Cuando tener hijos deja de ser una opción económica viable

En cierta ocasión, un amigo me contó que, cuando le habló a su novia de planes de futuro, ella (economista) le dijo que tener hijos es inviable. Concepto económico, como se sabe.

Durante años, el debate público en España ha girado en torno a una pregunta aparentemente sencilla: ¿por qué nacen tan pocos niños? Las respuestas más repetidas han sido: falta de ayudas a la natalidad, precariedad laboral o dificultad para conciliar. Sin embargo, estas explicaciones, aunque no son incorrectas, resultan superficiales.

¿Por qué? Porque evitan cuestionar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que España mantiene un modelo redistributivo que, de forma sistemática, traslada recursos desde las generaciones jóvenes (aquellas en edad de formar familias) hacia los mayores.

En nuestro país, el gasto público, en las últimas décadas, se ha destinado de forma muy significativa a pensiones y sanidad. Mientras que las políticas de familia, infancia o vivienda han quedado en un segundo plano, el 50 % del incremento del gasto público entre 1995 y 2025 se fue a pensiones.

Cuando un sistema redistributivo concentra recursos en quienes ya han completado su ciclo reproductivo, debilita la capacidad de quienes lo están iniciando. Y sin capacidad económica ni expectativas de futuro, la decisión de tener hijos deja de ser una opción viable para convertirse en un lujo.

Se exige a las nuevas generaciones que sostengan el sistema (financiando pensiones y servicios), pero al mismo tiempo se les priva de las condiciones necesarias para hacerlo

Aquí es donde fallan muchas de las políticas actuales. Se ofrecen cheques por hijo, ampliaciones de permisos o ayudas puntuales, como si la decisión de tener un hijo fuera equiparable a una compra que puede estimularse con un descuento. Pero sigue sin avanzarse en lo importante: vivienda y estabilidad laboral.

Algo similar ocurre con la inmigración. Alivia temporalmente el envejecimiento de la población, pero no lo resuelve. Porque los propios inmigrantes, al integrarse en la sociedad española, adoptan sus mismos patrones reproductivos.

La cuestión de fondo es que el sistema penaliza económicamente a quienes se encuentran en la fase vital de construir un proyecto familiar. Los jóvenes ganan menos en términos relativos que las generaciones anteriores y se enfrentan a mayores costes en ámbitos como la vivienda.

El resultado es una paradoja. Se exige a las nuevas generaciones que sostengan el sistema (financiando pensiones y servicios), pero al mismo tiempo se les priva de las condiciones necesarias para hacerlo.

Este desequilibrio no es exclusivo de España, pero aquí alcanza una intensidad particularmente alta. Las generaciones mayores, más numerosas y con mayor participación electoral, tienen un peso decisivo. Las más jóvenes están precarizadas y tienen menor influencia.

No se trata simplemente de diseñar mejores políticas, sino de reordenar prioridades. Reducir el gasto en pensiones y aumentar la inversión en familias y vivienda son decisiones que afectan a unos jubilados con gran capacidad de movilización. Lo que supone un coste político.

Sin embargo, ignorar esta realidad tiene consecuencias. La más evidente, la caída de la natalidad. También se está produciendo una fractura generacional cada vez más profunda. Los jóvenes no solo tienen menos recursos; también perciben que el sistema no está pensado para ellos. Esto erosiona la confianza en las instituciones y debilita el pacto social implícito que ha sostenido el modelo de bienestar durante décadas. En un entorno donde, desgraciadamente, las expectativas para los jóvenes son inestables, la opción de no tener hijos se convierte en una realidad.

¿Qué hacer entonces?

Primero, hay que reconocer que el problema no se resolverá con medidas cosméticas, como las ayudas a la conciliación o los incentivos fiscales.

El problema no es que los jóvenes no quieran tener hijos. Es que puedan tenerlos

Segundo, asumir que la política presupuestaria tiene consecuencias demográficas. Si una gran parte de los recursos se orienta hacia el consumo presente de las generaciones mayores, se está comprometiendo la capacidad de reproducción futura de la sociedad.

Tercero, quizá el más difícil, es introducir una perspectiva intergeneracional en el debate público. No se trata de enfrentar a jóvenes y mayores, sino de reconocer que el sistema debe equilibrar las necesidades de ambos.

España no necesita más eslóganes sobre natalidad ni debates simplificados sobre inmigración. Necesita una conversación honesta sobre cómo distribuye sus recursos y qué consecuencias tiene esa distribución. Porque, al final, el problema no es que los jóvenes no quieran tener hijos. Es que puedan tenerlos.

Y ningún país puede sostenerse a largo plazo si se penaliza a su siguiente generación.