Dos generales de Marlaska adjudicaron 7 emergencias por 17 millones para buques de la Guardia Civil

Dos generales de Marlaska recurrieron hasta en siete ocasiones a la vía de la emergencia por más de 17 millones de euros para contratar a una empresa externa que preste servicios para la Guardia Civil en aguas de Mauritania y Senegal, entre otros destinos.

El servicio a contratar, en concreto, es la gestión de los buques oceánicos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para garantizar su navegación y estado operativo permanente. Dicho Servicio Marítimo dispone de tres buques que componen la flota oceánica y que «son imprescindibles para poder llevar a cabo las funciones propias del cuerpo en los diferentes espacios marítimos donde opere», señala la memoria del último contrato que se hizo. Al no disponer la Guardia Civil «de personal para llevar a cabo» la gestión y el mantenimiento en su totalidad de los buques, «se ve obligada a contratar dicho servicio de forma externa».

Ya sea porque los contratos se quedaron desiertos, por terminar las prórrogas y hasta por recibir críticas de la Intervención Delegada, se tuvo que recurrir hasta en seis ocasiones a la emergencia. ¿Qué implica este método? Es una vía excepcional y a través de la que se contrata «sin sujetarse a los requisitos formales establecidos» en la ley de contratos del sector público, «incluso el de la existencia de crédito suficiente», tal y como señala la propia norma.

Menos competencia, menos transparencia y riesgo de favoritismo

Se recurre a la emergencia «cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional». Tiene como puntos negativos la reducción de la competencia -no hay licitación abierta normal-, la disminución de la transparencia -primero se actúa y después se demuestra el porqué-, así como el aumento del riesgo del favoritismo por una empresa determinada, según señala el documento de Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Además, puede generar problemas de control presupuestario, ya que la ley permite actuar sin crédito. Por último, se puede convertir en emergencia algo que no lo es.

Para la prestación de estos servicios se hizo un primer contrato por más de 22 millones de euros (22.651.200 euros) vigente hasta marzo de 2021. Entonces, se inició una prórroga por siete millones (7.550.400 euros) que venció al año siguiente, en marzo de 2022. Pero además, durante marzo de 2021 se inició otro expediente, una tramitación ordinaria anticipada por 20 millones (20.250.000 euros) por un periodo de 36 meses. El problema es que este último expediente fue declarado desierto, es decir, no se consiguió que se presente nadie.

Reparos de la Intervención Delegada

Dos años más tarde, en junio de 2023, se abre otro expediente también de tramitación ordinaria anticipada por 22.912.888 euros por periodo de 36 meses y con una fecha de inicio prevista para agosto de 2024. Este último expediente trajo problemas señalados por la Intervención Delegada, por lo que al terminar el año 2023 se abrió otro expediente más.

Dados todos estos inconvenientes y desde la fecha en que debiera haber entrado en vigor el expediente anterior -1 de abril de 2022-, se tuvieron que realizar hasta seis contratos de emergencia. Dos por 1 millón de euros cada uno, un tercero por 1.860.000 euros, un cuarto por 5.200.000 euros, un quinto por 3.150.000 euros y el sexto por 4.800.000 euros. Ya con estos seis, la memoria justificativa señala que habrá un séptimo: «Será necesario ejecutar un nuevo expediente de emergencia» desde agosto de 2024 hasta diciembre de ese mismo año, reza en la memoria firmada por el general jefe de Costas y Policía Marítima y el general jefe del mando de apoyo.