Irán aviva de nuevo la mecha que Sánchez puso en la bomba de las pensiones

La cercanía de las vacaciones suele ser un momento oportuno para dar noticias que se atragantan. Lo saben las empresas –ahí está la dimisión de Ángel Escribano– y también, por supuesto, los gobiernos. Casualidad o no, datos tan relevantes como los cierres de año de deuda, déficit o recaudación fiscal se publican tres meses después de que acabe el ejercicio, con lo que suelen coincidir con la Semana Santa.

La justificación oficial es que hace falta tiempo para pulir y dar brillo cantidades ingentes de información que se entrecruza entre sí. Pero con las redacciones peladas y el ciudadano pensando en la playa, es fácil aceptar las explicaciones del Gobierno de turno antes de ponerse a hacer la maleta.

Entre las cifras conocidas esta semana destacan las de la Seguridad Social. El ministerio subraya que la institución está saneada: el déficit cae al 0,4 % del PIB, su nivel más bajo desde 2011, gracias al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales. Incremento, de hecho, se queda corto: se dispararon el año pasado un 6,9 %, hasta el nuevo récord de 176.918 millones de euros.

La cifra alcanza ya el 10,5 % del PIB, tras incorporar en los últimos años nuevos incrementos por la reforma de José Luis Escrivá y Pedro Sánchez. Escrivá puso en marcha nada menos que tres aumentos de las cotizaciones sociales –que economistas como José María Rotellar califican de «impuesto oculto», puesto que queda diluido al pagarlo en gran medida el empleador y detraerse de la nómina–.

A saber: un aumento de las bases máximas de cotización que castiga sobre todo a los salarios altos; una nueva Cuota de Solidaridad, también para los salarios que superan la base máxima; y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este último nombre rimbombante oculta un recorte en su nómina, y en la de todos. Cada año la reduce además un poco más: se estrenó en 2023 con un 0,6 %, alcanzó el 0,8 % en 2025 y seguirá subiendo hasta llevarse, en 2029, el 1,2 %.

Pero ni siquiera este nuevo récord evitó otro récord: en 2025 el Estado tuvo que salir de nuevo en rescate de la Seguridad Social con una transferencia de 47.815 millones de euros, un 11 % más. Llueve sobre mojado: llevamos ya siete años de transferencias mil millonarias, cada vez más voluminosas, para poder hacer frente a los ingentes gastos de la reforma de pensiones de Sánchez y Escrivá, que desde 2022 volvió a vincular las pensiones al IPC, derogando el índice de revalorización de las pensiones (IRP) de reforma de 2013.

Numerosos organismos y economistas, incluyendo el Banco de España, advirtieron entonces que no era una buena idea. Cada incremento de la inflación tensa de nuevo las costuras del sistema. Y se viene otro de grandes dimensiones: según el mismo Banco de España la guerra en Irán puede llegar a desbocar los precios hasta un 5,9 %. Si se llegara a este escenario, la factura se encarecerá en otros 11.000 millones de euros a partir del año que viene, agrandando una factura, la de las pensiones, que alcanza ya los 189.000 millones. Una subida que se consolida y que no hace sino incrementarse en los siguientes ejercicios. En esta ocasión, eso sí, el Banco de España –donde ha acabado precisamente Escrivá– ha evitado hacer referencias incómodas.