​Renfe exige 500 autobuses para su contrato de casi 1.000 millones y el sector amenaza con impugnarlo

El anuncio de Renfe de crear una empresa de autobuses para cubrir incidencias ferroviarias ha provocado el enfado del sector del transporte por carretera. Las asociaciones advierten de que las condiciones del concurso restringen la competencia y favorecen a los grandes operadores del mercado.

La operadora pública anticipó hace unas semanas la creación de una sociedad participada para gestionar los llamados Planes Alternativos de Transporte (PAT), el sistema que permite trasladar a los viajeros por carretera cuando se interrumpe la circulación ferroviaria por obras, incidencias técnicas, accidentes o fenómenos meteorológicos.

La idea es crear una empresa participada al 49 % por Renfe y al 51 % por el adjudicatario del contrato, que asumirá la gestión del servicio. Según los pliegos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el acuerdo marco tendrá una duración inicial de diez años con un presupuesto base de 647 millones de euros, aunque cuenta con la posibilidad de prorrogarlo cinco años más, con un valor total de 923 millones.

El concurso exige unas condiciones muy duras a las empresas que quieran participar. Entre los requisitos figura la obligación de contar con al menos 500 autobuses en propiedad o bajo control empresarial, así como presencia operativa en varias zonas clave del país, como Madrid, Barcelona, la Comunidad Valenciana y varias provincias andaluzas.

Estas condiciones han provocado la reacción de asociaciones del sector. Desde Direbús, que agrupa a pequeñas y medianas empresas del transporte de viajeros por carretera, consideran que el diseño de la licitación excluye a la mayor parte del tejido empresarial.

«Las condiciones del pliego incluyen requisitos que, en la práctica, dejan fuera a centenares de pymes dedicadas al transporte de viajeros», señala la asociación, que ya ha avanzado su intención de impugnar el concurso.

Según la organización, el sector del transporte de viajeros en España está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que garantizan la capilaridad del servicio y generan empleo en todo el territorio. «El futuro del transporte por carretera no puede construirse excluyendo a quienes representan la base del sector», advierten.

Renfe pretende ahora asegurar la disponibilidad de autobuses y conductores incluso en momentos de alta demanda, cuando coinciden cortes programados por obras en la infraestructura ferroviaria con incidencias imprevistas que obligan a suspender la circulación de trenes.

Hasta ahora, la compañía contrataba estos servicios mediante licitaciones específicas cuando los cortes estaban previstos –principalmente por trabajos de mantenimiento o modernización de la red– o recurría a contrataciones directas en situaciones urgentes.

El problema es que las exigencias del concurso limitan en la práctica la participación a grandes operadores del sector como Alsa o Avanza. Con esta última empresa, precisamente, Renfe mantiene distintos acuerdos comerciales. En enero de este mismo año, sin ir más lejos, el operador público renovó su acuerdo de intermodalidad Avanza para la comercialización de billetes combinados de tren y autobús.

Conexión con Avanza

Desde la llegada de Álvaro Fernández Heredia a la presidencia de Renfe, la operadora ha incorporado a varios directivos procedentes de Avanza o de su matriz mexicana, Mobility ADO. Entre ellos figuran Antonio García Pastor, actual responsable de Estrategia Global de Renfe, y Clara Moreno, gerente del Área de Desarrollo y Organización en Renfe Viajeros, ambos procedentes del grupo Avanza o de Mobility ADO.

También el anterior director general de Renfe Viajeros, Rafael Cortés, procedía de este grupo. No obstante, abandonó el operador público el pasado mes de julio, apenas nueve meses después de su nombramiento.

Renfe defiende el modelo

Desde Renfe sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la gestión de los planes alternativos de transporte y reducir la dependencia de empresas externas. Según la compañía, la creación de esta sociedad permitirá disponer de una flota estable de autobuses y personal de conducción suficiente para responder con mayor rapidez a las incidencias en la red ferroviaria.

Además, calcula que el nuevo modelo permitirá ahorrar entre 90 y 130 millones de euros en la próxima década respecto al sistema actual de contratación de autobuses. La operadora subraya que es la única empresa ferroviaria que organiza directamente transporte alternativo cuando un viaje no puede realizarse en tren, independientemente de la causa de la interrupción del servicio.