La ilusión financiera: cómo el Estado oculta el coste real del poder

Si algo puede aprenderse tras décadas observando el funcionamiento del Estado es que la contabilidad pública no es un espejo de la realidad, sino un instrumento de gobierno. El poder no se sostiene únicamente mediante impuestos, leyes o coerción; se sostiene, sobre todo, mediante ilusiones financieras, mecanismos que permiten ocultar, suavizar o desplazar el coste real de las decisiones públicas.

La contabilidad pública se presenta como un registro neutro, pero es en realidad un lenguaje y un marco mental. Decide qué se muestra y qué se oculta, qué se llama gasto y qué se llama inversión, qué se computa hoy y qué se desplaza al mañana. No refleja la realidad, la construye. Y en esa construcción se juega buena parte de la ilusión financiera.

Estas ilusiones no son errores ni improvisaciones. Son técnicas. Estrategias destinadas a evitar que el ciudadano perciba la carga que soporta. Y lejos de desaparecer, se han perfeccionado. El Estado contemporáneo ha convertido la ilusión financiera en una ciencia política, en una tecnología de legitimación y, en ocasiones, en un arte.

La ilusión de la fragmentación. El Estado sabe que un tributo grande provoca resistencia, mientras que muchos tributos pequeños generan resignación. Por eso junto a impuestos directos emplea: tasas dispersas, recargos invisibles, impuestos indirectos, algunos integrados en los precios, cánones de saneamiento en la factura del agua, cargos energéticos en la factura de la luz, peajes eléctricos, tarifas de acceso, contribuciones especiales, cotizaciones, etc.

Pero la fragmentación no se limita a multiplicar tasas y recargos, se extiende a la propia arquitectura territorial del sistema fiscal. Los tributos se reparten entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, cada uno con sus normas, sus procedimientos y sus modelos. El ciudadano no paga un sistema: paga tres. Y cada uno exige formularios, plazos, lenguajes distintos. Esta dispersión territorial no aligera la carga, la disuelve. La fragmentación opera también como duplicación. El Estado recauda para financiar servicios públicos y, acto seguido, cobra de nuevo por utilizarlos. Peajes, tasas, precios públicos, recargos por acceso o tramitación, el ciudadano paga dos veces por lo mismo, aunque nunca lo perciba así. La ilusión consiste en presentar cada pago como un hecho aislado, cuando todos forman parte de un mismo circuito extractivo. La fragmentación convierte la doble imposición en un fenómeno invisible y, a veces, visible aunque no se perciba como tal. El Impuesto sobre el Patrimonio, el IBI, el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas o la tasa de basuras gravan, cada uno a su manera, la misma realidad económica: la propiedad. Pero el sistema los presenta como tributos distintos, de naturalezas distintas, con finalidades distintas. La duplicidad se vuelve aceptable porque se disfraza de diversidad.

La fragmentación convierte el sacrificio en un rompecabezas donde cada pieza parece pequeña, pero el conjunto resulta inabarcable

La fragmentación convierte el sacrificio en un rompecabezas donde cada pieza parece pequeña, pero el conjunto resulta inabarcable.

El ciudadano paga sin sentir que paga. La fragmentación convierte la carga en niebla: está en todas partes, pero no se ve en ninguna.

La ilusión de la complejidad. Nada favorece más al poder que la complejidad. El Estado envuelve sus decisiones financieras en: tecnicismos, modelos matemáticos, informes interminables, proyecciones incomprensibles. Pero la complejidad no es un accidente: es un método. El sistema fiscal español es un ejemplo perfecto. La Agencia Tributaria del Estado exige al ciudadano navegar por más de 340 modelos distintos de declaración, dispersos entre IRPF, IVA, Sociedades, impuestos especiales, censos y obligaciones informativas, etc. Ningún contribuyente puede dominar semejante selva de formularios. Y esa selva no es casual. España carece de un código fiscal unificado, en su lugar, existe un mosaico disperso de normas que se acumulan, se solapan y se modifican constantemente. Esa dispersión es, en sí misma, una forma de ilusión: la complejidad como barrera.

La magnitud del entramado normativo es reveladora. Solo en el ámbito estatal están vigentes más de doscientas normas fiscales —entre leyes, reglamentos y órdenes ministeriales— que regulan, desarrollan o modifican obligaciones tributarias. La multiplicación normativa no aclara: abruma. No informa: disuade. La complejidad convierte la obligación en misterio, y el misterio en obediencia.

La complejidad no se limita a los ingresos: también gobierna el gasto. El Estado ejecuta su presupuesto a través de un entramado formado por la Ley General Presupuestaria, la Ley de Estabilidad, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Subvenciones, decenas de reglamentos y más de un centenar de órdenes ministeriales. No existe un código del gasto público, sino una arquitectura dispersa que se ha ido acumulando sin una mirada unificada al coste real del Estado.

Y, pese a esta exuberancia normativa, el sistema carece de criterios materiales de justicia. La normativa del gasto es exhaustiva en lo procedimental, pero muda en lo sustantivo. Regula cómo se aprueba, cómo se ejecuta, cómo se controla y cómo se contabiliza el gasto, pero nunca establece qué es un gasto justo, necesario o proporcionado. El resultado es un marco que garantiza el proceso, pero no el sentido; una arquitectura que vigila la forma, pero ignora el fondo. La justicia del gasto queda fuera de la ley, es una cuestión política disfrazada de técnica.

La ilusión del futuro. El Estado ha descubierto que el tiempo es su aliado. Promete hoy lo que otros pagarán mañana. La deuda pública, las pensiones, los compromisos estructurales se presentan como derechos adquiridos, cuando no son más que obligaciones diferidas. El futuro es el contribuyente perfecto: no protesta, no vota, no exige. La ilusión del futuro convierte el presente en un banquete y el mañana en la cuenta.

La ilusión de la inflación. La inflación es el impuesto sin ley, la contribución sin decreto, la recaudación sin resistencia. El Estado erosiona el valor del dinero y el ciudadano, desorientado, culpa a los precios, a los mercados, a la mala suerte. La ilusión consiste en creer que la inflación es un fenómeno natural, cuando es, en gran medida, una decisión política disfrazada de fatalidad económica.

La ilusión del lenguaje. El Estado no recauda: «redistribuye». No gasta: «invierte». No recorta: «ajusta». No endeuda: «apalanca». No sube impuestos: «armoniza». El lenguaje es el velo que cubre la contabilidad. Y el ciudadano, seducido por las palabras, acepta lo que rechazaría si se le mostrara desnudo. La ilusión del lenguaje convierte la carga en virtud.

La ilusión de la neutralidad técnica. El Estado presenta sus decisiones financieras como inevitables, científicas, objetivas. Pero ninguna decisión que distribuye costes y beneficios puede ser neutral. La técnica es el disfraz de la política. La ilusión de la neutralidad convierte la voluntad del poder en necesidad matemática.

La ilusión de la reciprocidad. El Estado cultiva la idea de que el ciudadano recibe tanto como aporta. Pero la reciprocidad es una ficción contable. El ciudadano no sabe cuánto paga, ni cuánto recibe, ni cómo se distribuye su contribución. La ilusión de la reciprocidad convierte al contribuyente en cliente satisfecho.

La sofisticación contemporánea. Hoy, las ilusiones financieras se han vuelto más refinadas que nunca. La digitalización, la tecnocracia, los bancos centrales, los organismos internacionales y la ingeniería narrativa han creado un ecosistema donde la ilusión no es un accidente, es un método. El Estado moderno no oculta el coste por torpeza, sino por diseño.

Por qué es necesario desvelar la ilusión. La ilusión financiera no nace siempre de un engaño deliberado; es un mecanismo estructural del poder, en muchos casos es el resultado de una acumulación histórica de normas y prácticas construidas sin una mirada rigurosa al gasto público. Pero en otras ocasiones sí ha sido diseñada conscientemente para suavizar la percepción del coste. Sea por inercia o por intención, cuando la ilusión sustituye a la verdad, la democracia se convierte en teatro y la ciudadanía en público. El ciudadano no es que deba aspirar a vivir sin ilusiones, pero sí a reconocerlas. Solo así podrá exigir responsabilidad, transparencia y límites. La ilusión financiera quizá sea inevitable, pero el abuso de la ilusión no es admisible.