Imagen de un centro de datos
Guerra del Gobierno a las fábricas de IA: multas y «pruebas de vida» arriesgan inversiones mil millonarias
El Ejecutivo aprovecha la guerra en Irán para establecer nuevos requisitos a los centros de datos, a los que acusa de saturar la red, que crecieron un 24 % en 2025
El futuro pasa cada vez más por la Inteligencia Artificial, pero sus 'fábricas' son cada vez más antipáticas para el Gobierno. Tanto, que ha aprovechado el Real Decreto-ley con medidas extraordinarias por la guerra de Irán –aprobado el pasado jueves por el Congreso– para imponerles nuevos requisitos.
España se ha convertido en los últimos años en una suerte de paraíso para los centros de datos. Gigantes mundiales como Amazon han apostado por territorios como Teruel para implantarlos, con inversiones de miles de millones de euros. Tanto es así que la potencia instalada en centros de datos comerciales alcanzó el año pasado los 439 MW, un 24 % más que en 2024, según cálculos de la Asociación Española de Data Centers, Spain DC.
Según el sector, los centros de datos aspiran a inyectar 66.900 millones de euros hasta 2030 en la economía española, con un impacto en el PIB de 7.300 millones de euros y 16.000 empleos. Supondría multiplicar por seis la escala actual del mercado en apenas cinco años.
«Contar con capacidad digital instalada es también una cuestión de autonomía estratégica y soberanía digital», trasladó la directora ejecutiva de Spain DC, Begoña Villacís, en un reciente encuentro con medios.
Según Spain DC, Madrid es el principal nodo nacional y regional, junto con Barcelona, mientras que Aragón y algunas partes de la Comunidad Valenciana están ganando cada vez más peso.
En el sector gusta, sobre todo, que España ofrece energía renovable barata. El Ejecutivo, sin embargo, mira con recelo este crecimiento, en un momento en el que además la red roza el colapso, en gran medida, según Red Eléctrica, por proyectos que piden solicitud de acceso pero luego tardan años en materializarse, si es que lo hacen.
«El sistema de otorgamiento ha favorecido la aparición de un fenómeno de acaparamiento de acceso para la demanda, en ocasiones con fines especulativos», afirma el Gobierno. Según sus estimaciones, hasta el 90 % de la capacidad de acceso a la red de distribución «ha sido otorgada a promotores que, hasta la fecha, no han hecho uso efectivo de la misma».
Entre las medidas que se impondrán para los nuevos centros de datos destaca la obligación de cumplir una serie de hitos antes de que expire el período de caducidad del permiso (cinco años); el pago del 10 % del importe de la posición de la red de transporte en un plazo de 12 meses, o la firma del contrato de Encargo de Proyecto en un plazo máximo de 3 años. Hitos, todos ellos, que según el Gobierno «actúan como prueba de vida» de los proyectos, y que serán de aplicación a todas las nuevas instalaciones que se conecten con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.
