La UCO confirma que Ábalos usó su cargo de ministro para intentar dar un pelotazo de 1,2 millones con la venta del inmueble de Perú

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa investigando el patrimonio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el marco de la causa que instruye el Tribunal Supremo sobre la trama de corrupción vinculada a su entorno. El Debate publica hoy en exclusiva que los agentes han incorporado a sus pesquisas indicios de que el que fuera hombre fuerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apoyó en la red para intentar vender por 1,2 millones de dólares un inmueble ubicado en Perú que figura a su nombre, una operación que los investigadores consideran relevante dentro del análisis de posibles vías de enriquecimiento fuera de España.

El foco de esta línea de investigación se sitúa en una denuncia presentada el 15 de noviembre de 2024 ante la Embajada de España en Perú, dirigida al embajador en Lima, Alejandro Abellán García. En ese escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se sostiene que Ábalos, con la colaboración de su entonces asesor Koldo García y del empresario Claudio Rivas, participó en una operación destinada a vender un inmueble en Chimbote (Perú) por un importe superior al millón de dólares.

El documento es explícito en ese punto. El denunciante afirma que «se han apropiado ilícitamente de un centro social multiusos (…) con el objetivo de venderlo a terceros particulares por el monto de un millón doscientos mil dólares». Esa afirmación sitúa el origen del activo en un proyecto financiado con fondos públicos destinados a cooperación internacional, lo que añade un elemento de especial gravedad desde el punto de vista penal, que es la eventual utilización de bienes sufragados con dinero público para un beneficio privado.

Según el mismo escrito, el inmueble habría sido construido con financiación canalizada a través de Fiadelso, la ONG de Ábalos, y posteriormente habría sido despojado a sus destinatarios originales para su puesta en el mercado. El denunciante añade que dispone de «documentación sensible y de calidad» que acreditaría estos hechos y solicita trasladar esa información a la Agregaduría de Interior, en un momento en el que la UCO ya se encontraba rastreando posibles comisiones ilegales en el extranjero.

Los investigadores trabajan ahora sobre esa denuncia como pieza complementaria dentro de un análisis más amplio del patrimonio del exministro. Fuentes de la investigación consultadas por este periódico explican que el intento de venta del inmueble de Perú es clave porque los agentes están reconstruyendo posibles vías de monetización de activos fuera del circuito financiero nacional, especialmente en un contexto en el que detectan movimientos en efectivo difíciles de trazar.

En paralelo, la Guardia Civil ha documentado un flujo constante de dinero hacia Perú a través de la red de colaboradores de Ábalos. Tal y como figura en el informe de la UCO, el exministro realizaba envíos periódicos de dinero a Jénifer Balta Cueva, quien gestionaba el inmueble en Chimbote. Los agentes han identificado al menos siete transferencias entre 2018 y 2019, algunas mediante Western Union y otras a través de cuentas bancarias. Según la investigación, esos fondos se destinaban a gastos vinculados al inmueble, lo que refuerza la hipótesis de que Ábalos mantenía un control efectivo sobre la propiedad. En uno de los mensajes intervenidos, la propia Balta escribe: «Como no tengo dinero te escribo cuando acabe de comer y me paso o te espero aquí», una comunicación que los agentes interpretan como prueba de que actuaba como intermediaria para la recepción de efectivo.

Este entramado financiero se entrelaza con las conclusiones del informe patrimonial elaborado por la UCO sobre Ábalos y su entorno más cercano. Durante su comparecencia en el Tribunal Supremo, el teniente coronel Antonio Balas, uno de los responsables de la investigación, ya apuntó que Ábalos desempeñaba un papel central en la operativa de la red. «Ábalos es el que abre negocios», afirmó, subrayando que la organización tenía «acceso muy importante en todos los niveles» de la Administración. Esa posición, según los agentes, facilitó la creación y aprovechamiento de oportunidades económicas vinculadas a su condición de ministro.

Los investigadores ponen ahora el foco en determinar si el intento de venta del inmueble en Perú se produjo en fechas próximas a su nombramiento como titular de Transportes, lo que permitiría analizar si la posición institucional del exministro influyó en la operación. Las mismas fuentes señalan que la utilización de estructuras en el extranjero resulta especialmente relevante en este tipo de investigaciones, ya que dificulta el rastreo del dinero y obliga a recurrir a mecanismos de cooperación internacional.

La denuncia remitida a la Embajada incluye, además, una advertencia que los agentes no pasan por alto, que es que el denunciante asegura que la organización está «destruyendo pruebas que lo incriminan directamente». Aunque este extremo no ha sido acreditado, sí ha llevado a los investigadores a reforzar la urgencia en el análisis de la documentación disponible y en la identificación de posibles activos vinculados a la red fuera de España.