La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas
Asociaciones de la Guardia Civil piden la dimisión de Marlaska, Mercedes González y el DAO
El motivo de esta petición son su presunta implicación en todo lo que rodea al caso Leire
El caso Leire, investigado por la Audiencia Nacional, continúa expandiendo sus consecuencias a toda la estructura de Gobierno. Este jueves con motivo de la imputación de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y del DAO, el teniente general Manuel Llamas; asociaciones representativas de distintas escalas de la Guardia Civil han exigido que se realicen las dimisiones pertinentes.
Las dos asociaciones de mando que se han pronunciado, la Unión de Oficiales y la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, exigen la dimisión o cese de Mercedes González y del DAO en base a la Ley de Régimen Personal, que en su artículo 92 establece que un guardia civil puede pasar a la situación de suspensión de funciones cuando existe un procedimiento penal que pueda perjudicar al servicio o imagen de la institución.
«No son pocos los miembros de la Guardia Civil, que han sido apartados de sus funciones o son suspendidos sus procesos de ascenso o de condecoraciones por estas autoridades al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria», han declarado, haciendo referencia este segundo punto al artículo 66 de la misma ley.
Por su parte, desde la asociación profesional Justicia Guardia Civil se exige también la dimisión «inmediata e irrevocable» de Mercedes González, pero incluyen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como consecuencia política del nombramiento de la directora general. También centran su comunicado en la necesidad de proteger la imagen del cuerpo y defender a la UCO con el objetivo de recuperar la confianza institucional.
«Es inadmisible que, a pesar de la gravedad de los indicios judiciales y de las imputaciones que cercan a la dirección del cuerpo, el ministro volviese a manifestar su 'plena confianza' en la directora general», han afirmado.
Estas asociaciones coinciden en que la principal perjudicada ante la necesidad de asumir responsabilidades reales acaba siendo el prestigio de las fuerzas de seguridad del estado.
