El segundo de Marlaska declaró la «pérdida de operatividad» de la UCO y alquiló por emergencia 1.000 vehículos

El segundo de Marlaska declaró la «pérdida de operatividad» de la UCO y tuvo que recurrir a la emergencia para contratar 1.000 vehículos para las unidades no uniformadas de la Guardia Civil, entre las que se incluye la Unidad Central Operativa (UCO).

El Ministerio del Interior quería alquilar 1.000 vehículos para la Guardia Civil y como fueron incapaces de lograr una adjudicación, el procedimiento quedó desierto, es decir, no hubo ninguna empresa adjudicataria para ejecutar el contrato. Por este motivo, se tuvo que recurrir a la emergencia ya que de otro modo se corría el riesgo de perder todos los coches que tenían en alquiler.

«Ineficiencia y descoordinación» de la Guardia Civil

El tiempo de demora fue capital y eso llevó al exsecretario de Estado de Seguridad de Marlaska, Rafael Pérez Ruiz, a reconocer que sin esos vehículos se causaría «un grave perjuicio» al Instituto Armado y que había «consecuencias impredecibles de grave peligro» para la seguridad ciudadana y por ende «la vida o la integridad física de las potenciales víctimas» al producirse la «pérdida de la operatividad de las diferentes unidades del cuerpo (Unidad Central Operativa, Servicio de Información, Policía Judicial, Servicio de Asuntos Internos», señala la resolución del contrato de emergencia.

De hecho, se llegó a admitir que había riesgo de «ineficiencia y descoordinación» si la Guardia Civil se quedaba sin los vehículos.

El objeto del contrato «lo constituye el suministro en régimen de arrendamiento de mil (1.000) vehículos nuevos tipo turismo, en colores comerciales, con dotación de kit camuflado policial, para la Guardia Civil», según señala el pliego de prescripciones técnicas. Este añade que «los vehículos se utilizarán para la realización de los servicios propios de la Guardia Civil».

Unidades de investigación y apoyo

La necesidad de estos vehículos se debe a que la Guardia Civil, «ante la premisa de contar con unos medios de automoción modernos y adecuados, para la realización de servicios camuflados por las unidades de escolta, investigación, información y apoyo, que proporcionan las prestaciones precisas en los diferentes operativos de servicio, pretende la dotación de 1.000 vehículos turismos de diferentes tipo, marcas y modelos, en colores comerciales y dotados de kit policial camuflado, mediante el alquiler de los mismos con su mantenimiento integral», dice el pliego de cláusulas administrativas.

La media kilométrica de uso de la flota por segmentos durante el periodo de ejecución del contrato es de 125.000 kilómetros (berlinas); 150.000 kilómetros (monovolumen); 150.000 kilómetros (compactos) y 110.000 kilómetros (para el caso de los ligeros). Además, se aclara que los vehículos deberán tener amplia implantación en todo el territorio nacional, «a los efectos de los mantenimientos y reparación de los mismos». El pliego añade que, «una vez efectuada la instalación del kit policial, los vehículos presentarán un aspecto idéntico al de los vehículos comercializados de serie».

¿Cómo se llegó a la declaración de la emergencia para adquirir estos coches? En primer lugar, se adjudicó en 2013 un contrato que finalizaba el 31 julio de 2021 (prórrogas incluidas). Así, y en previsión a la finalización de dicho contrato, se publicó la licitación de otro en el año 2020, concretamente en septiembre de ese año. Este contrato incluía un total de siete lotes por 18 millones de euros para alquilar un total de 1.000 vehículos.

Contratos firmados por un general de Marlaska

Sin embargo, este contrato, con los siete lotes incluidos, se quedó desierto, es decir, no se consiguió captar a nadie para que se presente al contrato de alquiler de los vehículos para la Guardia Civil. Se inicia así otro expediente -ahora por 1.300 vehículos y 25 millones de euros (25.264.800 con impuestos)- cuya fecha de inicio de ejecución es junio de 2022, una dilación debida a los trámites contractuales necesarios, así como al plazo que necesitan los adjudicatarios para «realizar el pedido de los vehículos a las marcas comerciales, y éstas últimas, de un tiempo para la fabricación y puesta en servicio de los vehículos», tal y como señala la resolución del contrato de emergencia.

De esta manera, entre la declaración del desierto del primer contrato y la entrada en vigor del nuevo quedaba un espacio de tiempo en el que la Guardia Civil podía quedarse sin vehículos. Para evitarlo, se declara la emergencia. Eso sí, por 3 millones (2.872.984 euros con impuestos) y tres los siete lotes totales.

Finalmente, se adjudica por emergencia -los contratos son firmados por el general jefe de asuntos económicos de la Guardia Civil, Francisco Cuenca Martínez de los Llanos- los lotes uno y tres a Alphabet Fleet Management y el lote dos a Leaseplan Servicios. El plazo de ejecución corre entonces desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022, es decir, un total de diez meses.