La empresa que contrató a Jéssica Rodríguez, en el centro del caso de corrupción de Forestalia

Sin Tragsatec no habría caso Forestalia, la trama investigada por «supuestos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal». La empresa pública integrada en Tragsa, cuyo máximo accionista es la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) se convirtió «en la herramienta central para tramitar los proyectos del Grupo Forestalia» a través de Eugenio Jesús Domínguez Collado, ex subdirector general de Evaluación Ambiental, que dependía del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) en la etapa de Teresa Ribera, según el informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA).

«La mayoría de proyectos del Grupo Forestalia eran asignados directamente a Tragsatec» bajo la «supervisión exclusiva de Eugenio Domínguez», investigado por amañar presuntamente licencias en favor de la empresa presidida por Fernando Samper. Domínguez se autoasignaba la Evaluación de Impacto Ambiental para delegarlos en Tragsatec, su «leal guardia pretoriana». De esta forma creó una «vía paralela de tramitación» que aumentó con el denominado «boom de las renovables», donde se garantizaba el «control total sobre el resultado de las evaluaciones» y así se aseguraba «la aprobación de los proyectos del Grupo Forestalia». Domínguez «utilizó la asistencia de Tragsatec en más de 100 proyectos relacionados con las energías renovables».

Entre esos proyectos que se reasignó el ex alto cargo de Teresa Ribera sin que le correspondiera estuvo la «actuación irregular» del Clúster Maestrazgo, el macroproyecto eólico más grande de España, que se ratificó dos días antes de vencer el expediente, el martes 23 de julio de 2024, en el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, a pesar de ser considerado por los técnicos como un proyecto de «complejísima aprobación».

Samper, «el principal beneficiario desde el sector privado», tramitó el proyecto del Clúster Maestrazgo «como 22 parques eólicos independientes de 50 MW cada uno», cuando realmente comprende 173 kilómetros de línea de alta tensión con 125 aerogeneradores de 200 metros de altura en una superficie total de 71.500 hectáreas. Así, eludía la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica, que a su vez estaba bajo la dirección de Domínguez, alto cargo del mismo Ministerio, cerrando el círculo con la ayuda de Tragsatec. La sociedad participada por la SEPI actuaba «como nexo entre el MITECO y el equipo técnico de la empresa».

Tampoco hay que olvidar que tanto Forestalia, que consiguió supuestamente más de 17 millones de euros en subvenciones públicas para una de sus filiales, como el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico fueron registrados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la investigación de la Audiencia Nacional sobre la conocida trama SEPI, donde actuaba la fontanera del PSOE, Leire Díez; el empresario de Servinabar, Antxon Alonso; y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández Guerrero.

Tragsatec el perejil de todas las tramas

Asimismo, Tragsatec, filial de Tragsa (51 % SEPI), está investigada en una de las tramas del caso Koldo. La sociedad enchufó a Jésica Rodríguez, la amante de José Luis Ábalos, sin que se dieran los requisitos de mérito y capacidad en un proceso selectivo público con «la decisiva participación» de Isabel Pardo de Vera. El puesto, con una retribución de 16.533 euros brutos anuales, estaba adscrito a Presidencia de Adif y ubicado en las oficinas de la calle Sor Ángela de la Cruz, lugar al que Jésica nunca se presentó a trabajar.

Pardo de Vera está imputada por la «irregular y caprichosa contratación» de la «sobrina del ministro», como figuraba en los datos de contratación de Tragsatec, y, a su vez, en la trama Cerdán porque «habría podido prestar asistencia» al ex ministro de Fomento a través de Koldo García para «que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término».