Las denuncias por irregularidades en la contratación pública aumentan un 60 % en un solo año

La contratación pública se ha convertido en el motor en la sombra de la economía española, con un gasto que roza el 11 % del PIB. Pero el ingente volumen de capital que movilizan las Administraciones Públicas es un foco de exposición al fraude.

En 2024, el nivel de gasto en contratación pública alcanzó el 10,92 % del PIB y supuso el 24,05 % del total de gasto público. Se trata de un desembolso de 113.091,4 millones de euros, articulado a través de más de 200.000 licitaciones a todos los niveles de la Administración. A esto se le suma el impacto de las inyecciones extraordinarias procedentes de los fondos europeos, cuyo quinto desembolso ascendió a 23.000 millones de euros.

Este volumen de gasto público ha encendido las alarmas de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que ha registrado un incremento de denuncias del 60 % en el último año, situándose en 35 en el último ejercicio, el doble que hace tres años.

En su último informe de actuaciones, el supervisor advierte de que la mayoría de estas alertas apuntan directamente a la fase preparatoria y a la contratación menor, señalando prácticas opacas como el fraccionamiento del objeto del contrato, posibles casos de prevaricación o la existencia de prácticas colusorias entre empresas.

OIReScon aprecia «la existencia de indicios suficientes de verosimilitud para su remisión a Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en tres de las comunicaciones recibidas», mientras que otro caso fue derivado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al detectarse indicios de alteración del mercado.

El principal foco de este problema se encuentra en la administración local, que acumula el 37,14 % de las irregularidades denunciadas, cifra que se eleva hasta el 42,85 % si se suman las relativas a las empresas públicas municipales.

Atasco burocrático

Este afán por externalizar servicios por parte de los ayuntamientos está, de hecho, saturando a los organismos de control técnico. Según la memoria del supervisor, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) –órgano colegiado integrado en la OIReScon– tramitó un total de 88 solicitudes de informe preceptivo. De ellas, 81 tuvieron su entrada en el propio ejercicio, un repunte que acaba «marcando un nuevo hito en el volumen de recepción de solicitudes».

El 93,83 % de las solicitudes fueron realizadas por órganos, organismos o entidades de las Corporaciones locales, dejando a la Administración General del Estado (4,94 %) y a las Comunidades Autónomas (1,23 %) en una posición casi marginal. La inmensa mayoría de estos expedientes –concretamente el 82,72 %– tienen por objeto los contratos de concesión de servicios, un modelo en el que la administración cede a un operador privado la gestión de una prestación a cambio del derecho a explotarla.

Errores en la viabilidad financiera

El problema que denuncia el supervisor no radica únicamente en la cantidad de proyectos que llegan a sus oficinas, sino en la deficiente calidad con la que se presentan las cifras. La Oficina Nacional de Evaluación –adscrita a OIReScon– tuvo que emitir «un total de 111 requerimientos de información adicional, correspondientes a 81 expedientes» debido a que la documentación remitida por los consistorios estaba incompleta o requería aclaraciones.

Pero el dato que genera mayor inquietud sobre la seguridad jurídica y viabilidad económica de estos contratos tiene que ver con el Período de Recuperación de la Inversión (PRI). Este indicador es clave, ya que determina el tiempo que necesita la empresa concesionaria para recuperar el capital y obtener rentabilidad, fijando de facto la duración legal del contrato. Tras revisar los expedientes, la ONE tuvo que «proponer modificar la mencionada duración propuesta del contrato en el 55,17 % de los expedientes informados». Es decir, en más de la mitad de los casos, el Estado tuvo que enmendar la plana a los ayuntamientos por proyectar concesiones con una duración errónea.

De los 29 informes emitidos por la ONE en 2025 sobre proyectos concesionales que ya estaban listos teóricamente para ver la luz, solamente habían sido licitados 13.

Prevención

Esta mezcla de gasto récord y aumento de irregularidades llevó a la aprobación en agosto de 2025 del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción (PELCCO) y la redacción de una nueva Ley Orgánica de Integridad Pública. Además, se creó la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), operativa desde el pasado mes de septiembre.

La OIReScon confía en que esta entidad realice una «contribución significativa a la lucha contra el fraude y la corrupción», al garantizar la confidencialidad absoluta y «evitar el temor a posibles represalias» entre los funcionarios y empresarios que detecten el desvío de los fondos públicos.