El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora Toro, en la Comisión de Investigación del Senado
La SEPI negocia la entrada en la firma asesorada por Garmendia que tiene «un millón de euros de deuda con Hacienda»
A pesar de tildarse la operación como el «cuento de la lechera» y que el holding público participa en otra firma similar, Epicom, se negocia entrar con el 20 % en S2 Grupo por unos 38,5 millones de euros
El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) ultima la entrada en la firma de ciberseguridad S2Grupo, S.L.U., cuyo capital social es 500.000 euros, con una participación aproximada del 20 % por unos 38,5 millones de euros, «cuando por ese precio deberían hacerse con el control total de la firma valenciana asesorada por Cristina Garmendia». En realidad, se trataría más de «un préstamo encubierto de la sociedad estatal a S2Grupo», ratifican fuentes internas del holding público. O una forma de maquillar el balance de cuentas, cuando la «compañía tiene ahora mismo 1 millón de euros de deuda con Hacienda con una empresa pantalla para vadear la Ley de Fraude Fiscal», como aseguró el senador popular Eloy Suárez en la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI.
Según las palabras de Bartolomé Lora, vicepresidente de la sociedad estatal, en su comparecencia en la Comisión del Senado, «en este momento la SEPI está revisando distintas operaciones y no hay ninguna decisión tomada en los órganos de gestión». Si fuera adelante, la propuesta estaría suscrita por el propio vicepresidente, ya que «la presidenta Belén Gualda ha delegado su firma para evitar cualquier responsabilidad» –explican internamente–, y ha sido adoptada sin tener en cuenta los informes de la propia SEPI, que tilda la denominada en clave «operación Savoia» como el «cuento de la lechera», como desveló El Debate.
Se da la circunstancia de que la SEPI durante la presidencia de Gualda, que coincidió con la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, en la Junta de Andalucía, adquirió a Duro Felguera el 40 % de Epicom, S.A., «empresa española comprometida con la soberanía tecnológica, especializada en la fabricación de productos de cifrado homologados para entornos clasificados a nivel nacional e internacional (Secreto Nacional, OTAN, UE)», que aseguran tendría las mismas características que la sociedad cofundada y dirigida por José Miguel Rosell Tejada y Miguel Ángel Juan Bello. Por ello, los técnicos que han examinado el expediente «no encuentran sentido en duplicar gastos para participar en otra empresa estratégica similar que desarrolla soluciones criptográficas de alta seguridad».
La propuesta se apoya en asesores externos
Si los órganos de gestión de la SEPI dan el visto bueno, será el Consejo de Ministros donde se apruebe de nuevo una operación diseñada por Moncloa, y que cuenta una vez más con el aval de informes de servicios de apoyo externo como adelantó El Debate. Concretamente con la asesoría jurídica de Gómez-Acebo & Pombo, y la viabilidad económica certificada por Crowe –«que estipula que la compañía pasaría a valorarse en más de 396 millones de euros en 2030»–. La contratación de servicios de asesoramiento financiero y jurídico se ratificó en el Real Decreto de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo por la pandemia de covid, en julio de 2020, y se ha quedado como una práctica habitual, «aunque ya no debería estar vigente».
En menos de dos años y medio, según datos del Tribunal de Cuentas de diciembre de 2022, los costes de estos servicios supusieron un importe total de 4.708.128 euros, «cuando se cuenta dentro de la sociedad estatal técnicos cualificados para evaluar a las empresas estratégicas», reconocen desde la SEPI. Afirman que la flexibilidad de estas asesorías se ajusta a los criterios impuestos desde Moncloa, al «realizar el número de modificaciones que haga falta de cada expediente para llevarlo al consejo de administración sin incluir las notas internas».
A diferencia del clamor que ha suscitado el conflicto de interés de la fusión fallida entre Indra y la compañía Escribano Mechanical & Engineering, que provocó la dimisión de Ángel Escribano en plena Semana Santa, la entrada de la SEPI en el capital de S2Grupo se mantiene en un perfil bajo en los medios de comunicación.
El consejo técnico en defensa de S2Grupo
Entre los principales clientes de S2Grupo estaría el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles, que el año pasado adjudicó a la firma dos contratos sin publicidad por un total de 9 millones de euros. Dentro del grupo se apoyan en dos Órganos de Gobernanza. Por un lado, el Consejo Asesor presidido por la ex ministra de José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Garmendia, con tres consejeros independientes, entre ellos, Manuel Broseta, «cuyo despacho de abogados asesoró a la firma para organizar su estructura empresarial».
Y, por otro, por un Consejo Técnico de Defensa cuyo presidente de la Junta es el General de Brigada Vicente Ripoll, que fue jefe del Mando de Transmisiones y comandante Militar de Valencia y Castellón. Se suman al consejo el general Rafael Tejada, ex jefe de Ingeniería en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército; el almirante Santiago Ramón González, ex director general de Armamento y Material; el general Francisco Javier García Arnáiz, ex jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire; el general de División Rafael García Hernández, ex comandante en jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio; el teniente general Fernando Santafé, ex jefe del Mando de Operaciones Civiles de la Guardia Civil; y el teniente general Gan Pampols, ex jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN.
Las últimas cuentas de S2Grupo
A finales de enero de este año, S2Grupo comunicó que consolidó «su crecimiento por encima del 50 %» y situó «su facturación en los 56,7 millones de euros anuales, con un EBITDA del 8,5 %». El anterior ejercicio la compañía fue a pérdidas –1.632.153 euros–, con una facturación de 37 millones de euros, «por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado» que hicieron que tanto «los proyectos en curso, así como los nuevos proyectos previamente consolidados, quedaron paralizados», como se explicaba en el apartado de transparencia financiera. En la Comisión de la SEPI en el Senado ha aflorado que la compañía no estaría al día de sus obligaciones tributarias en una pregunta al vicepresidente de la sociedad, Bartolomé Lora, que llegó a inquirir si la inversión en la empresa de ciberseguridad era un tema de la comisión y ha negado que «todavía se haya tomado una decisión» para elevar la propuesta al Consejo de Ministros.
