El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Yolanda Díaz y Cristina Garmendia
La SEPI continúa la negociación con la empresa asesorada por la exministra Garmendia a pesar de que el expediente lo tilda del «cuento de la lechera»
Técnicos de la SEPI ven inasumible el coste de la operación con la firma de ciberseguridad porque se trataría de un «préstamo encubierto»
«Operación Savoia» es el nombre en clave de las negociaciones entre la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), que depende aun de la hasta hace unos días vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y S2Grupo Soluciones de Seguridad, compañía especializada en ciberseguridad con capital 100 % español asesorada por Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desde su puesto de presidenta del Consejo Asesor de la firma valenciana, como contó en exclusiva El Debate a finales de enero de este año.
Ante la salida de Montero del Ejecutivo, Belén Gualda, presidenta de la SEPI, tiene instrucciones de acelerar la operación que continúa en el máximo de los sigilos para que no se convierta en un nuevo culebrón económico para Moncloa como el pulso protagonizado por Ángel Escribano, presidente de Indra, por su fusión fallida con su propia compañía familiar Escribano Mechanical & Engineering. Por ello, Garmendia, que no aparece su función de consultora en la página web de S2Grupo –«porque así expresamente lo solicitó ella desde el principio»–, continuaría con su asesoramiento para que la compañía pudiera entrar como participada en la SEPI. De hecho, aseguran fuentes informadas de la negociación, que «su buena comunicación con un alto cargo del Comité de Dirección del Partido Popular en Génova sería una especie de salvoconducto para que no hubiera ruido».
Actualmente, la SEPI tiene en su poder informes especializados de dos firmas de consultoría para conocer si la operación es viable. Por un lado, Gómez-Acebo & Pombo como asesores jurídicos, y, por otro, Crowe para la información económica, «que estipula que la compañía pasaría a valorarse en más de 396 millones de euros en 2030», cuando la propia S2Grupo comunicó cuando lanzó su Plan Estratégico 2025-2030, un proyecto que refuerza su ambición de convertirse en líder en ciberseguridad en Europa, que contemplaba una inversión superior a 200 millones.
Según el expediente en tramitación, que ha sufrido algunas modificaciones en sus cifras durante la negociación, «la SEPI solo recibiría el 20 % de las acciones de S2Grupo a cambio de desembolsar 38,5 millones de euros», lo que se considera «una cifra desproporcionada» cuando internamente «se piensa que su valor es menor de lo que aportaría el holding público», y se trataría en realidad de «un préstamo encubierto de la sociedad estatal a S2Grupo para financiar su expansión». Fuentes consultadas de la SEPI aseguran que esos cálculos «son el cuento de la lechera», porque «la única forma de que fuera creíble sería que la compañía aportará un listado de compromisos de posibles contratos por esa cantidad».
A pesar de que la dirección de la SEPI tiene esta información sobre la mesa, «hay una especie de obsesión por seguir adelante». Se amparan en la dificultad de obtener información de los expedientes como ocurrió con el caso de Plus Ultra o Air Europa, que se escudaron en que era información estratégica para no entregar ningún informe ni siquiera a la juez que investigaba el caso de la aerolínea venezolana en quiebra.
A finales de enero de este año, S2Grupo, Sociedad Limitada Unipersonal con 500.000 euros de capital social, cofundada y dirigida por José Miguel Rosell Tejada y Miguel Ángel Juan Bello, comunicó que consolidó «su crecimiento por encima del 50 %» y situó «su facturación en los 56,7 millones de euros anuales, con un EBITDA del 8,5 %». Desde el grupo reconocen que «hasta la fecha no tienen información» y que «es la SEPI quien tiene que informar de las operaciones donde participa». Además, explican que es «muy común recibir constantemente propuestas de inversión». Aseguran que 2025 «ha sido un buen año» y que «el crecimiento sostenido de un 25,4 % entre 2021 y 2025 es muy positivo». El anterior ejercicio la compañía fue a pérdidas –1.632.153 euros–, a pesar de facturar 37 millones de euros, «por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado» que hicieron que tanto «los proyectos en curso, así como los nuevos proyectos previamente consolidados, quedaron paralizados», como se explicaba en el apartado de transparencia financiera.
Actualmente, S2Grupo cuenta entre sus clientes con las principales administraciones, entre ellas, el Ministerio de Defensa regido por Margarita Robles, que en agosto de 2025 adjudicó un contrato sin publicidad de 1.322.313 euros, y otro en octubre de 7.765.683 euros para la adquisición de un sistema de monitorización y ciberdefensa para los centros de operaciones de seguridad de los Ejércitos, «que son proyectos de largo recorrido». Además, están vinculados al Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por el que se ha desarrollado la herramienta denominada GLORIA, pionera de análisis de ciberataques con capacidades de inteligencia artificial o con la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa para proporcionar asistencia técnica a las ciberoperaciones del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) del Ministerio de Defensa.