El papel de los presidentes de la SEPI en las tramas investigadas del Gobierno de Sánchez

Desde el 13 de abril a las 11:00 de la mañana hasta el 16 de abril a la misma hora, los tres presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, que orquesta desde Moncloa la dirección de las empresas estratégicas que dependen del Ministerio de Hacienda, comparecerán en la Comisión de Investigación del Senado sobre las presuntas irregularidades en la gestión del holding público, médula de la corrupción del caso PSOE, según las últimas investigaciones. El lunes, Belén Gualda; el miércoles, Bartolomé Lora Toro, imputado por un posible delito de prevaricación relacionado con la concesión de 475 millones de euros a Air Europa; y el jueves, Vicente Fernández Guerrero, detenido el pasado 11 de diciembre de 2025 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusado de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de dinero público.

Vicente Fernández Guerrero fue nombrado presidente de la SEPI tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, en junio de 2018, recomendado por la exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por ser un estrecho colaborador de la actual candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, cuando él era Interventor General de la Junta y ella ejercía como consejera de Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo andaluz de Susana Díaz.

Su auge y caída se produjo en un año y medio, cuando tuvo que poner su cargo a disposición de la exministra de Hacienda, en octubre de 2019, al ser imputado en la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar cuando era secretario general de Industria de la Junta. Por esas fechas, se cruzó en su camino la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, que compaginaba su puesto como responsable de Comunicación en la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) –una de las participadas por la SEPI en un 60 %, que estaba dirigida por un filósofo, José Vicente Berlanga Arona, amigo íntimo de José Luis Ábalos– con la misión de realizar un dossier a la jueza Mercedes Alaya, que había ordenado reabrir el caso.

Tras su dimisión, le sucedió como presidente en funciones el tercero en discordia, Bartolomé Lora Toro, que era el vicepresidente del holding y su número dos, quien permitió a Guerrero «seguir tutelando los movimientos de la SEPI en los rescates más polémicos del Gobierno», y al estilo Bárcenas, le «mantuvo transporte, ordenador y móvil», explican fuentes internas de la empresa pública.

Lora, imputado, gestionó los polémicos rescates

Bartolomé Lora fue quien manejó el poder empresarial del Estado en la sombra y asumió todas las competencias durante la pandemia al gestionar el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) dotado con 10.000 millones de euros a través de la SEPI. El Fondo se inauguró con el polémico rescate, en tiempo récord, de Air Europa (475 millones). Cuando los Hidalgos solicitaron las ayudas, solo su patrimonio inmobiliario estaba valorado en 2.000 millones de euros y se habían repartido, en febrero de 2020, un dividendo de 35 millones. Las presiones de la trama en el seno del Gobierno (recogidas en uno de los informes de la UCO) dieron su fruto, e incluso Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo a sueldo de Globalia, se reunió con Nadia Calviño, entonces vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, quien estaba de los nervios con el asunto del dividendo. Su ministerio, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ya le había otorgado a Air Europa un crédito por 141 millones.

Y, según una denuncia del sindicato Manos Limpias admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, la aerolínea tampoco estaría al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Por tanto no cumplía uno de los requisitos para recibir los fondos que se exigían a las empresas beneficiarias y, por ello, se han abierto diligencias contra Lora por un presunto delito de prevaricación por si adoptó una decisión contraria a derecho a sabiendas.

Lora, quien compareció en la Comisión de Investigación del caso Koldo, en noviembre de 2024, antes de que estallase la trama SEPI, negó recibir «instrucciones ni del señor Sánchez ni de nadie», que «no hubo ningún trato de favor en ninguna de las operaciones», y que «en ningún momento» habló con Ábalos, aunque sí reconoció una reunión tanto con Calviño como Montero para debatir sobre los primeros pasos del fondo de solvencia y cómo se iba a desarrollar.

Desde entonces, también se ha vuelto a reabrir la investigación del rescate conflictivo a Plus Ultra, una aerolínea venezolana que tenía cuatro aviones de alquiler y tan solo uno operativo, por un presunto blanqueo de capitales. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Plus Ultra utilizó los 53 millones de euros del rescate para devoluciones de préstamos a cuentas en el extranjero, en el que estaría implicado el empresario Julio Martínez Martínez, que tenía contratado a José Luis Rodríguez Zapatero como asesor. El miércoles 15 de abril será de nuevo su turno en la Comisión de Investigación del Senado.

La opacidad y obsesión de Gualda

Durante ese tiempo, estaban tan seguros de que los supuestos trabajos de la fontanera del PSOE permitirían a Guerrero reincorporarse a la empresa de titularidad pública, que María Jesús Montero esperó casi un año y medio, hasta marzo de 2021, para nombrar a su sucesora en la presidencia, Belén Gualda, otra persona de su máxima confianza en la Junta de Andalucía.

Lo primero que hizo Gualda cuando desembarcó en la SEPI desde los astilleros públicos de Navantia (100 % de la SEPI) fue la eliminación de la unidad de control y seguimiento de los fondos en ayudas para los rescates. Y, siete meses después, delegó las competencias del Consejo Gestor en el vicepresidente, además de incluir a la Secretaría General y del Consejo, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, y a una nueva figura integrada en el organigrama, el director del Fondo, para así diluir las responsabilidades. Las propuestas elaboradas por este último debían llevar el visto bueno de Bartolomé Lora antes de ser elevadas al mencionado Consejo Gestor. A su vez, se contrató a mediados de noviembre de 2025 un seguro de responsabilidad civil y contable para directivos y consejeros con Starr Europe Insurance Limited por 126.000 euros para protegerse ante eventuales reclamaciones o cubrir posibles costes de defensa.

Además de blindarse, Gualda está obsesionada con las filtraciones. «Se mantiene en silencio en los consejos de administración, limitándose a escuchar. Hasta prohíbe la entrada de móviles». Y «en los últimos consejos ha delegado la asistencia en Lora». Desde hace un tiempo, el Grupo SEPI utiliza el programa de seguridad CARLA, la solución del Centro Criptológico Nacional –adscrito al CNI– para evitar fuga de datos o brechas en la red que puedan suponer una exfiltración. «Así se controla quien entra en cada expediente y se establecen distintos niveles de restricción». La última licitación desde Presidencia fue el «servicio de soporte y consultoría de la solución de trazabilidad CARLA», por 21.100 euros. Fue una de las comisiones del jefe de Seguridad, Luis Miguel Fernández Aparicio, otro amigo de Pedro Sánchez con el que jugaba al baloncesto.

Entre las medidas para mantener la opacidad de la SEPI está eludir las resoluciones de Transparencia para no contar los detalles del Fondo de Apoyo, alegando que los datos, documentos e informaciones relativas a estas operaciones tienen carácter reservado. Esa es la tónica general de la SEPI: apelar a que el fondo tiene un «régimen específico de acceso» para preservar la confidencialidad de los expedientes.

Desde hace más de tres años, Gualda no rinde cuentas de su gestión. El pasado mes de enero tenía previsto comparecer en la Comisión Koldo, que se suspendió por el trágico accidente ferroviario en la línea de Alta Velocidad a la altura de Adamuz, y este lunes 13 de abril le tocará el turno en la Comisión de la SEPI.

Guerrero imputado en la trama SEPI

Por su lado, Vicente Fernández Guerrero, una vez incorporada Gualda, solicitó la excedencia como letrado de los Servicios Centrales en Sevilla, en octubre de 2021, para incorporarse a Servinabar 2000, la empresa participada por Joseba Antxon Alonso, vinculado al PSOE de Navarra de María Chivite, y a Santos Cerdán por un contrato privado, investigada por supuestas comisiones ilegales de contratos públicos.

También Leire Díez –que «tenía acceso al 1» como quedó grabado durante la reunión que mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa– se movió de ENUSA a otra empresa de la SEPI, el grupo Correos, donde ocupó la subdirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro, cargo creado expresamente por uno de los amigos enchufados de Pedro Sánchez, su exjefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano. Durante su etapa, ningún técnico de la empresa pública quiso firmar un polémico pliego de contratación para operar un nuevo servicio de transporte aéreo internacional de paquetería y mercancías.

Este sería otro de los expedientes controlado por Bartolomé Lora, que dio el visto bueno al proyecto de Correos Cargo, cerrado sin concurso público a principios de 2022 con Evelop Airlines, aerolínea integrada en Ávoris (también rescatada), entonces dirigida por Globalia, matriz de Air Europa, cuyo consejero delegado era Javier Hidalgo. Tan solo operó una única ruta Madrid-Hong Kong-Madrid con dos aeronaves Airbus A330 de la mano de Iberojet. La gestión de Serrano, controlada por Moncloa, dejó un agujero negro de unos 1.200 millones de euros y llevó a la SEPI a números rojos. Otro de sus contratos «a dedo» fue con Sortis, consultora investigada en el caso Koldo, que ascendía a 2 millones de euros para servicios de asesoría en materia de telecomunicaciones. Esta transacción se cruza con la causa de los contratos de mascarillas que está actualmente juzgando a Ábalos, Aldama y Koldo en el Tribunal Supremo.

Y es que las andanzas del autodenominado grupo Hirurok (nosotros tres en euskera), triángulo formado por Díez, Fernández Guerrero y Antxon Alonso, imputados por presuntas irregularidades en contratos públicos estimados en casi 133 millones de euros por los que habrían cobrado en torno a 750.000 euros en mordidas, se cruzarían con las distintas tramas organizadas al amparo de la SEPI, con la sede del PSOE en Ferraz como uno de los epicentros y con la connivencia de los Ministerios de Transportes, Asuntos Económicos y Hacienda y de Moncloa.

Entre los ejemplos de cómo utilizaban su influencia en la SEPI estaría el amaño de pagos de la empresa ENUSA en favor de un despacho de abogados sevillano, que habría inflado sus servicios con sobrecostes de hasta el 50 %, por el que Mediaciones Martínez, sociedad instrumental esencial para que funcionase el entramado, habría facturado 17.545 euros. Y otra comisión de 114.950 euros por el rescate de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos, empresa vasca del sector del acero.

Así, la alegría de Vicente Fernández Guerrero al ser absuelto en el caso Aznalcóllar, el pasado 5 de diciembre de 2025, tan solo le duró seis días, cuando fue detenido por la Guardia Civil. Guerrero será juzgado por la Audiencia Nacional por desviar comisiones ilegales de contratos públicos y tendrá que explicar cómo ha incrementado su patrimonio, «valorado en unos 10 millones de euros», de forma tan desproporcionada y en tan poco tiempo. En la anterior comparecencia en la Comisión del Senado, eludió responder porque entonces estaba procesado en Aznalcóllar. Ahora está investigado en la trama SEPI también conocida como el caso Leire, que se mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.