«El problema de Gijón está arreglado»: así resolvían las empresas públicas sus problemas con Transportes

Cuando a raíz de la pandemia se permitió a los ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y demás organismos públicos eliminar los concursos públicos con tal de conseguir mascarillas, hubo voces que anunciaron que aquella decisión, por comprensible y necesaria, iba a implicar abusos en la utilización del dinero público. Recuerdo una tertulia con Victoria Prego en la que mencionó que había que ser muy vigilantes con aquellos contratos y concesiones. ¡Qué razón tenía!

Desde entonces han llegado a los juzgados varios casos por la utilización de aquellos contratos y pagos. Unas veces para utilizarlos políticamente contra los partidos rivales –también ha habido absoluciones–, pero otras veces el choriceo ha quedado tan patente que resultaba vergonzoso.

El juicio contra Ábalos y Koldo era precisamente a partir de las mascarillas. Pero el 'caso mascarillas' ha descubierto en el Tribunal Supremo cómo operaban algunas empresas públicas en la contratación de personas. Todo un manual donde los testimonios de directivos y responsables se han convertido en auténticos testigos de cargo de esa corrupción.

Ha resultado desolador el desfile de testigos que han confirmado un modus operandi de esas empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes. Responsables que vestían de normalidad acciones u omisiones que, en algunos casos, podrían resultar delictivas. Toda una operativa escandalosa sobre la que los sindicatos –por supuesto– han guardado silencio.

Por el Supremo han desfilado responsables de todos los niveles, desde la cúpula de Renfe hasta mandos intermedios de Logirail, Ineco, Adif o Tragsatec. Vamos con un ejemplo. Isaías Táboas, expresidente de Renfe, reconoció que fue Koldo García quien le hizo llegar el currículum de Claudia Montes. Describió su fichaje con una solidez facial que dejaba perplejo. Aseguró que hizo lo que siempre hacía: reenviarlo a Recursos Humanos «por si podía ser útil». Como justificándose, añadió que no había tenido ningún contacto posterior con la interesada, ni antes ni después. Su acción aparentemente terminaba ahí. Pero no: pronto supimos que no había terminado ahí. El currículum reapareció en Logirail.

José Ángel Menéndez, entonces director gerente de Logirail, la filial de Renfe, explicó cómo la candidatura de Claudia Montes llegó desde Recursos Humanos de Renfe «como tantas otras», confirmando que, aunque no existían entonces convocatorias para puestos de trabajo, muchas candidaturas se recibían de esa manera. Verde y con asas. La historia había empezado antes.

La propia Claudia Montes contó el origen de su currículum. Había conocido a Koldo García en un mitin en 2019, y -siempre según ella- fue el propio asesor quien le facilitó contactos para puestos de trabajo. Y claro, se puso a mandar currículums «dentro de un proceso normal y sin trato de favor explícito». Eso dijo. Pero lo que no contó ella, lo contó el expresidente de Renfe.

Táboas recordó que, una vez que Montes fue contratada, recibió una llamada de Koldo informándole de «un lío» con la nueva trabajadora en Logirail y pidiéndole que se interesara por el asunto. Él preguntó, y poco después contestó a Koldo que «El problema de Gijón arreglado». Ignoro si sacó la frase de alguna película de gánsteres o bélica. De Gijón es Montes.

¿Y qué problema era ese? Pues entre unos y otros testigos de la causa completaron la película. Menéndez, el director gerente de Logirail, recordó que, tras completar su formación durante cuatro semanas orientadas a la venta de billetes y a la operativa, Claudia Montes se incorporó a su puesto; pero dejó de acudir durante más de ocho días consecutivos, lo que activó un expediente disciplinario por falta muy grave. El procedimiento –para suerte de Claudia– no prosperó, pues se produjeron cambios en la dirección de la empresa. ¿O no tanta?

La guinda de todo aquel lío la puso la propia Montes, que justificó sus ausencias recordando que durante ese tiempo acudía a la biblioteca de Oviedo para estudiar libros de trenes

En enero de 2020 asumió la dirección de Logirail Óscar Gómez Barbero. Según relató él mismo al Supremo, a su llegada se encontró con un doble problema: por un lado, una trabajadora que no acudía a su puesto de trabajo; y por otro, que al parecer el lugar donde trabajaba no reunía condiciones mínimas al estar junto a unas escaleras. Parecería que esos fueran todos sus problemas. Y como Barbero quería entrar con buen pie en su nueva empresa, se puso manos a la obra, revisó las funciones asignadas a Montes y decidió elevar su categoría profesional. Así lo dijo. Es lo que tiene faltar al curro y que te abran un expediente. ¡Premio al absentismo!

Pero Barbero tenía cosas más comprometidas en su declaración: Dijo que nunca había recibido instrucciones ni de Koldo ni de Ábalos. Sorprendente, pues para no recibir instrucciones se dio prisa en arreglar los problemas la que había sido Miss Asturias.

La guinda de todo aquel lío la puso la propia Montes, que justificó sus ausencias recordando que durante ese tiempo acudía a la biblioteca de Oviedo para estudiar libros de trenes (sic), aunque también reconoció que había trasladado sus problemas tanto a Koldo como a Ábalos, sus interlocutores en aquel trabajo intelectual.

Si me he detenido en el caso de Montes –el de Jésica Rodríguez es similar– es porque esta forma de actuar no solo explica el funcionamiento de esas empresas públicas, sino porque también ayuda a imaginar cómo podría haberse llevado a cabo la gestión de las mascarillas que veremos pronto en el juicio.

Lo mismo ocurrió con Jésica. Ignacio Zaldívar, exsubdirector de gestión administrativa de Adif, contó en su declaración cómo la entonces presidenta del organismo, Isabel Pardo de Vera, le trasladó que «el ministro» había llamado para quejarse de que en Ineco estaban «molestando» a Jésica Rodríguez. Como la cosa pintaba mal, el propio Zaldívar contactó con Rodríguez: le pidió su currículum y lo remitió a Tragsatec. También decidió que cualquier incidencia relacionada con ella debía reportarse a los niveles más altos de la organización, evitando otros cauces. Raquel Yagüe, responsable de recursos humanos de Tragsatec, se escudó en que su empresa tenía más de 30.000 trabajadores y que no tenía ni idea de nada. Es decir, que la cadena de responsabilidades se diluía entre todos los declarantes.

Pero todos los testimonios confirman un patrón reconocible. Un sistema corrompido que encubre la propia corrupción. No tengo dudas de que ni todos los trabajadores ni las empresas están tocadas, pero lo que nos está llegando de este juicio deja muy tocadas a las empresas vinculadas al menos con Transportes. ¿A alguien le puede sorprender que todo lo que tiene que ver con ese Ministerio no funcione?