La sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por la complementariedad
Afirmar que la única respuesta al problema de las pensiones pasa por concentrar todo en la estructura pública no solo es injusto, sino contraproducente
En los últimos años estamos siendo testigos del deterioro progresivo del sistema público de pensiones español. Aunque hoy sigue sosteniéndose, cada vez resulta más evidente que, para las generaciones más jóvenes, podría no estar del todo garantizado.
Este sistema, basado en la aportación continua durante generaciones, ha sido un pilar fundamental para el Estado de Bienestar en nuestro país. Sin embargo, con una esperanza de vida cada vez mayor y con una tasa de natalidad entre las más bajas de Europa, las previsiones sobre su sostenibilidad son inciertas.
Solo en las últimas décadas hemos visto cómo la relación entre cotizantes y pensionistas se ha desequilibrado, y los cambios que se han implementado respecto a la edad mínima de jubilación –en aumento para los que entran en el mercado laboral–, han empezado a visibilizar la fragilidad del modelo si se mantiene en su formato actual.
A la hora de plantear soluciones, es posible que pensemos en los modelos de ahorro complementario, a pesar de que se han percibido históricamente como soluciones que amenazaban el sistema público. Y es que nada más lejos de la realidad; las entidades de previsión social –mutualidades– que históricamente han ofrecido una alternativa a la cotización al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), son soluciones que sirven para ofrecer libertad de elección y diversificación para los trabajadores. No se trata de enfrentar ambos modelos, sino de asegurar que cada profesional pueda elegir conscientemente el esquema que mejor se adapta a su proyecto vital y profesional.
Es, precisamente, en la defensa de la libertad de elección, donde se amparan algunas de las reclamaciones surgidas en torno a la propuesta de ley de la pasarela al RETA, actualmente en periodo de enmiendas en el Congreso. La más elemental reivindica la permanencia de la alternatividad entre la cotización en el RETA y las mutualidades, una opción que podría verse comprometida para las nuevas generaciones tal y como se ha planteado la ley en un inicio. Otra reclamación sería garantizar una transición ordenada de los fondos de las mutualidades para quienes opten por incorporarse al sistema público, además de proteger los derechos adquiridos de quienes han confiado en este modelo y aportan la cantidad necesaria para poder garantizarse una jubilación digna.
Es cierto que existe preocupación, fundada bajo situaciones concretas, sobre las prestaciones que ofrecen algunas mutualidades, derivada de fórmulas de baja cotización mantenidas durante años que, en la actualidad, cuestiona este sistema al no haber realizado aportaciones suficientes para garantizar una jubilación adecuada. Esto los ha llevado a reclamar y pretender imponer al resto de mutualistas cómo se deben reconocer los años cotizados, cómo calcular las prestaciones o cómo articular un complemento justo. Pero esta problemática no se resuelve suprimiendo opciones, sino mejorando marcos regulatorios y garantizando seguridad jurídica para todos.
Pero ¿por qué es relevante este debate más allá del interés de abogados, arquitectos o procuradores? Porque la sostenibilidad del modelo de pensiones público actual solo se garantizará desde la complementariedad: un sistema que ofrezca distintas opciones de ahorro previsional eficientes, con incentivos fiscales adecuados y con mecanismos rigurosos de pasarela entre regímenes. Facilitar, por ejemplo, el traslado de derechos entre ambos modelos sin perjuicio financiero no debilita la Seguridad Social, sino que la fortalece al reducir futuras presiones sobre las arcas públicas.
Afirmar que la única respuesta al problema de las pensiones pasa por concentrar todo en la estructura pública no solo es injusto, sino contraproducente. Las mutualidades no son una amenaza, son un complemento robusto y eficiente que diversifica riesgos y ofrece productos y planes de ahorro adaptados al perfil inversor de cada individuo.
Buscar un modelo sostenible no debería significar reducir alternativas, sino hacerlas viables para que ofrezcan el objetivo común de todos los trabajadores: una jubilación digna y sostenible para todas las generaciones.
Ángel Seisdedos es presidente de Mutualistas x el Futuro