero una carta de notificación formal al Gobierno y posteriormente remitió un dictamen motivado al constatar que la normativa seguía sin aplicarse. Según fuentes comunitarias, las autoridades españolas reconocieron que no habían aprobado las disposiciones necesarias y se comprometieron a hacerlo antes de finales de 2025, aunque por ahora no consta que se haya notificado su cumplimiento.

Bruselas también ha señalado que España no ha adoptado las medidas necesarias para permitir que las empresas españolas puedan acogerse a este régimen cuando venden bienes o servicios en otros Estados miembros, una obligación que sí establece la directiva. En caso de persistir el incumplimiento, el procedimiento podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Simplificación administrativa

El sistema que plantea la normativa europea, conocido como IVA franquiciado, permite a determinados autónomos quedar exentos de repercutir este impuesto en sus facturas siempre que no superen el umbral de facturación anual fijado por cada país, con un máximo de 85.000 euros.

Fuentes del sector explican que este régimen supone sobre todo una simplificación administrativa. Los profesionales que se acogieran a él no tendrían que presentar las declaraciones trimestrales del IVA ni el resumen anual del impuesto, lo que reduciría los trámites fiscales y los costes de gestión asociados a la actividad.

A cambio, estos autónomos tampoco podrían deducir el IVA soportado en sus compras ni incluir el impuesto en las facturas que emitan a sus clientes. El régimen es voluntario y los autónomos pueden optar por seguir aplicando el sistema ordinario del impuesto.