La senadora de Vox Paloma Gómez durante un pleno en la Cámara Alta
Vox forzará hoy al PP a pronunciarse en el Senado sobre la ilegalización de Bildu
Alude a la ley de Partidos, de 2002, que permite a la Cámara Alta instar al Gobierno a pedir que se ilegalice una formación política
Vox lleva al Pleno del Senado este miércoles una moción para instar al Gobierno a pedir la ilegalización de Bildu. La formación de Santiago Abascal quiere forzar al PP a que se pronuncie sobre esta cuestión, que Vox ha planteado en varias ocasiones en las Cortes, sin éxito. Si la iniciativa sale adelante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaría obligado a solicitar al Tribunal Supremo que estudie la ilegalización del partido de Arnaldo Otegi, puesto que en este caso se trata de una moción vinculante.
Desde Vox aluden a la ley de Partidos Políticos del año 2002, que en su artículo 11, se recoge que: «El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno a que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artículo 9» de dicha ley. En este sentido, la formación considera que la actividad de Bildu ha incurrido «de forma grave y reiterada» en los supuestos que este último artículo contempla.
«Consideramos que hay hechos que hacen determinar que Bildu sigue siendo ETA», resumen fuentes de Vox. «No debería existir», subrayan. Y hacen referencia, por ejemplo, al hecho de que se esté excarcelando a presos etarras por exigencia del partido abertzale, o que en las elecciones de 2023 este incluyera en sus listas a 44 condenados por pertenencia a la banda terrorista y siete de ellos, por delitos de sangre, o al hecho de que no condenen el terrorismo. Estas fuentes recalcan además que quedan aún 379 crímenes perpetrados por ETA sin resolver y que el Gobierno podría «apretar» a Bildu para que se colaborara para esclarecerlos y traer con ello «dignidad y justicia para las víctimas».
Vox considera que el PP está «titubeando» a la hora de tener que pronunciarse claramente sobre la ilegalización y está «mareando la perdiz». Los populares han presentado una enmienda de modificación al texto. Como último párrafo de la exposición de motivos quieren escribir:
«Por todo ello, es obligado instar la ilegalización de EH Bildu, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, con las reformas legales adecuadas, eficaces y plenamente constitucionales impidiendo, con ello, que formaciones políticas que no condenen el terrorismo lo blanqueen o incorporen en sus candidaturas a condenados por terrorismo amparándose en vacíos legales incompatibles con la dignidad democrática».
No obstante, suprime de los puntos el primero que incluye Vox, que es el de instar al Gobierno a solicitar la ilegalización del partido de Otegi. El PP, que sí mantiene los puntos siguientes -como el de exigir al Ejecutivo «su más enérgica repulsa a la banda terrorista ETA y a todas las organizaciones de su entramado entre las que el Tribunal Supremo incluyó a EH Bildu como sucesora de Batasuna (...)», o el de manifestar su apoyo a toda medida que sea para proteger la memoria de las víctimas-, añade otros como exigir que impulse una reforma del Código Penal para garantizar que no prescriban los delitos de terrorismo y que se revise la tipificación del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas ante los ongi etorris y otras «manifestaciones de exaltación».
También, que se cambien las leyes correspondientes para que cualquier beneficio penitenciario quede supeditado, entre otras cosas, «como condición irrenunciable», a la colaboración efectiva con la Justicia, la petición de perdón o el «repudio expreso de la actividad terrorista». O que se reforme la ley electoral para que los condenados por terrorismo no puedan ser elegidos. Unos puntos que Vox comparte y que considera que se pueden añadir al texto, pero advierte: «No vamos a renunciar a nuestro objetivo inicial (la ilegalización de Bildu)». «El PP tiene que pronunciarse», señalan desde el partido de Abascal.