El Tribunal de Cuentas confirma que el Gobierno derivó 2.389 millones de fondos europeos a pagar pensiones

El Gobierno derivó en 2024 fondos europeos al pago de pensiones, en contra del criterio de Bruselas, firmemente opuesta a que las ayudas destinadas a transformar la economía acaben sufragando gasto corriente.

Según el Tribunal de Cuentas, «en 2024 se autorizaron dos modificaciones presupuestarias por un importe conjunto de 2.389,4 millones de euros, para dotar de crédito adicional las partidas de pensiones de Clases Pasivas y de complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social.

En concreto, se hizo una ampliación de crédito el 6 de noviembre de 2024 por 1.722,1 millones de euros y una transferencia de crédito el 19 de noviembre de 2024 por 667,3 millones de euros), ambas financiadas «con bajas en créditos inicialmente destinados a programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».

La normativa «solo contempla las transferencias de créditos entre secciones dentro del PRTR, a fin de garantizar una correcta absorción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)», según el voto particular de un consejero contrario a esta maniobra.

«Insuficiencia de crédito»

Hacienda justifica el movimiento «en la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social».

La maniobra, adelantada por El Mundo y confirmada por El Debate, podría suponer un castigo por parte de Bruselas, como detallan fuentes del consejo del órgano fiscalizador. De hecho, esta utilización derivó en una inédita discusión en el seno del Tribunal de Cuentas a la hora de aprobar la Cuenta General del Estado de 2024, como refleja el voto contrario del consejero Javier Morillas, conocido este martes. Asimismo, otros cuatro consejeros han formulado un voto discrepante. Son José Manuel Otero Lastres, Rebeca Laliga, Miguel Ángel Torres y Elena Hernáez.

«Incumplimiento flagrante» del Gobierno

«[El Gobierno] con incumplimiento flagrante de la obligación constitucional, ha hurtado a la representación de la soberanía popular y a la propia nación española durante toda la XV legislatura conocer la traducción en términos de ingresos y gastos de la dirección política que el Gobierno quiere llevar a la práctica en el ejercicio de que se trate al no presentar y defender en las Cortes el Proyecto de Ley en el que, por definición, se incluyen y plasman en términos monetarios las políticas económicas, sociales, fiscales, internacionales, defensivas y de seguridad, judiciales, medioambientales, etc.., que desea llevar el Gobierno a cabo en el ejercicio, para general conocimiento y debate», destaca en su voto particular el consejero Morillas.

Morillas cuestiona además que la redacción final aprobada por el Tribunal de Cuentas no mantenga como salvedad la mención expresa a que la normativa de los fondos europeos «solo contempla las transferencias de créditos entre secciones dentro del PRTR, a fin de garantizar una correcta absorción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

Según el consejero «el texto finalmente aprobado contiene una expresión ambigua («fundamentos que deberían haber quedado mejor justificados»), de modo que el lector no acaba de comprender cuál es el pronunciamiento.

Del texto aprobado parecería deducirse que «la excepcionalidad de las circunstancias concurrentes» y que se trate de «compromisos ineludibles» justificaría el uso de fondos del PRTR para financiar gastos de pensiones, sin embargo las normas al respecto son claras y lo que se debe manifestar es que los fundamentos utilizados no son sólidos, lo que implica que son insuficientes y por ello no cabe aceptar interpretaciones claramente expansivas que resultan contrarias a las medidas de blindaje establecidas para el servicio 50 cuyo objetivo es que se utilice para las finalidades financiables con el MRR y evitar la utilización de los recursos para actuaciones no susceptibles de financiación con el MRR».