Alquiler Seguro defiende la legalidad de sus servicios y recurrirá la multa millonaria de Consumo

Alquiler Seguro ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo por la multa de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y ha rechazado los argumentos de la sanción. La compañía sostiene que todos sus servicios son legales y niega haber incurrido en prácticas abusivas contra los inquilinos.

En un comunicado difundido este miércoles, la empresa asegura que las acusaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy «no solo son falsas», sino que además vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de empresa. A su juicio, la resolución responde a «una cuestión política e ideológica» y está construida a partir de «interpretaciones tendenciosas».

La sanción, que ya es firme en vía administrativa, fue ratificada por Consumo tras desestimar el recurso de alzada presentado por la inmobiliaria. El Ministerio considera que la compañía incurrió en una infracción grave y seis muy graves por prácticas como el cobro de gastos al inquilino, la vinculación de servicios o la inclusión de determinadas cláusulas contractuales.

Frente a ello, Alquiler Seguro defiende que su actividad se ajusta a la normativa y cuestiona tanto el fondo como la forma del expediente. La empresa sostiene que la Administración ha ignorado pruebas aportadas durante el procedimiento y se ha apoyado en denuncias y opiniones de terceros «no contrastadas», algunas procedentes de foros de internet.

Uno de los puntos centrales de la sanción es el denominado Servicio de Atención al Inquilino (SAI), que Consumo considera un mecanismo para trasladar al arrendatario costes que la ley prohíbe imputarle. La compañía rechaza esta interpretación y sostiene que se trata de un servicio independiente, con contenido propio y ajeno a los gastos de intermediación.

Según explica, el SAI incluye prestaciones como la gestión de incidencias, asesoramiento jurídico y acceso a una plataforma digital durante toda la vigencia del contrato. La empresa asegura que este servicio tiene un coste significativo -más de seis millones de euros anuales- y que implica la dedicación de más de 300 trabajadores.

Alquiler Seguro insiste además en que el SAI es voluntario. Como prueba, señala que entre mayo de 2023 y marzo de 2025 hubo 267 contratos en los que los inquilinos no lo contrataron, así como otros 911 casos en los que se aplicaron descuentos, en algunos casos del 100 %.

La empresa sostiene que su modelo ya ha sido analizado por los tribunales y afirma haber aportado hasta cuatro sentencias firmes que avalan la voluntariedad del servicio. En esos fallos, según indica, los juzgados concluyen que no existió imposición en su contratación y que las prestaciones ofrecidas resultaban útiles para los arrendatarios.

A su juicio, resulta «llamativo» que Consumo no haya tenido en cuenta estos precedentes judiciales y haya optado por una interpretación distinta en vía administrativa.

Prácticas cuestionadas

El comunicado también responde a otros elementos incluidos en la sanción. En relación con el seguro del hogar, la empresa asegura que se trata de una recomendación y no de una obligación, y subraya que miles de inquilinos han optado por no contratarlo o hacerlo con otras compañías.

Sobre la inclusión en ficheros de morosos, sostiene que se realiza conforme a la normativa vigente y únicamente cuando se cumplen los requisitos legales. En cuanto al derecho de desistimiento, afirma que está recogido en sus contratos y que existen casos en los que se ha devuelto el importe del servicio a los clientes.

La compañía también cuestiona algunas de las pruebas empleadas por la Administración, como una grabación telefónica realizada sin identificación previa, que considera contraria a las garantías del procedimiento.