«P.S.» fía su impunidad al fracaso del suplicatorio que depende de sus socios y del Constitucional controlado por Pumpido

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Santiago Pedraz ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a la operativa de las denominadas 'cloacas' socialistas. El atestado, que fue entregado el pasado 11 de junio al magistrado de la Audiencia Nacional, concluye no solo que el PSOE puso estructura y recursos al servicio de una trama orientada a «destruir» investigaciones judiciales —que implicaron maniobras de la 'fontanera' Leire Díez en la Fiscalía—, sino que, además, el «P.S.» que aparece en las agendas manuscritas de esta última es Pedro Sánchez.

Por ello, cada vez resuena con más fuerza la posibilidad de que la Justicia cite a declarar al presidente del Gobierno. La clave estará, entonces, en saber si lo hará en calidad de testigo o si, por el contrario, alguno de los instructores al frente de las causas de corrupción que salpican a La Moncloa y al Partido Socialista llamará a Sánchez como imputado. Un escenario que exigiría el traspaso de las pesquisas al Supremo —dado que el jefe del Ejecutivo disfruta del privilegio de aforamiento— y, por lo tanto, la solicitud de la autorización previa por el Alto Tribunal al Congreso de los Diputados. Esto es el denominado suplicatorio, previsto en los artículos 750 a 756 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El trámite se rige por dos consideraciones: la primera, que para instarlo, la jurisprudencia establecida por el Supremo exige que las pesquisas realizadas en la fase de instrucción estén lo más avanzadas posible y aporten indicios sólidos e individualizables contra el aforado; la segunda, que es el Parlamento el único que tiene la potestad para decidir sobre la petición y que se requiere una mayoría simple.

Así las cosas, ante una eventual y futura solicitud de suplicatorio para imputar a Pedro Sánchez, el Congreso podría responder tanto en sentido positivo, lo que derivaría en una habilitación para investigarle en el marco del procedimiento para el que haya sido reclamado, o negativo que puede darse tanto por silencio administrativo, si no hay una contestación expresa en el plazo de 60 días, como por un rechazo específico que, en ambos casos, significará que el Supremo debería acordar el «sobreseimiento libre» de la causa.

Lo que, a efectos prácticos, significaría que el presidente del Gobierno no podría ser requerido por la Justicia, nunca más, por los hechos objeto del proceso, ni si quiera aunque con posterioridad surgiesen nuevas evidencias, por muy contundentes que éstas fueran. O, lo que es lo mismo, la impunidad absoluta. Una baza de la que Sánchez es consciente y, de ahí, la campaña de ataques y descrédito que se ha permitido y alimentado desde La Moncloa contra el Poder Judicial, asumiendo el lawfare y señalando a jueces y magistrados concretos, desde los altavoces institucionales del Consejo de Ministros, los escaños parlamentarios o, incluso, en campañas, presuntamente, orquestadas desde las 'cloacas' socialistas que investigan algunos de ellos.

Hasta la fecha, no hay un solo precedente de solicitud de imputación de un líder del Ejecutivo en España. Como, tampoco, ningún ejemplo de rechazo del suplicatorio contra un diputado o un senador que, en caso de producirse, debería estar perfecta y «suficientemente motivado». En caso contrario, el Tribunal Constitucional estaría llamado a revisar la decisión del hemiciclo e, incluso, anularla, si se considera que la posición del Congreso responde a intereses distintos del cumplimiento de la legalidad o del legítimo control al poder político y que, por lo tanto, es arbitraria.

Y aquí es donde surge el segundo as en la manga de Sánchez que, tras su llegada al Gobierno, se apresuró a renovar el órgano de garantías a la medida de sus preferencias y de las necesidades de sus socios separatistas que han visto cómo la Corte, presidida por Cándido Conde-Pumpido, daba luz verde a la ley más polémica de la segunda legislatura socialista: la amnistía.

El secretario general del PSOE respira, por tanto, tranquilo por el momento, al saber que la mayoría de los magistrados del Pleno conforman un bloque afín que, hasta la fecha, no ha pasado de puntillas en los temas más controvertidos para los intereses del Ejecutivo avalando cuestiones tan sensibles como el aborto y la eutanasia -consagrados como cuasi derechos fundamentales-, el borrado de la sentencia de los ERE de Andalucía o el amparo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en contra de la condena impuesta por la Sala Segunda del Supremo, entre otras.