El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
La Intervención quiere controlar que no haya delincuentes que reciban ayudas públicas
El órgano de control del sector público anuncia que quiere evitar que hayan llegado subvenciones a personas que hayan cometido delitos de prevaricación, cohecho o malversación de caudales públicos, entre otros
La Intervención del Estado, el órgano de control interno del sector público estatal, quiere auditar que no haya delincuentes que pudieran recibir subvenciones o contratos con la Administración. Así consta en el plan anual de control al que ha tenido acceso El Debate.
En concreto, la Intervención señala que este 2026 se va a llevar a cabo un control de inhabilitaciones. «El objeto de este control es verificar que no existen beneficiarios a quienes se hayan concedido subvenciones o ayudas estando sujetos a una sanción o una condena de prohibición de acceso a subvenciones, tal y como se prevé en las letras a y h del artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones».
¿Qué dicen esos apartados del artículo 13 de la mencionada ley? Este artículo se refiere a los requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones. Y se especifica que no podrán obtener esta condición aquellas personas que hayan sido «condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos».
Tampoco podrán recibir las ayudas las personas que hayan sido sancionadas «mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan».
Otro de los controles que va a llevar a cabo la Intervención, en el marco del control financiero a las subvenciones, es el llamado «control de mínimis». Como señala el citado plan del órgano de control, «la finalidad de este control será comprobar que no se han registrado en la BDNS [Base de Datos Nacional de Subvenciones] concesiones de subvenciones en régimen de mínimis que superen los umbrales establecidos en la normativa europea».
Límite de 300.000 euros
Pero, ¿qué es el régimen de minimis? El régimen de mínimis de la Unión Europea permite a los Estados miembros conceder ayudas públicas de cuantía pequeña sin necesidad de notificarlas previamente a la Comisión Europea por entenderse que no distorsionan la competencia. Eso sí, los Estados miembros no pueden conceder más de 300.000 euros durante 3 años a una única empresa, tal y como indica la página web de la Unión Europea.
Dentro del control financiero de las subvenciones, la Intervención señala que su plan engloba controles correspondientes a siete políticas de gasto que son: Industria y Energía; Servicios Sociales y Promoción Social; Cultura; Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización; Comercio, Turismo y Pymes; Agricultura, Pesca y Alimentación e Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes.
Vigilancia a los contratos de emergencia
El plan de la Intervención también pone atención en los organismos sujetos a control financiero permanente, es decir, aquellos en los que el órgano no puede controlar la legalidad de sus gastos antes de que estos se produzcan.
La Intervención señala que, a fecha del presente informe, «existen 89 organismos públicos sujetos a control financiero permanente en el ámbito de la Intervención con actividad durante 2025 y 8 en el ámbito del Ministerio de Defensa, además de los 22 departamentos ministeriales, incluido el Ministerio de Defensa, y 3 órganos superiores. En el ámbito de la Intervención General de la Seguridad Social, son 6 las entidades gestoras y servicios comunes sujetos a esta modalidad de control».
El plan de control financiero permanente de la Intervención incluye las actuaciones a realizar en «todos los departamentos ministeriales, la mayoría de los organismos autónomos y agencias estatales, y en las entidades públicas empresariales y otras entidades públicas que están sometidas a esta modalidad de control». Son actuaciones a implementar por 97 intervenciones delegadas.
Además de las actuaciones propuestas por cada intervención delegada, se han determinado «controles de carácter horizontal que abarcan departamentos u organismos con una problemática común».
Así, el plan ha seleccionado las siguientes actuaciones: los contratos de emergencia en los distintos departamentos ministeriales y control de obras en organismos seleccionados de acuerdo a sus riesgos, donde están incluidos todos los OPIS.
