El modus operandi de las empresas públicas para delinquir en el caso mascarillas

La segunda semana de juicio en el Supremo nos ha permitido por fin escuchar la palabra «marcarillas» y, de paso, algunas explicaciones muy clarificadoras sobre el modo de operar de las empresas públicas en la etapa de Ábalos en el Ministerio.

Creo que no conviene despistarse con otras revelaciones sobre los pagos en efectivo desde la sede del PSOE en Ferraz, o sobre otras corrupciones que van aflorando en la vista: contrataciones, trapicheos, viajes, casas, ayudas, rescates, comisiones, concursos, mordidas… y no porque no sean importantes, sino porque son objeto de otros juicios e investigaciones, algunos de ellos ya en curso. Quiero centrar ahora el balón en las mascarillas porque de aquellos contratos surgen muchas conexiones con empresas públicas y privadas. ¡Vamos al lío!

Quizá la declaración más reveladora del juicio se produjo el martes. Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Estado de Transportes en la etapa de Ábalos, relató con bastante contundencia y concreción cómo Koldo le trasladó que era necesario elevar de cuatro a ocho millones el número de mascarillas que adquirieron a la empresa Soluciones de Gestión, hoy señalada como epicentro de la trama corrupta vinculada a Víctor de Aldama. «Me indicó que la decisión final era que fueran ocho millones de mascarillas porque el suministrador decía que eran ocho millones o nada».

Según explicó Gómez, Ábalos le convocó a su despacho el 19 de marzo de 2020 para encargarle la compra de mascarillas: «Me reuní con mi equipo, estudiamos la mejor forma de poder llevarlo a cabo y le propusimos que, en vez del Ministerio, la realizaran empresas del grupo». Ya empezamos con el lío.

Gómez relató como finalmente fue Puertos del Estado quien adquirió esos ocho millones de mascarillas. Pero la declaración tuvo postre. Contó cómo posteriormente, Adif encargó otros cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión al considerar que esta empresa tenía mayor experiencia en grandes suministros, una capacidad logística superior y mejor posicionamiento financiero. Es decir, que la tal Soluciones de Gestión reunía –según Adif, claro– mejores requisitos para esas actividades que Puertos del Estado. Pasmoso.

Gómez también relató cómo se llevaba a cabo el procedimiento supuestamente delictivo. Como al ministro le parecía bien que aquella operación se canalizara a través de empresas públicas del grupo «por prudencia» dio una primera orden para que Puertos del Estado comprara cuatro millones de mascarillas, orden que –según contó Gómez– «el ministro llegó a firmar» al día siguiente. «Pero cuando la íbamos a enviar al BOE, cambiamos la orden y el ministro firmó una nueva por ocho millones» pues –como le aclaró Koldo– Soluciones de Gestión exigía esa cantidad o nada.

Y aquí la declaración de Gómez se volvió determinante. Fue el propio Koldo quien le entregó en mano la oferta: «Se la tendría que haber dado a Puertos del Estado porque iba a ser el órgano de contratación, pero me la dio a mí y yo lo que hice fue escanearla y, como estábamos en una emergencia y para agilizar y para que le llegara lo antes posible, le pedí a mi equipo que se la enviara a Puertos».

Él mismo reconocía la irregularidad pero, por aquello de quitarse el cuidado, también señaló que la decisión de comprar mascarillas correspondió a Ábalos como «autoridad competente» y que esa fue «la única oferta» que se valoró, interpretando que la indicación de Koldo para duplicar la cantidad reflejaba la voluntad del entonces ministro. Y ya, excusándose de toda responsabilidad, concluyó que su papel se limitó a preparar las órdenes con las necesidades de mascarillas, sin intervenir en la adjudicación. Todo muy fino.

Ya sé que la opinión pública ha seguido con mucho mayor interés la declaración de Patricia Uriz, la expareja de Koldo García, y de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que reconoció haber remitido el currículum de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, a Ineco. Y que las chistorras (500 euros), soles (200) y lechugas (100), dan mucho color a un juicio tan largo y aburrido y con tantos testigos, pero aunque sea un poco tediosa la referencia a las empresas públicas, es bueno constatar cómo funcionaban, como se hacían los contratos y cual era –¿o sigue siendo?– su modus operandi para delinquir.

De la declaración de Patricia Uriz me quedé –cuanto le preguntaron por los whatsapps que figuraban en uno de los informes de la UCO– con algo sorprendente. Reconoció que, cuando ambos trabajaban en el Ministerio, Koldo podía llegar a enviarle «200 mensajes en un solo día». Debe ser un récord mundial. Y no debían ser todos amorosos… digo yo. Pero volvamos a las novedades sobre los contratos públicos y las mascarillas.

Este mismo jueves, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió un nuevo informe sobre el ‘caso mascarillas’. La novedad que incluye es que la expresidenta balerar Francina Armengol, sí tuvo contacto con José Luis Ábalos gracias a la intermediación de Koldo García «con la intención de solucionar problemas» de los test PCR que se hacían en los aeropuertos. La nueva afirmación choca con la declaración que la actual presidenta del Congreso envió por escrito al Tribunal Supremo para dar su versión en el juicio contra Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama.

Armengol reconoció entonces que «nunca» había hablado con Koldo «ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra» y que «nunca» había mantenido ninguna conversación con el exministro sobre la contratación de material sanitario”. Y que las únicas comunicaciones que tuvo con Ábalos fueron referidas al cierre de puertos y aeropuertos.

Pues bien, resulta ahora que la UCO incluye en su informe que, el 15 de junio de 2020, Armengol le envió un mensaje a Koldo: «Necesito hablar con el ministro. Le he dejado mensaje a través de secretaría, ¿me puedes ayudar?», a lo que este le solicitó que le llamase. La UCO deduce, de este y otros mensajes referidos a la «Sanidad», que Armengol sí que estaba en la trama para solucionar un problema «relacionado con los test PCR que se estarían haciendo en los aeropuertos para permitir el tránsito de pasajeros».

Si se fijan, resulta que vuelven a salir los mismos nombres que la UCO ya incluyó en sus informes de noviembre del año pasado. Mensajes y encuentros entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Víctor de Aldama, sobre el retraso del pago de las mascarillas que Soluciones de Gestión había vendido a Canarias. A Francina Armengol le ha tocado ahora. Pero tranquilos. Tampoco va a pasar nada.