Los fondos europeos: del nuevo Plan Marshall al mayor engaño económico de la década

Decía Winston Churchill que «un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad». El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido algo mucho más complicado: tener una oportunidad histórica única y convertirla en una calamidad.

El Gobierno siempre ha presentado los fondos europeos Next Generation como la gran palanca para modernizar la economía española, transformar el modelo productivo y garantizar décadas de crecimiento sostenido. Un auténtico Plan Marshall del siglo XXI que iba a cambiar para siempre nuestro país.

Sin embargo, cinco años después, y a solo cuatro meses de que concluyan de forma definitiva –el Plan de Recuperación tiene como fecha límite el 31 de agosto de 2026–, la pregunta es inevitable: ¿dónde está esa transformación?

Porque, si usted mira a su alrededor —la productividad, la industria, los salarios, la inversión o la renta—, no encontrará ese cambio estructural del que tanto ha presumido el Gobierno. Y no es una cuestión de percepción, sino de datos.

El primer dato relevante es que España tenía asignados inicialmente 163.014 millones de euros, pero la incapacidad del Gobierno de cumplir los compromisos que había asumido con Bruselas le ha obligado a renunciar a 60.454 millones, es decir, al 37,1 % del total. Hoy, lo máximo que aspiramos a recibir son 102.560 millones de euros.

Dicho de otra manera: como el Gobierno era incapaz de ejecutar todo el plan, decidió hacerlo más pequeño sólo seis meses antes de la fecha límite para su finalización. Ahora bien, esa pérdida tan importante de ambición y de recursos del Plan de Recuperación, ¿garantiza que el Gobierno sea capaz de culminarlo con éxito antes del 31 de agosto? Pues aquí las dudas son mucho más que razonables, porque el Gobierno ha hecho como los malos estudiantes: dejar la mayor parte del esfuerzo para el final.

Para poder recibir la totalidad de los fondos tras la última modificación del Plan de Recuperación, deben cumplirse dos condiciones. La primera es poder justificar el cumplimiento de la totalidad de compromisos (reformas e inversiones) que se asumieron con Bruselas; pues bien, en 5 años sólo se ha conseguido justificar el cumplimiento de 263 compromisos, y en los próximos cuatro meses tenemos que cumplir -y ser capaces de justificar- 221 compromisos, el 46 % del total.

Mantener que lo cumplirán no es optimismo, sino una manipulación consciente de un Gobierno paralizado por su minoría parlamentaria. Prueba de ello es que, en los últimos dos desembolsos, Bruselas ya ha retenido 1.127 millones de euros por el incumplimiento de 3 compromisos que el Gobierno tiene certeza de que no va a cumplir: no va a subir los impuestos al diésel porque el Parlamento ya lo ha rechazado en varias ocasiones (-460 M€); no va a poder bajar la temporalidad del sector público al 8 % desde el 27% actual (-626 M€), y no se han dado pasos para cumplir en su totalidad la digitalización de las administraciones públicas (-40 M€).

La segunda condición es que debe justificar que ha gastado la totalidad de los fondos que vamos a recibir; y los informes de la Intervención General del Estado (IGAE) muestran que en cinco años hemos gastado el 69 % de los fondos no reembolsables y tenemos solo cuatro meses para gastar y justificar el 31 % restante. Teniendo en cuenta que cada año la ejecución de fondos europeos ha sido peor que el anterior, y que en 2025 sólo se gastaron 6.641 millones de euros, el 18,7 % de lo presupuestado, ¿de verdad alguien cree que es factible gastar 24.762 millones de euros antes de agosto?

Y todo ello teniendo en cuenta que la ejecución real de los fondos es aún menor que esta cifra que publica la IGAE, ya que gastar no siempre significa que el dinero haya llegado a la economía; por ejemplo, si se transfieren los fondos a una comunidad autónoma o a un organismo público, el dinero ya aparece como gastado, según la IGAE, pero hasta que no se licita el concurso y se adjudica, ese dinero sigue en las arcas públicas y no en el bolsillo de los adjudicatarios. Lamentablemente, el Gobierno dejó de publicar en 2021 la ejecución real según los datos de Contabilidad Nacional y, en consecuencia, tenemos que conformarnos con esta aproximación.

El anuncio del Fondo España Crece no es más que otro ejemplo del reconocimiento del Gobierno de su incapacidad para ejecutar los fondos europeos en el plazo previsto. Con la última modificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el ICO renunció a 33.235 millones de euros: redujo la línea ICO de vivienda social de 4.000 a 750 millones de euros, la línea ICO Verde de 22.000 a 300 millones de euros, la línea ICO Empresas de 8.150 a 600 millones de euros y suprimió la línea ICO para la digitalización del agua que tenía 735 millones de euros. Y luego anuncia a bombo y platillo un fondo «soberano» de 10.500 millones de euros gestionado por el ICO para vivienda, descarbonización, ayuda a empresas y digitalización. Después de cuatro meses, el ICO no ha sido capaz de concretar ni una sola línea de las actuaciones que permitirán esta ejecución.

Pero el fracaso del Plan de Recuperación no es solo cuantitativo -no seremos capaces de recibir ni siquiera la totalidad de la cifra ya recortada en 60.454 millones-, sino que también es cualitativo, fruto del propio diseño estructural del Plan que nunca estuvo adaptado a las necesidades reales de nuestro país. La ejecución del Plan de Recuperación se ha caracterizado por la falta de coordinación con las comunidades autónomas, entidades locales y sectores productivos, un exceso de trabas y burocracia, retrasos administrativos por cuellos de botella, intervencionismo, discrecionalidad y una gestión fragmentada, que han impedido que los fondos lleguen con eficacia a la economía real.

Hay dos datos adicionales que son muy significativos. De los 100 mayores perceptores de fondos europeos, 80 son organismos públicos (con ADIF a la cabeza) y solo 20 son empresas del sector privado; es decir, que los fondos que debían transformar la economía han servido, en gran medida, para financiar al propio Estado.

El segundo es el fiasco de la gran apuesta del Gobierno para transformar el modelo productivo, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). De los 42.480 M€ que se anunciaron inicialmente para impulsar proyectos privados que transformasen nuestro tejido productivo, ya hemos renunciado a 17.166M€, el 40,2 % del total. Tan solo el PERTE Chip presenta una reducción del 80,8 % de la inversión prevista, apenas siete proyectos ejecutados y ninguna fábrica instalada en España. Mientras Taiwan Semiconductor construye una fábrica en Dresde, España se queda con un powerpoint; y mientras otros países compiten por liderar la industria del futuro, España se queda, una vez más, en el titular.

Si la ejecución de los fondos europeos hubiera sido el éxito que defiende el Gobierno, debería notarse en los indicadores económicos, pero ocurre justo lo contrario: la productividad por trabajador ha caído en España un 0,7% con respecto a 2018 mientras aumenta un 2,6 % en la Unión Europea; la inversión en I+D (1,49 %) sigue muy por debajo de la media europea (2,24 %) y lejos del objetivo del 2,7 % que nos prometieron; la economía es aún más dependiente del turismo que antes de la pandemia (13,4 % del PIB), seguimos a la cabeza de la tasa de paro de todos los países desarrollados y la renta per cápita se aleja aun más de la media europea.

Después de recibir decenas de miles de millones de euros, España sigue teniendo los mismos problemas estructurales de siempre pero agravados, porque, aunque el Gobierno pretende ocultarlo, España tendrá que devolver directamente los préstamos que finalmente hayamos recibido (22.606 millones de euros), e indirectamente las transferencias no reembolsables (hasta 79.854 millones de euros), que pagaremos mediante aportaciones a los presupuestos comunitarios de los próximos 30 años, entre 2028 y 2058. Para que nos hagamos una idea, en el marco plurianual 2028-2034, nuestro país tendrá que aportar ya unos 13.000 millones de euros para amortizar las transferencias no reembolsables.

En definitiva, el Gobierno dispuso de la mayor cantidad de recursos de nuestra historia, y no supo qué hacer con ellos, renunciando a más de 60.000 millones de euros; prometió transformación, pero fue incapaz de aprobar las reformas necesarias para ese cambio; prometió que llegaría el dinero a todas las familias y empresas españolas, y se quedó con la mayor parte del pastel; prometió modernización, pero ha dejado más dependencia; prometió un salto adelante, pero nos ha dejado en el mismo sitio… con más deuda.

España tenía una oportunidad histórica que el Gobierno de Sánchez no ha sabido gestionar y que solo ha servido para financiar al Estado, engordar la burocracia y dejarnos con 30 años de facturas. Llamarlo fracaso sería casi un elogio. Ha sido una calamidad.